El crimen fue declarado de lesa humanidad en 2016

Eduardo Umaña, 20 años de un crimen sin respuestas

El reconocido defensor de derechos humanos fue ejecutado en su oficina el 18 de abril de 1998. A pesar de los múltiples indicios que apuntaban a responsabilidad de agentes del Estado, las investigaciones no han avanzado.

José Eduardo Umaña fue asesinado en su oficina el 18 de abril de 1998.Archivo particular

Hace 20 años, al mediodía del sábado 18 de abril de 1998, fue asesinado en su oficina, ubicada en el barrio Nicolás de Federmán, el penalista y defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza. El crimen fue calificado como de lesa humanidad en 2016, pero los avances de la justicia para esclarecerlo son nulos. El caso está también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde todavía no existe una respuesta.

Aunque las autoridades judiciales tuvieron claro desde el mismo día del homicidio que el Estado tenía responsabilidad en lo sucedido, también desde el comienzo de las indagaciones quedó en evidencia que estaban condenadas al fracaso. Los únicos que fueron investigados nada tenían que ver con el hecho. Sin embargo, quedaron muchos cabos sueltos que, dos décadas después, refuerzan la tesis de un complot para acabar con la vida del jurista.

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La mayoría de los interrogantes alrededor del crimen quedaron expuestos en la solicitud de investigación planteada por los abogados Federico Andreu-Guzmán y Wilder Tayler a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2011. En representación de la esposa y el hijo de Eduardo Umaña, los dos expertos aportaron un documento de 43 páginas en el que recogieron más información que la que recopiló la justicia colombiana en más de una década.

Ese documento refiere, por ejemplo, actuaciones determinantes de Umaña Mendoza en defensa de los derechos humanos que provocaron amenazas de muerte en su contra, entre otras formas de acoso. Como su asesoría al exagente de inteligencia Ricardo Gámez Mazuera, quien entregó datos claves de graves violaciones de derechos humanos en los que aparecieron involucrados integrantes de inteligencia militar o policial.

De igual modo, fue Umaña quien logró que el suboficial Bernardo Garzón, adscrito al batallón de inteligencia y contrainteligencia Charry Solano y a la Brigada XX de inteligencia, se acercara a la Procuraduría para aportar información clave que permitió aclarar el asesinato del líder del Epl Óscar William Calvo, la desaparición de la activista del M-19 Nydia Érika Bautista, o los secuestros de los líderes del M-19 José Cuesta y Guillermo Marín.

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Durante su dilatada trayectoria como abogado, Umaña fue también asesor de varios sindicatos, y en la década de los años 90 lo fue de los dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO), César Carrillo y otros, procesados por supuestos vínculos con la guerrilla. En ese mismo contexto, el penalista fue uno de los primeros denunciantes del uso de testigos clonados en la llamada justicia sin rostro, desbaratando montajes realizados entre fiscales y miembros del Ejército.

Hacia febrero de 1998, como quedó escrito en el documento presentado ante la CIDH, Umaña Mendoza acudió a la Fiscalía para denunciar amenazas de muerte en su contra. Días antes había recibido dos llamadas en las que una voz masculina le alertaba de su inminente asesinato, en un complot orquestado por un fiscal, integrantes del CTI, orgánicos del B-2 (inteligencia militar) y altos funcionarios de la seguridad interna de Ecopetrol.

En ese momento, el entonces director del CTI, Pablo Elías González, le ofreció protección a través del DAS, a lo que Umaña replicó diciendo que no quería protección de los organismos de seguridad del Estado, porque de pronto más rápido lo mataban. A los pocos días, Umaña regresó al CTI y detalló, con nombres propios, quiénes supuestamente podrían estar planeando su asesinato. En dicha visita, Umaña formalizó su denuncia ante la Fiscalía.

En vez de que prosperara su solicitud de investigación, Umaña recibió en su oficina la visita de un extraño personaje, de quien dijo después que pertenecía a la Brigada XX de inteligencia. Fue entonces cuando optó por pedir protección a la Fiscalía y a la oficina en Colombia del alto comisionado de las Naciones Unidas. Con un agravante: los estudiantes de Derecho que hacían práctica con él en su oficina, también fueron amenazados de muerte.

A pesar de estos antecedentes, al mediodía del sábado 18 de abril de 1998 una mujer acompañada de dos hombres se anunció como periodista en el conjunto residencial donde tenía su oficina Umaña y, hasta hacía apenas unos meses, también su casa. El abogado los invitó a ingresar a su despacho, y en cosa de 10 minutos, tras inmovilizar a su secretaria, María Íngrid Pinzón, le dispararon tres veces con la misma arma de fuego. Tras el asesinato, hurtaron $2 millones que Umaña tenía en su oficina.

Imagen de José Eduardo Umaña con su hijo menor, Camilo, días antes de que fuera asesinado.

 Ilustración: Lina Flórez y Pablo Pérez Altais

El crimen causó conmoción nacional e internacional y, en poco tiempo, el exilio de su secretaria, de los estudiantes de Derecho Wilson González y María Cristina Muñoz; y, por supuesto, de su viuda Ana Patricia Hernández y su hijo Camilo Eduardo Umaña. Por esos mismos días, durante una entrevista con Human Rights Watch, el entonces fiscal Alfonso Gómez Méndez admitió que la Brigada XX podría estar implicada en la ejecución extrajudicial.

Entre 1998 y 1999, en varias ocasiones el fiscal Gómez Méndez aceptó reunirse con los padres de Umaña, Celina Mendoza y Eduardo Umaña Luna, y en tales encuentros el fiscal reiteró que en el caso del homicidio de Eduardo Umaña nada se podía hacer porque se trataba de un crimen de Estado. Fue la misma época en la que las denuncias de la prensa estadounidense llevaron a que el gobierno Samper anunciara la desactivación de la Brigada XX de inteligencia.

Ese anuncio se dio en mayo de 1998, en medio de serias acusaciones contra la Brigada XX por violaciones de los derechos humanos. No obstante, en la práctica, fue una medida superficial y cosmética, pues la mayoría de las competencias y archivos de la desactivada unidad militar fueron absorbidos por su sucesor, el Centro de Inteligencia del Ejército (Cime), y por nueve batallones más que asumieron idénticas labores.

En cuanto a la pesquisa propiamente dicha, inicialmente el caso fue asumido por la Unidad de Derechos Humanos, que de entrada incurrió en crasos errores de recolección de pruebas. Finalmente, la Fiscalía aceptó hacer una inspección en las brigadas XIII y XX del Ejército, y la primera sorpresa fue reconocer la hoja de vida de una capitán de inteligencia que había trabajado como secretaria por un tiempo en la oficina de Umaña Mendoza.

Lo paradójico es que justo en el momento en que la justicia indagaba en los archivos militares, un oficial de inteligencia apareció enviando información a la Fiscalía con los nombres de dos guerrilleros, supuestamente comprometidos en el magnicidio de Umaña. Esa pista resultó falsa y quedó encuadrada como un intento para desviar la investigación. Después fue el padre de Umaña quien acudió a la Fiscalía.

Eduardo Umaña Luna le entregó al fiscal Gómez Méndez una carta de un supuesto grupo de autodefensas pidiéndole dinero a cambio de información sobre los asesinos de su hijo, con el señuelo de que se trataba de cuatro personas que vivían en Cañasgordas (Antioquia). También apareció en la cárcel de Guaduas un detenido que dijo saber los detalles del crimen, y ese fue el camino que acogió la Fiscalía para tratar de aclarar el caso.

De las declaraciones del detenido Joaquín Gómez Múnera, condenado por hurto agravado, fue que salió la decisión de sindicar a Fabio Mosquera, Regner Mosquera, Víctor Hugo Mejía, Teresa de Jesús Leal, Bernardo Hernández y Hernando Araque por el crimen de Umaña. Entre 1998 y 1999, la vinculación de estos personajes se mostró ante la opinión pública como la ruta confiable para esclarecer el asesinato, sin que fuera cierto.

Antes de 2002, todos los investigados estaban absueltos. Pero, de manera simultánea, había aparecido otra pista. El exparamilitar Francisco Villalba, quien voluntariamente había confesado su participación en la masacre de El Aro (Ituango) en 1997, y que decía tener relación con las estructuras paramilitares lideradas por Carlos Castaño, reveló que durante sus días como paramilitar vio una lista de personas que iban a ser asesinadas. Entre ellas estaba Eduardo Umaña Mendoza.

Tiempo después, el mismo Villalba declaró que el asesinato del penalista se coordinó en una reunión en San José de la Montaña (Antioquia). El testigo declaró que había unos 45 hombres, entre ellos Salvatore Mancuso, y que también estuvieron un sargento del Ejército y el comandante de Policía del pueblo. “Un moreno que estaba en la base de (la finca) La Carolina, en la entrada de los Llanos de Cuiva”. Es decir, la finca que habría sido la base del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.

Ese día se escogió a una mujer y a dos hombres. Ella, de Yarumal, identificada como Érika, y dos francotiradores, Julio Martínez, alias Conejo, y William, a quien le decían el Marrano. Según Villalba, a cada uno le consignaron $15 millones. Supuestamente, el asesinato lo provocó la investigación que le estaban haciendo a un coronel por conformación de grupos paramilitares. También intervinieron un mayor de la Sijín y un señor de Medellín conocido en Ituango como Pacho.

En abril de 2009, tras haber obtenido su libertad condicional y de haber acusado al presidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago de estar comprometidos en las masacres de El Aro y La Granja (Ituango), Francisco Villalba fue asesinado en el municipio de La Estrella (Antioquia). Pero, además de este testimonio, una informante llamada Yolima Guáqueta también testificó que el crimen de Umaña había sido organizado por miembros del Ejército.

Hacia julio de 2009, Camilo Umaña, hijo del jurista asesinado, elevó un derecho de petición ante el fiscal Mario Iguarán solicitando información por el caso. La respuesta llegó un mes después, manifestando que no había sido posible obtener pruebas para identificar a los autores y que la Fiscalía estaba pendiente de investigar a Iván Roberto Duque, quien había manifestado de manera genérica que esos asesinatos habían sido ordenados por Carlos Castaño.

Ante la falta de respuestas convincentes, la familia Umaña Hernández optó por darles un poder a los abogados Andreu-Guzmán y Tayler, quienes el 23 de marzo de 2011 presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando que se declarara la responsabilidad del Estado y que, en consecuencia, se realizaran las investigaciones penales pendientes y se reparara integralmente a la familia del jurista.

El 27 de septiembre de 2016 la Fiscalía aceptó que el homicidio de Eduardo Umaña tiene la categoría de crimen de lesa humanidad y es, por lo tanto, imprescriptible. No obstante, ya han transcurrido casi dos años sin que esta decisión judicial se traduzca en verdaderos avances en la investigación. La providencia de una fiscal de derechos humanos, sin embargo, resalta nuevas informaciones que podrían darle vigor a una pesquisa.

Por ejemplo, la declaración del jefe paramilitar Jesús Emilio Pereira, en otros expedientes vinculados a la existencia del bloque Capital de las autodefensas, según la cual tuvo la colaboración estrecha del coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, a quien conoció a través del general (r) Rito Alejo del Río, entonces comandante de la Brigada XIII. Otra declaración, esta vez de Diego Murillo, alias Don Berna, señaló que la orden de asesinar a Umaña la dio Carlos Castaño.

A lo anterior se suma un informe del CTI de abril de 2009, según el cual existen múltiples similitudes entre el homicidio de Eduardo Umaña y los crímenes contra los investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado, lo mismo que el magnicidio del periodista Jaime Garzón. En los tres casos, la sugerencia es que se establezca la presunta participación de agentes del Estado, entre ellos de la Brigada XX, con vínculos con las autodefensas y la banda sicarial La Terraza.

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Desde septiembre de 2016, la Fiscalía anunció un estricto cumplimiento de las labores investigativas y para concretarlo, ordenó varias pesquisas: establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de intentos de atentado a Eduardo Umaña en Cúcuta, Medellín y Bogotá; lo mismo que indagar quiénes hacían parte de una organización que se hacía llamar Colsinger (Colombia sin guerrilla), a quien se le atribuían acciones ilegales.

Finalmente, se dispuso en ese momento una inspección judicial al expediente por el homicidio de María Arango, ocurrido dos días antes del crimen de Umaña en el sector de La Calera. Lo mismo que se ordenó determinar posibles nexos del crimen de Umaña con los ejecutantes de la desaparición del líder de derechos humanos Alirio Pedraza, y el homicidio del guerrillero Hernando Pizarro Leongómez, por el cual fue injustamente condenado un funcionario del CTI.

Han transcurrido 20 años del asesinato del más representativo defensor de derechos humanos en Colombia, pero del estupor de la sociedad en abril de 1998, sumado a los anuncios de investigaciones exhaustivas por parte de las autoridades, no existe más que un largo rastro de impunidad. La expectativa hoy está más centrada en que la CIDH acoja el caso y la justicia colombiana le dé razón a su decisión de aceptar que fue un crimen de lesa humanidad.