Ecos de las declaraciones del exdirector del CTI por el caso ‘hacker’

Ante los señalamientos que Julián Quintana hizo contra el almirante (r) Álvaro Echandía, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, el Centro Democrático arremetió contra el Gobierno y pidió explicaciones por la supuesta infiltración a su campaña en 2014.

Julián Quintana, exdirector del CTI

Sigue la tormenta política por las declaraciones del exdirector del CTI, Julián Quintana, en las que sostiene que el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el almirante (r) Álvaro Escandía, fue quien le pasó la información a la Fiscalía para iniciar la investigación contra el hacker Andrés Sepúlveda por las interceptaciones ilegales al proceso de paz. El Centro Democrático sostiene que el anuncio del acuerdo final de paz es una cortina de humo para ocultar estos graves hechos que comprobarían la infiltración de su campaña presidencial en 2014. La DNI precisó que obró en cumplimiento de una de sus funciones: transmitir información a las autoridades cuando hay pruebas de un delito.

Todo el lío comenzó con el testimonio que Julián Quintana rindió el pasado miércoles 9 de noviembre ante la Corte Suprema de Justicia, en el marco de un proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe para determinar si conocía de las actividades que realizaba el hacker Andrés Sepúlveda. Ante esa corporación confirmó que contra el expresidente Uribe no existen pruebas en la Fiscalía más allá de lo dicho por Sepúlveda, y que contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo David tampoco hubo pruebas suficientes para llamarlos a imputación de cargos.

Pero el hecho que ha desencadenado las denuncias de los miembros del Centro Democrático y que, según ellos, demuestra que el propio Gobierno infiltró su campaña, fue cuando Quintana aseguró ante distintos medios que el almirante (r) Echandía lo invitó a su casa cuatro días antes de que rindiera la declaración ante la Corte y le dijo que estaba preocupado sobre lo que él podía decir sobre el documento que le entregó hace más de dos años. Asimismo, que en esa reunión, ocurrida en horas de la noche del viernes 4 de noviembre, supuestamente le habría insinuado que él podía ser el nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

En entrevista con la revista Semana, Quintana explicó parte de lo que dijo en la Corte. Reveló que la investigación contra el hacker Andrés Sepúlveda y las interceptaciones al proceso de paz comenzaron luego de que el 2 de mayo de 2014 el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, lo citara en la antigua escuela del DAS en Cota para que se reunieran con el almirante (r) Álvaro Echandía. Sobre ese encuentro, Julián Quintana dijo que Echandía le entregó un documento escueto en el que se mencionaba a Andrés Sepúlveda y se hablaba de las interceptaciones ilegales a correos de algunos jefes negociadores de paz.

El Espectador constató con personal de la DNI que esa reunión sí ocurrió. Sin embargo, insistieron las fuentes, se trató de un hecho normal. “Por las características de su oficio, cada vez que se encuentre información sobre presuntos delitos, esta se pone en conocimiento de las autoridades competentes, es decir, de la Fiscalía General de la Nación”,  comunicó la DNI al respecto. Quintana manifestó que, si bien no era ilegal entregar esa información, no era usual que lo hiciera el mismo director de la DNI. Además, sostuvo que le dijo al propio Echandía que el CTI debía verificar la información antes de actuar. En esa labor duró tres días, pues el 5 de mayo se ordenó allanar la oficina de Sepúlveda.

Julián Quintana también habló de las reuniones que sostuvieron con el almirante Echandía en el hotel La Feria, ubicado en las cercanías del búnker de la Fiscalía. Según el exdirector del CTI, esos encuentros eran solicitados y programados por la misma DNI. Fuentes cercanas al proceso en la Corte Suprema manifestaron que, si bien Quintana no dijo que los tres hackers –Andrés Sepúlveda, el español Rafael Revert y el ecuatoriano Daniel Bajaña– fueran agentes pagados por la DNI, sí afirmó que se le hizo extraño que cada vez que encontraban una pista era ese organismo de inteligencia el que terminaba suministrando la información para comprobarla.

El exdirector del CTI insistió en que en la Fiscalía no existía información previa sobre estos hechos. Agregó que quien le presentó al hacker Revert fue la Dirección Nacional de Inteligencia, dos semanas después realizar el allanamiento a Sepúlveda. Además, que luego del interrogatorio que él mismo le hizo a Revert, el hacker español le entregó una de las pruebas claves del expediente: el video en el que apareció el excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga y el hacker Sepúlveda, supuestamente, hablando sobre los ataques al proceso de paz.

Julián Quintana precisó a la revista Semana que, si bien no le consta que la campaña del Centro Democrático fue infiltrada,  “la DNI tiene que explicar cómo fue el manejo de información y de las fuentes, refiriéndome a los testigos, antes de que entregaran la primera información a la Fiscalía”. En pocas palabras, Quintana insinuó que la DNI debe dar explicaciones de cómo manejó la información que obtuvo antes de que la Fiscalía tuviera conocimiento.

Fuentes cercanas a la investigación contra Sepúlveda indicaron que el trabajo de la DNI consistió en desmantelar a un funcionario del mismo organismo de inteligencia que le estaba vendiendo información confidencial sobre el proceso de paz al hacker. Se pretendía tapar las fugas en la DNI y por esa razón se inició un trabajo de contrainteligencia. Fue entonces cuando lograron identificar al agente  Wilson Torres –hoy condenado a cuatro años de cárcel tras colaborar con la Fiscalía–. Ahí se tomó la determinación de pasar las evidencias a las autoridades competentes.

En la investigación que se adelanta en la Corte Suprema también aparecieron dos nombres, alias Charly y alias Lucho, dos civiles que al parecer fueron enlace entre los hackers y la DNI y manejaron las pesquisas para encontrar la “fuga” de información al interior de ese organismo de inteligencia. Las dudas sobre el caso han crecido a tal punto que se dice que los tres hackers que trabajaron en la campaña del Centro Democrático habrían sido pagados por la DNI. El expresidente Álvaro Uribe escribió en su cuenta de Twitter: “Caso Hacker: hemos pedido que se investiguen los pagos de la DNI a Revert, quien fue instrumento para difamar la campaña de Óscar Iván Zuluaga”.

Sobre la reunión del pasado 9 de noviembre con el almirante (r) Echandía, Julián Quintana dijo que la petición que le hizo el exoficial de la Armada fue que no hablara sobre la entrega de la información que él le dio a la Fiscalía dos años atrás, porque eso podía ser utilizado políticamente para atacar al Gobierno. Pero que él le respondió que sólo diría la verdad. La reunión, según Quintana, luego giró en torno al nombramiento que estaba por realizar el Gobierno en la dirección de la UIAF.

Para Quintana fue una especie de insinuación, pero precisó que no quería tergiversar las cosas. Al consultar sobre el tema, fuentes del alto gobierno señalaron que la persona que puso el nombre de Julián Quintana sobre la mesa para director de la UIAF fue el exfiscal general Jorge Perdomo, quien además fue su jefe durante cuatro años y quien recientemente perdió la posibilidad de orientar la Procuraduría General de la Nación. Al parecer, Julián Quintana era tan solo uno más de los candidatos entre el manojo de hojas de vida.

La misma DNI desmintió que se le hubiera ofrecido un cargo público a Quintana. Para el exdirector del CTI, ese es un claro mensaje: “Ya es la palabra de él contra la mía. Pero hay un hecho cierto y es que después de más de un año y medio de no tener contacto con el almirante, sorpresivamente me busca y me cita en su apartamento. No creo que sea coincidencia que esa cita se haya dado justo cuatro días antes de ir a declarar ante la Corte Suprema”, le dijo a Semana.

Ante las declaraciones del exdirector del CTI, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga radicará hoy en la Fiscalía una denuncia contra el almirante (r) Echandía por los delitos de fraude procesal, soborno a testigo, violación ilícita de comunicaciones, perturbación de certamen democrático, prevaricato, peculado y concierto para delinquir. El argumento principal es que intentó sobornar a Quintana con el cargo de la UIAF, para ocultar su participación y engañar a la Fiscalía con las pruebas que entregó.