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¿Qué es lo que está pasando en el Bajo Cauca y en el departamento de Chocó?
En el área de operaciones de la Séptima División del Ejército hay una zona de interés criminal que es el corredor del crimen del norte (Norte de Santander, Santander, sur de Bolívar y entra hasta Antioquia, Córdoba y Chocó). Las zonas que nos competen son el nordeste de Antioquia, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba, la subregión del Urabá y el norte del departamento de Chocó. En estas tenemos presencia del Eln, con el frente de guerra Darío Ramírez Castro; de los residuales 18 y 36; Caparros o más conocidos como Caparrapos, y del Clan del Golfo o Gaitanistas, como lo conoce la población civil. Ellos están en una confrontación por tener el control de las rentas ilícitas, que son narcotráfico y extracción ilícita de minerales.
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Esto ha llevado a que también haya extorsión y que ellos busquen dominar la zona para salir con el producto de esas fuentes ilícitas a través de la subregión del Urabá al golfo de Urabá y de allí al mar Caribe. También se ha presentado que a través de Urabá pasan al Chocó y así salir por Bahía Solano y Curadó, que tienen costas en el océano Pacífico.
En Bojayá hubo unas alertas de la población y pareciera que la reacción del Ejército solo se dio hacia el final, cuando ya se estaba hablando de confinamientos...
Nosotros durante todo el año hicimos operaciones en el departamento del Chocó, precisamente atendiendo las recomendaciones del Ministerio Público. En el departamento tenemos un nivel táctico en el que las operaciones se miran por cifras y estadísticas. Nosotros en el Chocó tenemos tres grupos armados organizados, el primer grupo armado organizado es el Clan del Golfo, también está el Eln, y las disidencias. El Clan del Golfo fue la organización a la que más operativos se le hicieron y más resultados obtuvimos. Se lograron 90 capturas del Clan del Golfo, 14 sometidos a la justicia y se desarrollaron 21 combates y acciones tácticas. También al Eln en el Chocó le hicimos 40 capturas, 37 presentaciones voluntarias y 26 combates.
Obviamente la comunidad al finalizar el año tuvo unas preocupaciones, que generaron unas denuncias a través de organismos no gubernamentales y nosotros hicimos presencia en unos sectores cercanos a Bojayá para confirmar o desvirtuar. Eso nos generó una acción para asegurar a nuestra población civil, sobre todo la de Bojayá, que tiene en su recuerdo una violencia muy fuerte, por eso también destinamos una ayuda de desminado asistido, ya que hay una denuncia de que no se pueden mover de sus territorios porque hay presencia de artefactos explosivos (minas).
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Ocupamos militarmente cuatro poblados cercanos a la cabecera municipal de Bellavista: Pogué, Piedra Candela, Lomas de Bojayá y Corazón de Jesús. Estamos focalizados en Pogué, ya llevamos 12 días de estar haciendo este desminado asistido. Hemos hecho la revisión de más de 70.000 m2 con nuestros equipos especiales para detectar, encontrar y destruir artefactos explosivos y hasta el momento no hemos encontrado ninguno. Estamos en los sitios donde la población civil nos ha dicho. Seguimos revisando y solo vamos a parar hasta que le demos la plena confianza de que no hay minas a la población civil.
Las tropas están en Bellavista y en los otros cuatro poblados de Bojayá. Los estamos acompañando. El año pasado estábamos en operaciones en profundidad y ahora estamos ocupando centro poblados. Esta es la segunda parte de la estrategia que hemos diseñado para 4 años. La primera era hacer operaciones en profundidad (búsqueda y provocación y ocupar los territorios en los que no estábamos antes), la segunda parte ya es ocupar centros poblados.
Ustedes ya dejaron algunas topas instaladas en Bojayá, ¿qué otras medidas han tomado y que han encontrado esas tropas?Esas tropas lo primero que están haciendo en darle seguridad a la población, Eso es lo más importante. El concepto de seguridad tiene unas cosas tangibles y otras intangibles. Lo intangible es estar presente y que la población sienta la presencia de las tropas, por eso estamos en Bellavista, que es la cabecera municipal de Bojayá, y en los otros centros poblados. Lo tangible es que, en estos momentos, de lo que va de 2020, hemos logrado una entrega voluntaria del Eln, de la estructura Néstor Tulio Durán. Una persona que llega a la tropa y dice que quiere dejar de ser un bandido. También hemos tenido dos combates con el Clan del Golfo en Murindó y en Vigía del Fuerte. Allí hemos incautado material de guerra y material de intendencia.
Cuando ocurrió lo de Bojayá, se llegó a hablar de una connivencia del Ejército con los grupos irregulares...
Nosotros siempre actuamos respetando los derechos humanos y cumpliendo toda la normatividad del derecho internacional humanitario. Los objetivos militares de nosotros tienen que estar plenamente identificados. Son bandidos de las estructuras armadas que estén con un arma o con un uniforme, o que ataquen a la población civil o a las mismas tropas. Muchas de las personas de estos grupos actúan de civil, están sin armas y están mezcladas dentro de la población buena. Mientras no tengamos ninguna denuncia o señalamientos que lleven a un proceso judicial o a una orden de captura, pues nosotros no podemos capturarlas por el simple hecho de observarlas o alguien haberlas señalado.
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En estos ríos pasa mucha gente frente a los soldados, y hasta conversa con ellos. Pero mientras esa persona no tenga ningún requerimiento judicial, pues no podemos hacer nada contra él. De todas maneras, estas denuncias nosotros las estamos atendiendo. Por eso como comandante de la Séptima División del Ejército informé a la opinión que íbamos a adelantar todo un proceso de pruebas de credibilidad y confianza para nuestro personal, con el fin de que esas personas que pueden estar haciendo comportamientos ajenos a la institución sean llevados ante las autoridades correspondientes.
¿Qué ha pasado con esas pruebas? ¿Ya arrojaron algún resultado?
Esas pruebas se están elaborando en este momento y los resultados que han arrojado tienen un parte de confidencialidad interna, porque son pruebas en las que hay entrevistas con las personas. También estamos hablando con la población civil y las tropas para poder llegar a unos puntos claves. Son varias pruebas que se hacen durante cierto tiempo y esas pruebas nos llevarán a confirmar o desvirtuar las acusaciones. Lo que se confirme será enterado a las autoridades judiciales correspondientes. Esto es parte de la línea de transparencia institucional. Nosotros el año pasado también hicimos en varias partes investigaciones de estas pruebas, por presuntas irregularidades administrativas. Por posibles irregularidades administrativas la división lleva a cabo 13 investigaciones disciplinarias, que están en curo la investigación.
También le pedimos a la Fiscalía que nos acompañara en 6 procesos de hechos operacionales de nosotros. Todo dentro de una línea de transparencia total de todas nuestras actuaciones. Nosotros trimestralmente, a organismos no gubernamentales y a entidades de control del Estado les estamos rindiendo un informe de cuáles son nuestros resultados. Esa información se va al Ministerio Público, a la Fiscalía, a la ONU, al CICR y la OEA.
¿En qué consiste la Fuerza anunciada para el Bajo Cauca?
En el Bajo Cauca hay una unidad conjunta que es la que informó el Ministro de Defensa y es la que está desarrollando sus operaciones en 15 municipios: 7 municipios de Córdoba, 7 municipios del Bajo Cauca y un municipio del norte, que es Valdivia. Estas es un área de interés criminal donde hay unos grupos organizados del Eln, de los Caparrapos, del Clan del Golfo y del residual que están en confrontación por tener el control de la renta ilícita del narcotráfico. Nosotros el año pasado en el Bajo Cauca y Valdivia erradicamos más de 7.000 hectáreas, más 8.000 hectáreas erradicadas por la Policía, casi que son más de 15.000 hectáreas erradicadas en el Bajo Cauca por Fuerza Pública.
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Los habitantes del Bajo Cauca dicen que llega el Ejército, combate a los ilegales y, cuando se va, pues llega otro grupo a tomar el control...
La estrategia diseñada con el Gobierno Nacional es la de avanzar cada vez más en el control territorial. Por eso hemos diseñado un primer año, que fue 2019, de operaciones de profundidad en áreas donde no estaba presente el Ejército. Para este segundo año el plan es la ocupación de centros poblados. En eso estamos, queremos avanzar a centro poblados donde no hay autoridad, los llamamos los pueblos sin Dios y sin ley, porque ni siquiera tienen un representante religioso para siquiera le tengan temor a Dios.
Son pueblos que están amenazados por los grupos armados, que el fin de semana generan riñas, violencia y homicidio. Por eso este segundo año, y cumpliendo con ese plan estratégico de cuatro años, toca ocupar los centros poblados y caseríos. Vamos a llegar al nivel de que digan, el soldado de mi centro poblado, el soldado de mi caserío, el soldado de mi corregimiento. Siempre habrá presencia de un grupo de soldados con un grupo de policía para que se cumpla la seguridad ciudadana así sea de un centro poblado de 20 casas.
El Bajo Cauca, en los últimos meses, ha sido escenario de hechos macabros como decapitaciones, masacres, torturas, entre otros. ¿Cómo darle un parte de tranquilidad a esta población?
De 2018 a 2019 hubo un aumento en homicidios de más del 220 % en todos sus municipios. Todos doblaron los homicidios del año 2017. El presidente Duque, cuando vio este panorama, les ordenó a las autoridades hacer la campaña Aquiles. Después de un trabajo arduo, donde se presentaron combates en el Bajo Cauca y en el sur de Córdoba, tuvimos 83 combates, 440 capturas, 26 sometidos a la justicia, 23 presentaciones a la justicia voluntarias y 16 muertos en operaciones militares. Además, se erradicaron más de 10.000 hectáreas de coca y se incautaron más de 150 dragas para extracción de yacimientos mineros.
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En 2019 hubo una disminución de homicidios por encima de la rata nacional. En el Bajo Cauca la disminución fue del 7%. Para este 2020 se genera la presencia de grupos armados en los municipios del Bajo Cauca que generan preocupación en la población civil y por eso es este trabajo de la mano de la institucionalidad. En el Bajo Cauca vamos a ocupar 27 centros poblados para brindarle seguridad a la población civil. Tenemos una alta confiabilidad entre los antioqueños.
En los cascos urbanos estos grupos se ocultan al andar de civil. ¿Cuál es la estrategia?
La estrategia de esos centros poblados es hacer un control de población civil y en ese control de población civil es saber quién vive en cada centro poblado. Por eso es que tenemos que contar con la Policía, porque esto es una labor cívica. Le vamos a quitar los centros poblados a estos grupos armados porque ahí es donde se abastecen y hacen reclutamiento de menores -que es un crimen de guerra-. Por eso la estrategia es proteger cada vez más a nuestra población civil para que puedan hacer sus actividades básicas, para que pueda llegar la institucionalidad
¿Qué ha pasado con Otoniel?
Se están haciendo las operaciones militares para ubicarlo. Tarde que temprano caerá porque el que la hace, la paga. Ha sido difícil dar con él porque el Nudo de Paramillo, el Bajo Cauca y el Urabá son terrenos con bastantes dificultades. El relieve de Colombia es como cuando uno coge un papel, lo arruga y después lo suelta. Estamos haciendo las operaciones militares a pesar de ello. Una prueba es que el Clan del Golfo ha perdido todas sus cabecillas secundarias y terciarias.
¿En ese territorio del Bajo Cauca han tomado más fuerza los Caparros?
No hay ninguno que tenga más fuerza. El Bajo Cauca y el sur de Córdoba no son un problema coyuntural, sino estructural. El problema viene de hace 40 años. Primero vino el Epl, luego las Farc, las autodefensas, nuevamente las Farc, le siguieron los Rastrojos y los Paisas, y al final llegó el Clan del Golfo. Los Caparros son una disidencia del Clan del Golfo. Ellos están entre Tarazá y Cáceres, son lo que antes era el bloque Mineros de las Auc, con alias Cuco Vanoy y Macaco. Pero ahora se llaman Caparros. También está el Clan del Golfo, pero lo que hay que entender es que mientras haya coca, habrá violencia y grupos armados organizados.
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¿Cuál es la relación entre los grupos armados como el Clan del Golfo y las organizaciones criminales como la Oficina del Valle de Aburrá?
Esa parte es del organismo judicial, pero nosotros hemos podido evidenciar que hay un interés de grupos de delincuencia organizada con los grupos armados, y es porque todos están en la cadena del narcotráfico. Donde hay microtráfico, hay grupos delincuenciales, y donde hay producción de pasta de coca, pues hay relaciones entre grupos delincuenciales y grupos armados.
¿Eso fue lo que pasó en Bello el año pasado?
Lo que hubo en Bello fue grupos de delincuencia organizada que se disputaron las plazas de vicio y microtráfico. Situación que afrontó la Policía Nacional, con la asistencia militar del Ejército y el apoyo de Fiscalía, autoridades departamentales. Es igual a Medellín, que tiene una reducción de homicidio bastante alta.
Después de que estalló todo el escándalo de corrupción en la Cuarta Brigada, ¿qué acciones se han tomado desde la Séptima División?
Estos son procesos de irregularidades administrativas que se están investigando en la Fiscalía. La institución está colaborando con las investigaciones, tanto con la Fiscalía, como la Contraloría y Procuraduría. Tenemos una línea de transparencia en todos nuestros procedimientos. Por eso cada vez que hay una información o una queja de un proceso administrativo la misma Fuerza adelanta investigaciones. Actualmente estamos indagando 13 hechos irregulares que nos han informado.