La Defensoría del Pueblo había encendido las alarmas esta semana santa por una familia de excombatientes de las Farc amenazados en La Blanquita, zona rural de Frontino (Antioquia). Se trata de los Betancur Guisao, una familia compuesta por siete adultos y cuatro niños que habían sido declarados “objetivo militar”, según el Ministerio Público, pero que, según informó el Ministerio de Defensa este viernes, ya fueron evacuados de la zona y están a salvo en el antiguo ETCR de Dabeiba, también en Antioquia.
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Según se lee en el documento que hace pocos días la Defensoría envió a la cartera que lidera Carlos Holmes Trujillo, la familia Betancur Guisao había recibido innumerables intimidaciones por parte de las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo. Por eso, “una vez enterados de la situación, se activaron los protocolos para asegurar el área y garantizar la protección de la población”, dijo el Ministerio de Defensa.
Fue así como se inició un protocolo de traslado coordinado por la Séptima División del Ejército, que opera en la región, para sacar a la familia de Frontino. Según el Ministerio, este grupo familiar ya no se encuentra en ese municipio, sino que fue trasladado al antiguo ETCR Llano Grande, en zona rural del municipio de Dabeiba. Además, la cartera agregó que el Gobierno “ha realizado el seguimiento permanente de la situación y se ha articulado con entidades y autoridades locales para garantizar la seguridad de estas personas”.
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Según explicó esta semana Ezequiel Martínez, enlace para temas de seguridad de desmovilizados del partido FARC, los Betancur Guisao estaban “sitiados y amenazados, sin que sepamos muy bien qué está pasando”. Martínez añadió que se trata de una familia “en la que hay tres compañeros que antes estuvieron en el ETCR de Vigía del Fuerte y ya están en Murrí, donde se asentaron 56 reincorporados”.
Diversas organizaciones de derechos humanos habían advertido sobre el riesgo de esta familia con gran preocupación, pues desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, en noviembre de 2016, hasta la fecha, han sido asesinados 191 excombatientes de la antigua guerrilla, según cifras de la Fiscalía. Sin embargo, el acalde de Frontino le había dicho a Blu Radio: “Pongo a disposición los carros de la alcaldía, pero no mando por ellos, porque me matan los conductores. Debe ir el Ejército y la Unidad Nacional de Protección”.