El pasado 24 de noviembre se produjo en la Fiscalía un cambio silencioso pero de toda importancia: el fiscal especializado Álvaro Sarmiento García dejó de ser el director nacional de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado y fue reemplazado porJuan Carlos Acevedo Vanegas el pasado 2 de diciembre. Sarmiento, súbitamente, fue trasladado a la Dirección del Sistema Penal Acusatorio, una labor que poco tiene que ver con la experiencia que ha acumulado en la Fiscalía en los últimos años, enfocada en la judicialización de líderes de bandas criminales y grupos armados ilegales.
Alrededor de la salida del fiscal Álvaro Sarmiento, sin embargo, hay una serie de coincidencias incómodas que deben ser resueltas con urgencia. La primera es que a Sarmiento lo cambiaron de cargo justo 14 días después de que en la Fiscalía se radicara una carta anónima enviada desde Cartago, Valle, acusándolo de haber recibido sobornos de narcos. La segunda es que el mensaje salió de Cartago el 9 de noviembre, día en que Sarmiento estaba reunido en Cali con los abogados de los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, más conocidos como los Comba, jefes extraditados de Los Rastrojos; y los defensores de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe del Clan Úsuga.
Ese anónimo, al tiempo, fue remitido de Cartago a las oficinas de El Espectador y contiene una denuncia gravísima: afirma que el fiscal Álvaro Sarmiento “ha recibido gruesas sumas de dinero por intermedio de alias ‘Gafas’, a fin de dejar en la impunidad miles de crímenes cometidos por el grupo ilegal conocido como ‘Los Rastrojos’, a cargo de alias ‘Los Comba’. Dentro de esos pagos recibidos por el doctor Álvaro Sarmiento de manos de alias ‘Gafas’, se destaca uno por valor de quinientos mil (500.000) dólares, pactado en una de las muchas visitas realizadas por José Ignacio Mira a la oficina del doctor Sarmiento, en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá”.
El nombre de José Ignacio Mira Peña, alias Gafas, empezó a acaparar titulares de prensa desde mayo del año pasado, cuando El Espectador y el columnista de Semana Daniel Coronell revelaron que tanto Mira Peña como José Ignacio Londoño (Nacho Londoño) habían oficiado como mediadores ante el Gobierno para plantear una propuesta de sometimiento a la justicia que incluía la salida del narcotráfico de los Rastrojos, la Oficina de Envigado y el Clan Úsuga.
Con el anónimo que acusa al fiscal Álvaro Sarmiento de actos de corrupción, se repite un poco el mismo escenario: los Rastrojos buscando beneficios penales a través de emisarios del Estado. En el mensaje que se envió a la Fiscalía, además, la relación entre los abogados José Ignacio Mira y Nacho Londoño se desdibuja por completo: ya no eran dos aliados con un objetivo común, sino que uno es el asesino y otro, su víctima. Nacho Londoño fue ejecutado el lunes 20 de julio mientras competía por la Alcaldía de Cartago. Y José Ignacio Mira, dice el anónimo, fue el hombre que ordenó su muerte.
En estas últimas dos semanas, en los pasillos de la Fiscalía no se habla de otra cosa que del repentino traslado del fiscal Álvaro Sarmiento y las posibles razones detrás de la decisión. El Espectador contactó a la oficina de prensa de la Fiscalía en busca de plantearle al fiscal general Eduardo Montealegre los interrogantes que giran alrededor de esta historia: la respuesta fue que no habría respuestas para este diario. El Espectador también contactó al fiscal Álvaro Sarmiento, quien expresó: “Sólo digo que cero corrupción”.
Los rumores que explican la salida de Sarmiento de la Dirección de Crimen Organizado son variados. Se ha hablado que esa salida tuvo que ver con una denuncia vieja de una expareja del fiscal; sin embargo, esa es una versión sin sustento precisamente porque la denuncia existe desde hace mucho tiempo. Se ha dicho también que fue producto de roces entre él y su superiora, la directora de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, Caterina Heyck Puyana, en medio del debate sobre si puede o no la Fuerza Pública bombardear a las bandas criminales. Este diario buscó a la funcionaria.
Caterina Heyck confirmó que a la Fiscalía había llegado un anónimo a nombre de “una ciudadana preocupada”, en el que se hablaba de los sobornos que, se supone, ha venido recibiendo el fiscal Álvaro Sarmiento. Ese anónimo, explicó la fiscal, ya fue remitido a las más altas esferas de la Fiscalía. Es decir, lo conocen tanto el fiscal general, Eduardo Montealegre, como el vicefiscal, Jorge Perdomo. El Espectador le pidió a la directora Heyck que por favor explicara qué ha pasado desde que se divulgó el anónimo en la cúpula de la Fiscalía.
Caterina Heyck señaló que, una vez recibido el anónimo, decidió poner en conocimiento del fiscal Eduardo Montealegre varios antecedentes para contextualizar el caso Sarmiento. Por ejemplo, que hace unos meses un abogado de Javier Calle Serna (jefe extraditado de los Rastrojos) le solicitó a la Fiscalía unificar los expedientes que había contra alias Comba en Extinción del Dominio, Lavado de Activos y otras dependencias. El abogado sugirió que esa unificación se llevara a cabo a través de la Dirección contra el Crimen Organizado porque el fiscal Sarmiento era la persona designada para adelantar acercamientos y negociaciones con Calle Serna y los Rastrojos.
En el momento en que la Fiscalía recibió la petición del abogado de Calle Serna, se remitió a la Dirección de Heyck, quien concluyó que era improcedente y les envió un oficio a los directores de las unidades implicadas pidiéndoles su concepto. Todos, salvo Sarmiento, concluyeron lo mismo. De paso, le preguntó al fiscal Álvaro Sarmiento por qué el abogado de Javier Calle Serna aseguraba que él había sido designado para buscar una negociación con los Rastrojos. Durante un mes, aseguró la directora Heyck, de parte del fiscal Álvaro Sarmiento sólo hubo silencio.
En un par de ocasiones, Heyck le insistió al fiscal Sarmiento oficialmente para que contestara. Sarmiento, en vez de hacerlo, convocó a una reunión con otros fiscales que investigan a los Calle Serna. Heyck, sorprendida, le ordenó cancelar la reunión y le insistió en que contestara por qué el abogado de Javier Calle Serna afirmaba que él había sido delegado como negociador con los Rastrojos. Su respuesta fue simple: que no lo sabía.
La directora Heyck relató que en una reunión con todos los directores de las fiscalías nacionales especializadas se trató el tema y se reiteró que era improcedente unificar todas las investigaciones contra los Calle Serna en cabeza del fiscal Álvaro Sarmiento. A él le dijeron que no podía darles a entender a los abogados que representaba a la Fiscalía. En esa reunión, Sarmiento informó que se tenían documentados más de 100 homicidios relacionados con los Calle Serna, pero que no se habían hecho imputaciones esperando a que la negociación con ellos se consolidara. Heyck, sorprendida, incluso le envió un oficio después de la reunión indicándole que no había razón para detener esas imputaciones.
De acuerdo con Heyck, el fiscal Álvaro Sarmiento no la actualizaba de sus viajes ni de sus actividades. Por eso, su disgusto fue mayor cuando, el 11 de noviembre pasado, se enteró por boca del propio Sarmiento que había estado el 9 y el 10 de noviembre reunido en Cali con los abogados de los hermanos Calle Serna, quienes se entregaron a la DEA entre mayo y octubre de 2012, y de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe del Clan Úsuga, quien está pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico. Heyck se molestó, además, con el interés que mostraba Sarmiento en que se resolvieran los procesos de extinción de dominio y de lavado de activos contra personas cercanas a los Calle Serna.
Este enmarañado asunto ya está en conocimiento del fiscal Eduardo Montealegre, junto con otras denuncias de fiscales de la Dirección de Crimen Organizado contra su exjefe, sobre todo en lo referente al traslado de detenidos de importancia para el clan Úsuga, e injerencias indebidas en procesos de otros fiscales. Caterina Heyck, por su parte, le dijo a este diario que se siente confiada en que el tema esté en manos del fiscal Montealegre.
Esta semana, por no ir más lejos, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas pidió que se aplazara el ascenso del general de la Policía Luis Eduardo Martínez, luego de que se supiera que a través de anónimos se ha denunciado que Martínez supuestamente tuvo nexos la Oficina de Envigado. Por estos días, los anónimos piden a gritos ser esclarecidos.
El proyecto de la Fiscalía para el sometimiento
En abril de este año la Fiscalía presentó un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal, en el que plantea una serie de cambios y busca “un proceso penal más ágil que respete las garantías y los derechos fundamentales de las víctimas y los involucrados en las investigaciones”.
Entre los puntos más importantes de la propuesta está la posibilidad del sometimiento a la justicia de las bandas criminales, a través de la creación de una nueva figura: el “fiscal negociador”. El objetivo de la Fiscalía es “la consolidación de la paz, sobre todo en las regiones, en el eventual posconflicto”, por lo que busca unificar y simplificar las etapas de un proceso penal.
Frente al tema, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, ha manifestado que el Gobierno apoyaría el proyecto de las bandas criminales si solamente se centra en el sometimiento, si no se aumentan los beneficios penales y si no se trata de una negociación, porque, para él, en ningún momento se les podría dar un trato político a las bacrim.
La propuesta de sometimiento en 2011
En junio de 2011 se elaboró un documento de 109 páginas titulado “Agenda para solucionar el problema del narcotráfico y la violencia que genera”, con el que un grupo de narcos –entre ellos Diego Rastrojo, el Loco Barrera, Cuchillo y los hermanos Calle Serna– le propuso al Gobierno un plan de sometimiento a la justicia para desarmar a sus hombres y acabar con el narcotráfico en el país. En la propuesta se establecía que J. J. Rendón oficiaría como estratega general y delegado del Gobierno, que los facilitadores serían el exguerrillero del Eln Francisco Galán y Jorge Castañeda; y como mediadores los abogados José Ignacio Londoño (Nacho Londoño) y José Ignacio Mira (alias Gafas). Para realizar los acercamientos con el Gobierno, según declaró Javier Calle Serna, alias Comba, se hizo una “vaca” entre los capos de US$12 millones, pero que todo se cayó porque a Estados Unidos no le gustó la propuesta y el presidente Santos dio la orden de perseguirlos, capturarlos y extraditarlos, tal como ocurrió con la mayoría.
El asesinato de “Nacho” Londoño
En el anónimo que llegó a la Fiscalía se señaló a José Ignacio Mira, alias “Gafas”, como el autor intelectual del homicidio de José Ignacio Londoño, supuestamente, por las aspiraciones de Mira de tomar control de la administración de Cartago, municipio del cual Londoño buscaba ser alcalde el próximo año. “Gafas” es señalado como uno de los enlaces de los Rastrojos ante la Fiscalía.
Cabe recordar que el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, dijo una semana después del homicidio de “Nacho” Londoño que su muerte no estaba relacionada con el crimen de Álvaro Gómez Hurtado y que todo indicaba que su asesinato estaba asociado con sus actividades políticas.