Dos muertes y un atentado: el caso colombiano que llega a la Corte IDH

Según la Comisión Interamericana de DD.HH., el Estado colombiano no investigó lo suficiente la posible participación de militares en las muertes de Noel y Guillermo Omeara y en el atentado que dejó paralítico a Héctor Álvarez, en Aguachica (Cesar).

Cuando el cuerpo de Guillermo Omeara fue hallado, tenía una bandera con las siglas de los paramilitares de la zona. / Archivo

El 28 de enero de 1994, Noel Omeara Carrascal sufrió un atentado en Aguachica, Cesar. Omeara, según ha documentado la Comisión Colombiana de Juristas, no pertenecía al Movimiento de Acción Comunitaria (MAC), cuyos integrantes venían siendo hostigados desde 1993. Al MAC querían acabarlo porque, indica la Comisión Colombiana de Juristas, desafiaba el orden político establecido. Omeara no hacía parte de él, pero eso no le alcanzó para salvar su vida el día que decidió acompañar a José Herminson Sepúlveda, quien sí hacía parte del movimiento. Sepúlveda murió de inmediato; Omeara en agosto de ese mismo año, como consecuencia de las heridas del atentado.

En 2002, este caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ahora se confirmó para la Corte Interamericana (Corte IDH). De acuerdo con la Comisión, en un comunicado divulgado en su página web, "el Estado incumplió su deber de protección, lo cual favoreció el atentado, y que además existen suficientes elementos para concluir que existió colaboración de agentes estatales". Omeara, malherido, le contó a su hijo Guillermo que sus agresores habían sido miembros de la Unidad Antiextorsión y Secuestro (Unase) del Ejército. Guillermo Omeara y su suegro, Héctor Álvarez, empezaron a averiguar al respecto.

Su interés en el tema, al parecer, les costó la vida y eso también entrará a analizarlo la Corte IDH. El 27 de agosto de 1994, un día después de haber fallecido su padre, Guillermo Omeara fue desaparecido. Su familia reportó la desaparición. Un mes más tarde, septiembre 23, su cuerpo fue hallado en una hacienda llamada La Granja, en zona rural de San Martín, Cesar: tenía señales de tortura. A su lado había una bandera con las siglas ACG, con las cuales se identificaba el grupo paramilitar que operaba en la región. Las sospechas entonces recaían no sólo sobre los "paras", sino también sobre el Unase.

La violencia los azotó una vez más. A Héctor Álvarez, quien había acompañado a Guillermo Omeara en la espinosa labor de resolver la muerte de su padre, le dispararon dos hombres desde una moto el 21 de octubre de 1994, un año después de la muerte de Guillermo Omeara y Noel Omeara. Álvarez quedó con una parálisis severa y perdió la capacidad de hablar. La familia Omeara, agotada de la estela de sangre y dolor, dejó Aguachica. 

El caso llegó a la CIDH en 1995, hace 21 años. Para esa fecha, la Fiscalía ni siquiera había abierto una investigación por la muerte de Noel Omeara; sólo lo hizo cuatro años después de su muerte. La de Guillermo Omeara arrancó apenas su cadáver fue encontrado, y la tesis de la Fiscalía es que se había tratado de un secuestro extorsivo. Sobre el atentado con el suegro de Guillermo Omeara, Héctor Alvarez, la Fiscalía tampoco dio razón. La familia Omeara insistía en que detrás de los tres crímenes había responsabilidad de agentes estatales; Colombia lo negó. Ahora es es el turno de la Corte Interamericana de establecer si el Estado colombiano fue negligente o, peor aún, promovió el dolor de la familia Omeara.

"No obstante los serios indicios de responsabilidad de agentes estatales y miembros de grupos paramilitares, el Estado no logró acreditar que hubiese investigado de manera seria, oportuna y exhaustiva tales indicios. La Comisión también determinó que las demoras en que ha incurrido el Estado han tenido como consecuencia que algunos de los presuntos autores ya hayan fallecido y que, a más de 21 años de ocurridos los hechos, no exista a la fecha conocimiento de la verdad sobre los hechos", resaltó la CIDH.