Los argumentos de la defensa de Uribe para pedir que su caso vaya a la Fiscalía

Álvaro Uribe dejó de ser senador el pasado 18 de agosto, día en que presentó su renuncia y esta fue admitida. / Raúl Arboleda - AFP

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Artículo 235 de la Constitución Política: esa es la primera norma que cita el memorial que presentó la defensa del exsenador y expresidente Álvaro Uribe a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Ese artículo hace referencia a las potestades que tiene el alto tribunal, entre ellas la de investigar y juzgar a miembros del Congreso. Y he aquí el quid del asunto: esa potestad se mantiene únicamente cuando las conductas bajo investigación tengan relación con las funciones desempeñadas del investigado o investigada. Es decir, que haya algún nexo con las funciones como congresista. (Las pruebas contra Uribe son “claras, inequívocas y concluyentes”: Corte Suprema)

La defensa del exsenador Uribe está convencida de que los delitos por los cuales él es procesado nada tienen que ver con su rol como congresista y, por eso, sobre todo porque alega que la Corte no le ha dado garantías a Uribe, se jugó la carta de la dimisión al Congreso, lo cual ocurrió el martes pasado. La renuncia de Uribe fue aceptada en cuestión de horas por el Senado, por lo que, de inmediato, surgió a flote la pregunta del momento: ¿qué organismo mantendría su proceso, la Corte Suprema o la Fiscalía? Para la defensa del exsenador, la respuesta, a todas luces, es la Fiscalía.

Con el propósito de profundizar más acerca del nexo entre los delitos investigados y la función como congresista, los abogados del expresidente revisaron jurisprudencia de la misma Sala de Instrucción de la Corte, es decir, de la que investiga al exsenador. El caso en su contra se abrió porque, supuestamente, trató de manipular testigos para salir bien aireado de las indagaciones que ya empezaba a hacer la Corte hace unos años, luego de que él mismo denunciara al congresista Iván Cepeda por, dijo Uribe, orquestar un cartel de falsos testigos para incriminarlo.

En un auto que elaboró el magistrado Misael Rodríguez en diciembre de 2019 se lee que debe existir un vínculo necesario e inescindible entre la función parlamentaria y el delito bajo investigación. Otro pronunciamiento de agosto de ese mismo año, del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, señala que esa conexión se establece si el delito se comete por causa del servicio, con ocasión del mismo o en el ejercicio de funciones inherentes al cargo congresional. Está también un fallo con ponencia del magistrado César Reyes (el ponente del caso Uribe), en el que se lee que la preservación del fuero -lo que implica también que la Corte mantenga la competencia- pasa por un buen análisis de la diferencia entre cargo y función. (El expresidente Álvaro Uribe quedó oficialmente detenido en su casa)

Para los abogados de Uribe, ahora que él renunció al Congreso -lo hizo el pasado 18 de agosto, la dimisión la aceptó una hora después la plenaria del Senado-, ya está cumplido uno de los requisitos que ordena la Constitución: él no hace más parte del Congreso. Y, además, dicen ellos, no hay ninguna relación entre las conductas por las que él es investigado y su condición de congresista. Sostienen que no se tratan de delitos propios sino comunes, es decir, que cualquier ciudadano -sea senador o no- puede cometerlos.

Más importante aun, sostienen, los delitos comunes bajo investigación en este caso no tienen ninguna relación con las funciones que podía tener Uribe dentro del Congreso. Lo que la justicia indaga es si Uribe, con ayuda de su abogado Diego Cadena, trató de llegar a personas en cárceles como Juan Guillermo Monsalve o los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés para obtener de ellos testimonios que fueran favorables para Uribe. Según la Corte, Uribe trató de conseguir esos testimonios a como diera lugar una vez se enteró de que la Corte iba a investigarlo, en febrero de 2018. (Seis principios y derechos que se le violaron al expresidente Uribe, según su defensa)

El abogado Diego Cadena también es investigado por este mismo asunto, y por los mismos delitos por los que Uribe está bajo la lupa de la justicia: soborno en actuación penal y fraude procesal. El litigante, al igual que el exsenador, se ha declarado inocente de los cargos imputados. La Fiscalía, sin embargo, asegura que Cadena le entregó no menos de $48 millones a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, quien le dijo a la Corte que el congresista Iván Cepeda se le había acercado en la cárcel para ofrecerle prebendas a cambio de que testificara contra Uribe, lo cual, se probó, era falso.

Otro testigo que habló en favor de Uribe fue la exparamilitar Eurícide Cortés, alias Diana. “Vélez y Cortés fueron encargados además de buscar más declarantes, utilizando para ello cualquier mecanismo”, anotó en su providencia la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Tanto Uribe como Cadena, sin embargo, niegan con vehemencia esos hechos. En su indagatoria, el exsenador Uribe dijo una y otra vez que su único interés era la búsqueda de la verdad, y que nunca intentó manipular a nadie para obtener un testimonio que lo beneficiara a él.

Para sus abogados, en varios de los documentos que se han proferido a lo largo de la investigación, incluido el del pasado 3 de agosto (en el que se resolvió su situación jurídica y se ordenó su detención domiciliaria), ha quedado en evidencia que los hechos bajo indagación no tienen nada que ver con las funciones que pudo tener Uribe como senador, las cuales incluyen tareas constituyentes (proponer o tramitar reformas a la Constitución) o legislativas (hacer los trámites correspondientes para modificar, crear o derogar una ley).

Otras funciones que tienen los congresistas son de protocolo (como tomarle el juramento al presidente de la República), judiciales (cuando un proceso de la Cámara de Representante a la Cámara pasa a la plenaria del Senado para que se apruebe o rechace la acusación), electorales (elección de altos funcionarios del Estado, como el procurador, que ocurrirá el próximo 27 de agosto en el Senado) o administrativas (que tienen que ver con el funcionamiento interno del Congreso). Los defensores del exsenador Uribe exponen que, en ese marco de ideas, el proceso en su contra nada tiene que ver con lo que hacía como congresista.

Por último, los defensores del expresidente alegaron que cuando este denunció a Iván Cepeda por primera vez, en 2012, no era aún congresista. Uribe llegó al Senado en 2014 y en 2018 repitió escaño en esa instancia, como el congresista más votado del país con más de 875.000 sufragios. Por eso, señalan que si bien algunos hechos materia de investigación se habrían dado cuando él ya era senador, el origen de todo este proceso se remonta a cuando él, en calidad de ciudadano, presentó una denuncia penal. El asunto está ahora en manos de la Sala de Instrucción, que este jueves tuvo sala pero no decidió nada con respecto a esta solicitud. (“Tutelatón” en favor del expresidente Álvaro Uribe no rinde frutos aún)