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Según datos de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), el contrabando en Latinoamérica mueve recursos por un valor de USD $210.000 millones, equivalentes al 2% del PIB en América Latina. En el caso colombiano el fenómeno le cuesta al país US $4.899 millones, lo que representa el el mismo porcentaje del PIB nacional y se pierden alrededor de 200.000 trabajos formales, según la DIAN y la ANDI. A su vez, el Estado en 2018 dejó de percibir $3,9 billones, de los cuales $1,1 billón fueron en evasión de aranceles, y $2,8 billones por IVA.
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En la lucha contra esta actividad ilícita que perjudica en grandes proporciones la economía del país, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) viene trabajando para combatirla desde todos los frentes. Entre 2018 y 2019 se desarticularon 86 estructuras criminales, 47 en 2018 y 39 en 2019, con un saldo total en ese lapso de 468 personas.
Entre las operativos más importantes en este periodo está la operación Farmacostas, ejecutada en 2018, en la que se capturaron 17 personas dedicadas al contrabando de medicamentos en la costa Atlántica. En esta acción se decomisaron de 3.6 millones de fármacos, por un valor de $1.235 millones.
Ese mismo año, en la operación los 33, se logró capturar a 10 funcionarios públicos dedicados a facilitar el ingreso de mercancías de contrabando a través de la omisión de controles aduaneros, logrando una afectación al Estado por $840.000 millones. Para esta misma época la POLFA desarticuló la estructura criminal Los del Valle, integrada por siete personas que se dedicaban al contrabando de cigarrillos y licores, afectación económica al Estado por $574 mil millones.
En la operación Corraleros, se capturaron de 12 personas (entre ellos siete funcionarios públicos), dedicados al contrabando de ganado. Según las pesquisas de la POLFA esta estructura logró afectar económicamente al Estado por $2.200 millones.En la denominada operación Pharmakoncafe, captura de 09 personas quienes realizaron operaciones en el mercado negro farmacéutico por valor de $2.000 millones.
En el desmantelamiento de la estructura criminal Los Chatarritos, integrada por 14 personas (11 eran funcionarios públicos), dedicados a la comercialización de automotores y autopartes que tenían que ser chatarrizadas pero eran vendidas, logrando afectar al Estado por $5.000 millones.
Durante este año, uno de los golpes más importantes que dio la POLFA fue la captura de alias La Patrona, quien dirigía una red ilegal de ocho personas, quienes se dedicaban a la evasión del IVA en favor de grandes empresas, logrando afectar el Estado por $2,3 billones.
El otro gran operativo fue la captura de 16 personas (seis eran funcionarios públicos) que conformaban un grupo denominado como Los mercaderes de la muerte.el grupo criminal traficaba armas provenientes de Estados Unidos, movilizando aproximadamente 225 armas de fuego avaluadas en $1.700 millones. A esta red se le atribuye la venta de las armas que acabaron con la vida de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez, asesinada por las disidencias de las Farc.
En 2019, según la POLFA, se logró el decomiso de 103 millones de mercancías avaluadas en $237.920 millones, evidenciando un incremento del 11% en cantidad de mercancía ilegal con respecto al año anterior. Asimismo, entre 2018 y 2019 se logró la captura de 1.283 personas en flagrancia por contrabando y delitos conexos. Esta cifra se relaciona también con el aumento en decomisos de mercancías 2018 vs 2019: Textiles 337%, Insumos Industriales 245%, Cigarrillos 78%, Lencería 54%, juguetería 35%, celulares 10% y calzado 5%.
En cuanto al tráfico de armas la POLFA en los años 2018 y 2019 logró la incautación de 5.875 partes de armas, equivalentes a 765 unidades. La afectación a los eslabones del sistema de economía criminal para el año 2019 fue de 17% ingreso, 25% bodegaje, 45% distribución – transporte y 13% comercialización.
Sobre esta lucha contra el contrabando, el director de la Polfa, el general Juan Carlos Buitrago ha dicho que están "muy articulados con la Vicepresidencia; los ministerios de Comercio, Agricultura, Minas, Defensa y Hacienda; la DIAN, la Fiscalía General, el Instituto Colombiano Agropecuario, las gobernaciones y las alcaldías, entre otras instituciones del Estado. Además, pusimos en marcha un Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando. Estamos enfocados en atacar los eslabones más fuertes de este sistema de economía criminal, desarticulando las estructuras y persiguiendo su dinero y los bienes ilícitos en Colombia y el exterior”.