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“La decisión se sustenta en duda probatoria porque en el proceso no se recaudó prueba con la contundencia y entidad suficientes para acusar a alguna de las procesadas como determinadora del homicidio de (Fernando) Cepeda Vargas”, este fue el principal argumento que la Fiscalía presentó para prelucir la investigación en contra de Silvia Gette Ponce y María Paulina Ceballos por la muerte del ganadero, ocurrido el 22 de agosto de 2003 en Barranquilla (Atlántico).
El fiscal de primera instancia, sostiene que su decisión está sustentada en las inconsistencias y contradicciones de los testimonios que en ese entonces rindieron los exparamilitares del frente José Pablo Díaz de las Autodefensas. Para el organismo investigador, los 'exparas' faltaron a la verdad con el propósito de desviar las investigaciones.
Y es que Gette, desde que arribó al país a mediados de 1980, ha sido objeto de señalamientos y en algunos casos ha tenido que defederse en los estrados judiciales. A la exdirectora de la Universidad Autónoma del Caribe la han relacionado con el pago de sobornos, nexos con paramilitares, concretar homicidios y hasta librar duras discrepancias con María Paulina Ceballos, hija de Mario Ceballos Araujo, difunto esposo de la argentina Gette y fundadoor de Universidad Autónoma del Caribe.
Declaraciones como las de Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, desmovilizado de las autodefensas y beneficiado por la ley de Justicia y Paz, quedaron sin fundamento para la Fiscalía al señalar, en su momento, que Gette había ordenado asesinar a Fernando Cepeda Vargas, esposo de Ceballos.
Por esta y otras razones más que no fueron probabas como verdaderas, la Fiscalía le ordenó a la Unidad de Falsos Testigos iniciar una investigación en contra de Jhonys Rafael Acosta, Emiro Orozco Jiménez, Reinaldo Orozco Escorcia, Sergio Luis Barrios, Juan Francisco Segura, Eliécer Remón Orozco, José del Carmen Gélvez, Rafael Velilla Delgado, Luis Alfredo Pérez y Rafael Eduardo Julio por los posibles delitos de falso testigo y fraude procesal.
Ahora, la Fiscalía deberá establecer si alguno de los exparamilitares mintió al manifestar que miembros del bloque se reunieron con Gette para concertar el crimen de Fernando Cepeda y que pagó por ello 150 millones de pesos.
La exdirectora de la Universidad Autónoma del Caribe se encuentra pagando una sentencia domiciliaria de seis años y cinco meses por el delito de soborno, al encontrarla responsable por ofrecerle al exjefe paramilitar Edgar Ignacio Flórez, alias ‘Don Antonio’, 250 millones de pesos para que cambiara la versión de los hechos que rodearon el crimen de Fernando Cepeda. Gette paga su condena en un dúplex de 900 metros cuadrados, situado en una exclusiva zona de Barranquilla.