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El primer miércoles de junio de 2015 la pelotera fue la protagonista en la Sala Plena de la Corte Constitucional. El agarrón de padre y señor mío no podía tener otro motivo que la investigación al magistrado Jorge Pretelt Chaljub por las presuntas coimas que le habría pedido al abogado Víctor Pacheco para favorecer con una tutela a la firma Fidupetrol. Ese 3 de junio la Corte debía aprobar el acta de la candente sesión del pasado 2 de marzo, en la que los nueve magistrados, en sala extraordinaria, se reunieron durante siete horas para analizar los primeros coletazos del escándalo, revelado ese fin de semana por El Espectador y por los periodistas Daniel Coronell y José Manuel Acevedo.
El origen de la garrotera fue que el borrador del acta (elaborada por la secretaría general y que debe consignar con fidelidad las intervenciones que hicieron todos los magistrados ese 2 de marzo) decía que en un momento de la acalorada discusión, cuando sus colegas interrogaban a Pretelt por su amistad o cercanía con el abogado Víctor Pacheco, el magistrado les reconoció que solía verlo en reuniones sociales, pero que se había alejado de él y que la última vez que lo había visto había sido el 18 de octubre de 2013 en su apartamento de Rosales, en Bogotá. En ese momento, el magistrado Mauricio González, quien denunció el caso, intervino para decirle a Pretelt: “Un momento, o sea que usted sí se vio con Pacheco, y al día siguiente de la selección de la tutela de Fidupetrol”.
Pretelt zanjó la discusión asegurando ese 2 de marzo que no tenía por qué saber cuándo se había seleccionado la cuestionada tutela de Fidupetrol. Sin embargo, el “resbalón” de Pretelt podría ser determinante en su caso, pues constituiría la prueba reina de que él y Pacheco sí se vieron en la casa del magistrado al día siguiente de la selección de la tutela de Fidupetrol (tal como lo ha declarado Pacheco), cuando ni siquiera se había notificado esa decisión y nadie sabía que, vía tutela, la Corte Constitucional podría tumbar el fallo que condenó a Fidupetrol a pagar $22.500 millones. Según Pacheco, Pretelt le dijo ese 18 de octubre de 2013 que la revisión de la tutela le había correspondido al magistrado Mauricio González, que él era una persona honrada que no recibía plata de nadie, pero que eso se podía solucionar con el pago de $500 millones. Lo demás hace parte del escándalo conocido. Sin embargo, la cólera del magistrado Pretelt en la sesión del 3 de junio se debió a que, según él, jamás dijo eso en la Corte.
En palabras castizas, el magistrado Pretelt acusó a sus colegas de querer prefabricar pruebas para enlodarlo ante la justicia. Sostuvo a los gritos que no sería tan bruto como para autoincriminarse así, dijo que lo consignado en el borrador del acta era una infamia, un complot más para tratar de sacarlo a sombrerazos del alto tribunal y que se negaba a aprobar el contenido de ese borrador. Mejor dicho, se despachó en acusaciones aquí y allá, reiteró que ese 18 de octubre no se vio con Pacheco en su casa, aunque sí lo hizo en el Club El Nogal en medio del homenaje que promovió para el exmagistrado Humberto Sierra Porto. El lío es que cuatro magistrados aseguraron en ese acalorado debate que Pretelt sí dijo lo que dijo el 2 de marzo y que el acta debía aprobarse.
Jorge Pretelt se atrincheró en su posición y aseguró muy molesto que lo que se pretendía era montarle una celada para incriminarlo ante la justicia, pues, reiteró, ese 18 de octubre no se vio con el lobista barranquillero en su apartamento. “Es una infamia”, vociferó. En contraste, los magistrados María Victoria Calle, Mauricio González, Gabriel Eduardo Mendoza y Jorge Iván Palacio se mostraron de acuerdo con la aprobación del acta pues, sostuvieron, recordaban perfectamente las palabras de Pretelt.
Y fue Troya. Jorge Pretelt elevó aún más la voz. Entonces el magistrado Luis Guillermo Guerrero pidió la palabra. Buscando una fórmula intermedia para amainar los ánimos le propuso a la Sala que aprobara un acta más general, en donde no se especificara con todo detalle la versión de Pretelt en la que habría dejado constancia de que sí se vio con Víctor Pacheco en su apartamento el 18 de octubre de 2013. Pretelt insistió en su tesis del complot. Seguidamente le preguntaron a la exmagistrada encargada, y hoy secretaria de la Corte, María Victoria Sáchica, si aprobaba el contenido del acta. Ella dijo no recordar con precisión ese episodio particular.
No votaron el magistrado Alberto Rojas, quien para el 2 de marzo estaba por fuera de la Corte, ni el magistrado Luis Ernesto Vargas, por incapacidad médica, ni la magistrada Gloria Ortiz, quien se encontraba de permiso representando a la Corte en Ginebra, Suiza. Así las cosas, el acta no pudo aprobarse, pues no alcanzó la mayoría de cinco votos. La Sala Plena del 3 de junio dejó ese pendiente que todavía no ha sido resuelto. Y, además, unas heridas que no cicatrizan en la Corte. Para Jorge Pretelt, sus enemigos en el alto tribunal maniobraron para que el acta lo perjudicara. En la otra orilla, cuatro magistrados insistieron el pasado 3 de junio que su memoria no les falla.
La votación del acta fue pospuesta, quedó en el ambiente un nuevo escenario de confrontación y en varios magistrados la certeza de que ese “resbalón” de Pretelt en la sesión del 2 de marzo puede resultar definitivo en su expediente judicial. Pretelt ha negado de todas las formas posibles la mentada reunión en su apartamento con Víctor Pacheco el 18 de octubre de 2013. Aún más, ha aportado certificaciones de la empresa de vigilancia de su edificio en Rosales en las que no figura el registro de entrada de Víctor Pacheco a su residencia.
“Está plenamente demostrado que esa tal reunión en la casa del magistrado jamás se dio. Es evidente que se busca preconstituir una prueba en su contra, desconociendo una diligencia de inspección judicial realizada al club El Nogal y a la empresa de seguridad del conjunto residencial Emaús, donde vive el magistrado, en las que consta que no se vio con Pacheco en su casa. Pacheco ha dado siete versiones distintas de los hechos, es un mentiroso compulsivo y un farsante irredimible”, le dijo a El Espectador el abogado de Pretelt, Abelardo de la Espriella. El defensor asegura que el acta fue alterada para incluir algo que Pretelt nunca dijo y que ya se contrató un grafólogo para constatarlo.
Al margen de la controversia, esta semana el abogado Víctor Pacheco fue imputado por el delito de tráfico de influencias y terminó en la cárcel. Para la Fiscalía no existen dudas de que intentó influir irregularmente en una decisión judicial para beneficiar a su cliente, la firma Fidupetrol. El fiscal considera sumamente revelador que el mismo día en el que la Corte Constitucional seleccionó la tutela de Fidupetrol, esta empresa le consignara $116 millones a la firma de Pacheco, Servicios Jurídicos Empresariales.
En síntesis, la Fiscalía está convencida de que Víctor Pacheco sí intrigó en la Corte para que la tutela de Fidupetrol fuera seleccionada y, según parece por la coincidencia de las fechas, se benefició económicamente con esa gestión. En cuanto a Pretelt, el representante investigador Julián Bedoya decretó el pasado 4 de junio el cierre de la investigación para pronunciarse de fondo. En ese contexto, la polémica acta que por poco es aprobada el día anterior en la Corte Constitucional no pudo adjuntarse como prueba a la Comisión de Acusación.
Por lo pronto, la Sala Plena de la Corte Constitucional tiene que resolver esta semana esta papa caliente. ¿Aprobará el acta de la discordia?
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