"El aborto debe dejar de ser visto como un crimen"

La Mesa para la Vida y la Salud de las Mujeres alertó sobre los obstáculos que encuentran éstas a la hora de practicarse un aborto legal, entre ellos el rechazo de algunas instituciones.

La lucha por la no penalización del aborto conmemora hoy su día internacional. Sin embargo, los promotores de este derecho en el país no están del todo contentos, debido a un proyecto de ley que está en trámite en el Congreso de la República y que busca criminalizar la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia.

Ellos rechazan la iniciativa e insisten en que es necesario que la justicia les permita a las mujeres interrumpir sus embarazos cuando hayan sido víctimas de violación, cuando su salud y su vida están en peligro y cuando el feto tiene malformaciones que no le permitirá vivir por un largo tiempo, tal como lo aprobó la Corte Constitucional en 2006.

Una de las entidades que luchan por la no penalización del aborto es la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización no gubernamental que presenta hoy su libro La aplicación práctica de la causal salud: un análisis de casos desde el marco de los derechos humanos. En él se presentan varios casos de mujeres que solicitaron la interrupción legal de su embarazo y encontraron instituciones que no estaban dispuestas a hacerlo, a pesar de que la ley las obligaba.

Es el caso de Berta, de 24 años y con un severo retraso mental y motor. Su madre se alarmó cuando ella empezó a vomitar y a presentar intensos dolores abdominales. Su sorpresa fue mayor cuando la llevó al médico y éste le anunció que su hija había sido violada y estaba en embarazo. Al saber la noticia, la mujer solicitó que se le interrumpiera el embarazo. Sin embargo, nadie atendió su petición.

SaludCoop, la EPS que debía realizar el aborto, se negó aduciendo que Berta ya era mayor de edad y no necesitaba acudientes —haciendo caso omiso a su severo retraso y a que esta condición obligaba a que otra persona se encargara de ella—. La EPS también argumentó que no había denuncia sobre la violación ni una evaluación psiquiátrica que certificara que el acceso carnal había sido sin su consentimiento.

Asimismo, los médicos que la trataban rechazaron el procedimiento, debido a que consideraron que el mismo implicaba un alto riesgo para la salud de Berta, cuando, como lo comprobó la justicia, el peligro era mayor si el aborto no se realizaba y se seguía con el embarazo.

La madre de Berta presentó una tutela, que le fue negada en dos oportunidades, hasta que llegó a la Corte Constitucional, que le dio la razón y aseguró que “la Entidad Promotora de Salud dilató de manera injustificada la práctica del aborto”. Cuando el alto tribunal intentó aplicar la medida, descubrió que la madre de Berta había retirado la solicitud y había pedido que el caso quedara así. Se desconoce si Berta tuvo a su bebé o abortó.

De haberlo hecho, se habría sumado a los casi 400 mil casos que se presentan al año en Colombia, según un estudio que presentó recientemente el Guttmacher Institute. De ese total, la gran mayoría se realizan de forma ilegal. El Ministerio de la Protección Social ha registrado, apenas, 966 abortos legales desde 2006.

En su informe, el Guttmacher agregó que por lo menos 132 mil mujeres sufren al año complicaciones debido a interrupciones de sus embarazos que son practicados en condiciones clandestinas y altamente riesgosas.

Ana Cristina González, autora del libro, mencionó en entrevista con El Espectador que los excesivos e innecesarios trámites son apenas uno de los obstáculos que tienen que sortear algunas mujeres para que las autoridades médicas les interrumpan sus embarazos de forma legal. La negativa de los médicos, el estigma social y la intervención de terceros son otros escollos que encuentran quienes desean abortar, porque fueron violadas, su salud está en riesgo o el feto que lleva en su vientre está mal formado.

Por ejemplo, menciona González, “hay médicos que amparándose bajo su legítimo derecho a la objeción de conciencia se niegan a realizar el aborto. Nosotros no criticamos eso, lo que cuestionamos es que el profesional de la salud que se niega a interrumpir el embarazo no remita a la paciente a otro profesional que sí esté dispuesto a hacerlo y que, en cambio, le pida papeles innecesarios y vueltas para dilatar el proceso en perjuicio de la mujer”.

La promotora de los derechos de las mujeres recordó que los médicos están obligados a informar a sus pacientes, interesadas en abortar, los riesgos y las opciones que tienen y que no pueden negarse a hacerlo a pesar de sus creencias religiosas o morales.

González recalcó que en un país como Colombia la mujer debe tener la opción de abortar cuando un delincuente abuse de ella. “No nos pueden obligar a tener un hijo producto de un abuso sexual. “Hay que tratar a las mujeres como personas. Un estado deseable de cosas es que el aborto deje de ser visto como un crimen”, concluyó González.