La batalla de una madre por la justicia

El agresor sexual que casi, casi, se sale con la suya

El profesor de la escuela de una vereda en Caquetá realizó actos sexuales abusivos con una niña de 8 años. La madre de la menor lo denunció, pero el educador resultó favorecido por un acuerdo ilegal y obtuvo una pena de escasos dos años de prisión. La Corte Constitucional acaba de anular esa sentencia.

La Corte Constitucional consideró que a madre e hija se les violaron los derechos luego de que la justicia realizará un preacuerdo con el agresor / Cristian Garavito

Los hechos sucintos y descarnados fueron los siguientes: una niña de ocho años, proveniente de una familia campesina de la vereda El Diamante de Paujil, en Caquetá, fue víctima del profesor de su escuela. Tras la denuncia de la niña a su madre “por el tocamiento de sus partes íntimas”, la Fiscalía acusó al agresor por el delito de acto sexual con menor de 14 años, que da hasta 13 años de prisión. Súbitamente, tres meses después de esa audiencia, sin que nada cambiara en el expediente, la Fiscalía hizo un preacuerdo con el educador para cambiar el delito por el de acoso sexual agravado, y pactó una condena de 24 meses de prisión. Diligencia que aceptó un juez de Caquetá y hasta el propio defensor público de la familia de la niña. Su madre, sin tener idea de lo que ocurría, creyó que esa sentencia pírrica era sinónimo de justicia. Hasta que el procurador del caso puso el grito en el cielo y le hizo comprender el tamaño de la burla.

(Antes de seguir, una claridad: para proteger los derechos de la niña, ni esta historia ni su expediente, conocido por este diario, tiene nombres propios). Todo comenzó el 22 de septiembre de 2015, cuando la madre de la menor les relató a las autoridades que el profesor H (así lo llamaremos) de la institución educativa Niña del Carmen había abusado de su hija, que entonces cursaba segundo de primaria. Según contó, la notó deprimida por esos días y se enteró por un compañerito de ella que el profesor H había tenido comportamientos irregulares en el aula de clase. Asustada y confundida, la mamá P (así la llamaremos) le preguntó a su hija A (así la llamaremos) qué le pasaba. Su respuesta la dejó fría. De acuerdo con la niña, el profesor H la encerraba en la pieza de él en el colegio (en la que dormía), le tocaba su vagina y la besaba en la boca y, además, le mostraba sus partes íntimas. La confesión de A fue entre lágrimas.

Aterrada, la señora P escuchó a su hija, quien previamente le había pedido que no la regañara por su silencio. El profesor H había sido contundente con sus amenazas. A tenía miedo. El mismo que le trasladó a P ese día de septiembre hace tres años en Paujil, Caquetá. P se acercó a la Fiscalía, instauró denuncia penal contra el educador y reprodujo en detalle el relato de la pequeña. Dos semanas después, el 9 de octubre de 2015, la señora P rindió una entrevista ante investigadores de la Fiscalía y agregó que el profesor H intentó silenciar a su hija con una llamada intimidatoria a su casa pero que, cuando P tomó el teléfono y le preguntó para qué llamaba, el señor colgó rápidamente y no volvió a llamar. La mamá, además, sostuvo que antes de percatarse del abuso a su hija, en una conversación informal en el colegio, el profesor H le había confesado con toda naturalidad que solía pagarles dinero a niñas de 12, 13, 14 y 15 años para que estuvieran con él.

(Lea:El costo de denunciar a un agresor sexual)

A también relató lo ocurrido y contó cómo fue víctima del profesor H. “El profe comenzó a decirme que si lo quería y, como tiene el pelo largo, que le hiciera moñas. Un día me besó, pero no le dije nada a mi mamá”. En esa misma declaración, A narró que un viernes de clase el educador pidió a los niños que llevaran matas para sembrar en la huerta del colegio, y que les puso a todos los menores actividades en ese sentido, pero que cuando ella preguntó qué debía hacer, el maestro le dijo: “Usted, para mí”. Ya solos, según A, el profesor le preguntó que qué le traía del pueblo, a lo que ella contestó que nada. “Entonces comenzó a tocarme las partes íntimas y comenzó a decirme que le tocara las partes íntimas a él, pero yo no se las tocaba y él se ponía muy bravo. No me calificaba los cuadernos a veces porque no iba a la pieza. Él me decía que fuera a la pieza, porque vivía en la escuela”, sostuvo la niña. Y añadió que el profesor H la tocó “por fuera de su ropa”.

En otra entrevista realizada por el psicólogo de la Comisaría de Familia del municipio, A reiteró toda su denuncia y aseguró que otra compañerita suya también había sido víctima del profesor H. Con todas estas evidencias, el 11 de mayo de 2017 —es decir, veinte meses después de la denuncia de la madre y su hija—, el fiscal del caso acusó al educador por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado y, en desarrollo de una audiencia pública, señaló que esos comportamientos abusivos constituían un grave delito contra la libertad, integridad y formación sexual de la menor, que el profesor H tenía plena consciencia de lo que hacía con su alumna de ocho años y que, no obstante, prosiguió con ese comportamiento ilegal. Hasta ese momento, todo cursaba como correspondía. Las pruebas eran fuertes, la acusación, contundente, y la Fiscalía estaba determinada a lograr la condena de un abusador por un delito que contempla penas hasta de 13 años de prisión.

Pero algo pasó. El 28 de agosto de 2017 —apenas tres meses después de la audiencia de acusación, en donde la Fiscalía se explayó en señalamientos contra el profesor H—, el caso dio un giro radical. Ese día la Fiscalía firmó un documento con el educador en el que se aseguraba que había llegado a un preacuerdo con H, quien libre y voluntariamente aceptaba ya no el delito de acto sexual con menor de 14 años sino el delito de acoso sexual, y que, en virtud de ese pacto, se acordó “como pena definitiva 24 meses de prisión” en tanto, además, el profesor investigado “carecía de antecedentes penales”. Tres días después, el 31 de agosto de 2017, un juzgado de Puerto Rico, en Caquetá, aprobó esa negociación. Así las cosas, y en palabras castizas para que los lectores no se pierdan, en menos de cuatro meses el profesor H pasó de enfrentar una sentencia de 9 a 13 años a una que no sobrepasaba los dos años tras las rejas.

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El 14 de marzo de 2018, “por pena cumplida”, el educador recuperó su libertad, según se lee en el expediente. A y P y el resto de su familia creyeron entonces que al menos algo de justicia les había tocado. En este país con porcentajes que rondan el  95% de impunidad en crímenes de violencia sexual, una sentencia, por menor que fuera, seguía siendo una sentencia, pensaban. Pero de esas cuentas alegres los sacó de repente el procurador del caso, quien no pudo asistir a la audiencia en la que el juez de Puerto Rico benefició al profesor abusador. Consternado por la inexplicable dirección que había tomado el proceso, el cambio del delito, la aprobación del juez y la nula protesta del abogado de oficio que representó a la familia, el procurador instauró una tutela contra ese fallo el 8 de noviembre de 2017. Allí pidió reversar ese esperpento y alegó que a la niña y a su madre se les violó el debido proceso y el acceso a la correcta administración de justicia.

El representante del Ministerio Público fue más allá y sostuvo que era “un proceder recurrente de la Fiscalía 17 seccional de Puerto Rico y del juzgado promiscuo del circuito de dicha municipalidad celebrar y aprobar preacuerdos en casos de abuso sexual infantil, degradándolos a acoso sexual agravado”, y que tenía conocimiento de que en otros procesos similares el modus operandi de esa Fiscalía en particular “consistía en nombrar un apoderado judicial sin informarles a las víctimas sobre los alcances de los preacuerdos, más aun cuando son de extracción rural con baja ilustración”. Además, la madre de A, la señora P, contó que no tuvo la oportunidad de conocer personalmente al defensor público que le asignaron, que su trato con él siempre fue telefónico y que no pasó de dos o tres veces, en las que el abogado le comentó, sin mayores detalles, “que el caso iba bien”. La señora P declaró sin rodeos: “Jamás me di cuenta del preacuerdo” del profesor H.

Y, seguidamente, relató, triste: “Me siento muy desilusionada con esto. A mi hija le pasó y ya se sabe que a varias les ha pasado, porque ese profesor tiene varias demandas y no hacen nada. Él siempre hace esas cosas con las alumnas, cosas que no quiero volver a nombrar”. Interrogado por las autoridades en desarrollo de la tutela interpuesta, el defensor de oficio de la familia (a quien llamaremos F) defendió su trabajo. Insistió en su poca disponibilidad de tiempo para asistir a diligencias en cinco municipios de Caquetá; dijo que, aun así, atendió el proceso y que no vio nada irregular en el cambio del delito endilgado al profesor H al considerar, sin entregar mayores explicaciones, que la prueba recaudada no alcanzaba para proferir una condena por acto sexual abusivo con menor de 14 años sino, apenas, por acoso sexual. Que por eso apoyó ese giro en la acusación y que el hecho de que el profesor recuperara su libertad no era de su resorte.

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El Tribunal Superior de Caquetá revisó la tutela y le dio la razón al procurador del caso el 5 de diciembre de 2017. Y hace pocos días, la Corte Constitucional confirmó dicho fallo. La conclusión rotunda y desoladora del alto tribunal fue que la hija abusada y su madre no tuvieron justicia. La sentencia, en poder de El Espectador, advierte que se les violaron todos los derechos a las víctimas y que el Código de Infancia y Adolescencia, promulgado en 2006 por el Congreso de la República, expresamente prohíbe los preacuerdos en delitos de violencia sexual contra menores de edad. Tras hacer un recuento de los hechos y analizar la cadena de yerros cometidos aquí, la Corte regañó —y de qué manera— a los funcionarios de la Fiscalía, al juez de Caquetá y al defensor de oficio que actuaron en este expediente. “Bajo la pretensión de celeridad del proceso” —resaltó el fallo— se revictimizó a una niña “expuesta a graves condiciones de vulnerabilidad”.

Para la Corte es inadmisible el viacrucis que tuvieron que padecer la señora P y su hija durante casi tres años, batallando contra sus propios temores y desconocimientos, siendo de origen rural y de escasos recursos económicos, en una situación de total desequilibrio institucional. Como si no hubiera sido suficientemente terrible ya el abuso del profesor H y las secuelas psicológicas que semejante episodio causaron en esa familia. Las consecuencias de la falta de defensa técnica en este caso de ninguna manera podían ser atribuidas a la madre y a la hija, insistió el fallo, pues eran el fiscal, el juez y el abogado de oficio los llamados “a proteger y respaldar” los derechos vulnerados de las víctimas. Aquí, muy al contrario, se llegó al colmo de culpar a la madre de la niña, la señora P, por no interponer a tiempo un recurso para evitar la sentencia de 24 meses del abusador de su hija. Como si ella supiera más de derecho que el abogado F. Un hecho que indignó a la Corte.

Así, pues, el pasado 16 de noviembre, con ponencia del magistrado José Antonio Lizarazo y el respaldo de las magistradas Gloria Stella Ortiz y Cristina Pardo Schlesinger, la Corte Constitucional anuló el preacuerdo y la muy favorable sentencia obtenida por el profesor H. En ese sentido, el juicio en su contra deberá reiniciarse por el delito de actos abusivos con menor de 14 años. El fallo, además, les recordó al juez de Caquetá, a la propia Fiscalía y al abogado F que el Estado tiene vedado cualquier preacuerdo en investigaciones de violencia sexual contra los niños y que la norma es tan clara y precisa que no entiende por qué en este expediente no se aplicó. En síntesis, el alto tribunal enderezó un proceso chueco, muy chueco, y les devolvió a una madre y a su hija víctima —hoy de 11 años— la esperanza de una condena justa contra su agresor. El profesor H, casi, casi, se sale con la suya.