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Seis supuestos narcotraficantes intentaron colarse en los listados de desmovilizados de las Farc, pero no lo lograron. Así quedó en evidencia este lunes al conocerse una carta de hace seis meses, en la que el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, advertía que ocho mafiosos buscaban beneficios al hacerse pasar por guerrilleros y que su país tenía información de que no solo no pertenecían a las Farc, sino que, en algunos casos, pagaron sobornos a los jefes guerrilleros para que los dejaran usar las rutas del narcotráfico.
Whitaker se refería a Olindo Perlaza, Álver Pineda, José Limber Valencia, Milton Polivio Rosero, Diego Alberto González, Washington Perlaza, Juan Carlos García y José Geidin Castro. Sin embargo, la situación fue conjurada por la oficina del alto comisionado de Paz que informó a los medios sobre la exclusión de seis de esas personas de los listados de desmovilizados de la guerrilla. Miguel Ceballos, encargado de dicha oficina, no precisó los nombres, pero dijo que en los otros dos casos sí se trata de personas que sí hicieron parte de las Farc y que el problema con ellos es otro: “Serían dos casos iguales a los de Jesús Santrich porque habrían cometido el delito de narcotráfico después de haber firmado el acuerdo de paz”, enfatizó.
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Aunque las declaraciones de Ceballos dejan claro que el tema está resuelto, lo que no está muy claro es por qué seis meses después de ocurridos los hechos aparece una carta del embajador de Estados Unidos, alertando sobre hechos que no son nuevos y que los filtros de las entidades del Estado colombiano, en este caso la oficina del comisionado de Paz, ya habían evitado. Curiosamente, la citada misiva del embajador surge justo cuando el Senado se apresta a debatir las seis objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, que ya fueron negadas por la Cámara. Uno de los ejes básicos de esas objeciones es la supuesta puerta que habría en la ley para que los exguerrilleros burlen la extradición.
La Cámara de Representantes, en su votación de 110 contra 44, rechazó las objeciones del presidente Iván Duque (incluidos sus reparos sobre el tema de la extradición). La Jurisdicción Especial para la Paz también cree que el acuerdo entre el Estado colombiano y las Farc quedó blindado contra situaciones como las que plantea Duque. De hecho, la Corte Constitucional ya revisó el texto de la ley estatutaria de la JEP y lo avaló.
Sin embargo, Whitaker, el mismo firmante de la carta de octubre, se reunió el 1 de abril con los senadores colombianos y el 2 de abril con los representantes a la Cámara y, según trascendió de dichos encuentros (en detalles revelados por El Espectador), sugirió a los legisladores que aceptaran las objeciones presidenciales a la JEP.
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La carta del embajador
“Docenas de narcotraficantes han sido identificados intentando vincularse al proceso de paz para evadir su captura o extradición. En muchos casos hubo evidencia de que estos individuos sobornaron comandantes de las Farc para ingresar en las listados de sus filas. En otras ocasiones, se encontró que abogados colombianos cobraron millonarias sumas de dinero para preparar documentación falsa certificando a un narcotraficante como miembro de las Farc”, escribió, en esa época, Whitaker.Sobre Diego Alberto González y Milton Polivio Rosero, dos de las personas mencionadas, el embajador Kevin Whitaker señaló que entre el material probatorio que tienen —incluyendo interceptaciones telefónicas— se evidencia que ninguno respondía a comandantes de las Farc. “Hay interceptaciones en donde ellos hablan de pagar sobornos a alias Rambo, un comandante de las Farc. Rambo fue capturado por obstrucción a la justicia al recibir sobornos y declarar que los narcotraficantes González y Rosero eran miembros de las Farc”.
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Luego de conocerse la carta de Whitaker, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) publicó un comunicado en el que aseguró que, desde que empezó a funcionar, la Sección de Revisión ha recibido 58 solicitudes de garantías de no extradición, de las que 43 fueron rechazadas. Sobre estas últimas, la JEP explicó que “los solicitantes no están acreditados como integrantes de las Farc- EP, puesto que no fueron incluidos en los listados de integrantes de esa organización, ni sobre ellos pesa acusación o condena por conductas cometidas durante el conflicto armado con relación a las Farc- EP”.