El 30 de noviembre continuará el proceso por chuzadas

La Corte Suprema rechazó la solicitud presentada por la defensa del ex secretario general de Presidencia Bernardo Moreno.

Después de 10 minutos de debate, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia les otorgó 15 días de plazo a los defensores de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el ex secretario general de Presidencia Bernardo Moreno, acusados por el proceso de las chuzadas, para que revisen las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Igualmente, el alto tribunal les dio 30 días hábiles para que las analicen el material probatorio divido en testimonios y documentos para que preparen su defensa técnica en las audiencias preparatorias que se retomarán el próximo 30 de noviembre.

Con esta decisión, la Sala Penal conformada, en este caso por dos magistrados y siete conjueces, rechazó la solicitud presentada por el abogado Jaime Granados, defensor de los intereses del exfuncionario presidencial, quien había pedido 180 días, es decir seis meses, para que lo dejarán revisar en su totalidad el aservo probatorio presentado en la tarde de este jueves por la fiscal general, Viviane Morales. 

En su argumentación Granados manifestó que "la complejidad del proceso y la cantidad de pruebas documentales y testimoniales justifican este tiempo para que se realice el debido análisis", señaló el abogado manifestando que era "proporcional" puesto que la Fiscalía tuvo dos años para recolectar todas las pruebas presentadas ante la Corte Suprema. 

El abogado aclaró que en el material probatorio de la Fiscalía se encuentran los testimonios de 92 investigadores y 16 peritos del CTI que participaron en la investigación, así como la existencia de 16 discos duros y 78 discos compactos, “los cuales deben ser analizados con detenimiento para preparar nuestra defensa en las audiencias preparatorias”.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le señaló que este tiempo “supera de manera ostensible los plazos legales”, aclarando que pese a que entienden la argumentación del abogado “se tiene que pensar en la agilidad del proceso”, el cual ya se ha visto interrumpido en diferentes oportunidades por las recusaciones y nulidades interpuestas por Granados.

Igualmente la solicitud fue rechazada por los abogados de las víctimas al señalar que son maniobras dilatorias por parte del defensor del exfuncionario presidencial.

Acusación formal

En la audiencia de este jueves, la fiscal General, Viviane Morales presentó el escrito de acusación formal en contra de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, violación de comunicaciones agravada, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, estos últimos cuatro en calidad de coautora.

Según la exposición de la Fiscal General, la exdirectora del DAS “organizó y dirigió estas acciones ilegales por medio de agentes del organismo de inteligencia, la Presidencia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) que operaron de manera sistemática” para desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema, periodistas, congresistas de oposición y defensores de derechos humanos.

Igualmente señaló que Hurtado ordenó dichos seguimientos e interceptaciones telefónicas sin “autorización legal y judicial”, explicando que se violó el fuero e intimidad de estas personas.

En el caso de los magistrados se detalló que agentes del DAS grabaron las sesiones privadas de la Corte Suprema de Justicia, y además se interceptaron los teléfonos de personas cercanas a los togados, como también le ocurrió a los ahora excongresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro.

En el delito de peculado por apropiación, la Fiscalía precisó que la exdirectora del organismo de inteligencia ordenó el pago de 20 millones de pesos de los recursos públicos para pagarle a un fotógrafo de Barrancabermeja para que divulgará una historia con el fin de desprestigiar a la excongresista Yidis Medina, testigo fundamental en el proceso por compra de votos para la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

Finalmente, la jefe de ente investigador señaló que Hurtado, quien desde noviembre pasado se encuentra asilada en Panamá, mintió en la entrega de documentos públicos en los cuales le respondió a los magistrados y congresistas que “no se estaban adelantando averiguaciones sobre ellos, cuando en realidad era todo lo contrario”.

Por su parte, la Fiscal General le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones, los dos primeros en calidad de autor al ex secretario general de Presidencia Bernardo Moreno.

Según Morales Hoyos, el exfuncionario presidencial solicitó información privilegiada sobre los movimientos de los magistrados, así como la revisión de base de datos privadas como cuentas bancarias, “siendo estas acciones no propias de su cargo como secretario de Presidencia”.

Igualmente señaló que utilizó toda la información recolectada “en provecho propio y en contra de estas personas” que eran señaladas de tener una posición diferente y de atacar al gobierno de Álvaro Uribe Vélez.