Ejército pidió presencia de autoridades para destruir granadas defectuosas

El material de guerra fue adquirido hace 21 años a una empresa coreana.

Comandante del Ejército, general Sergio Mantilla.     Foto: Agencia EFE
Comandante del Ejército, general Sergio Mantilla. Foto: Agencia EFE

El comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, confirmó las 20.836 granadas de 60 milímetros, adquiridas en el año 1991, que salieron defectuosas serán destruidas luego de que así lo ordenara en un fallo judicial.

El general Mantilla señaló que el procedimiento de destrucción de este material de guerra, que fue comprado a una empresa coreana, estará liderado por el Ejército y contará con la supervisión de la Contraloría y la Fiscalía.

“Se ha pedido el acompañamiento de todas las autoridades para poder destruir ese material. El manejo de material de guerra de estas características no es usual, pero si es frecuente que se presente que material obsoleto tenga que ser destruido ante de emplearlo. Es preferible hacer esta destrucción ante de ponerla en la manos de los soldados un material que no es confiable”, dijo el general Mantilla.

Se espera que el jueves, funcionarios de la Contraloría, personal del ministerio de Defensa y personal asignado por la cúpula militar decidan el lugar y el día del procedimiento.

“Lo más prudente es destruir el material antes de que se presente un accidente que conlleve daños a la vida o a la propiedad. Por lo tanto la decisión después de la vida útil de las granadas eso es lo que estamos haciendo”, agregó.

El contrato de adquisición de estas granadas fue firmado hace 21 años entre la Indumil y la empresa coreana denominada United Scientific Instruments. Sin embargo, 6 meses después de recibir las granadas, diferentes unidades militares comenzaron a reportar fallas.

En esa época se reportó que el material explotaba antes de ser lanzado, por lo que fue retirado de inmediato de todas las unidades militares y almacenado en la base de Tolemaida.

En el mes de Junio de 1992, es decir casi 6 meses después de la entrega de las granadas, la Industria Militar hizo nuevas pruebas al material recibido, sin presencia del contratista, porque sospechaba que tenía defectos.

La declaración del siniestro obedeció aunque las granadas, a juicio de Indumil, y con apoyo en estudios y pruebas técnicas, no eran seguras, porque se presentaron varios accidentes mortales, con personal del ejército, pues se explotaban con golpes.

Dos órdenes judiciales, proferidas el 28 de Octubre, una por un juzgado de Nilo y la otra por el juzgado segundo de Girardot, ordenaron en principio en un plazo de 48 horas preparar un plan para la destrucción de las granadas en un máximo de tres meses.

Por ahora ante el Consejo de Estado se está tramitando un proceso entre Indumil y la aseguradora para que le devuelvan al Ministerio de Defensa el dinero que se invirtió para la compra de las granadas. Sin embargo, la decisión final se puede demorar 15 años.

 

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