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El magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, apareció involucrado en el escándalo que hoy sacude al Meta: los supuestos sobornos a los magistrados del Tribunal Superior de ese departamento. Todo empieza con las revelaciones dadas por la Fiscalía en la audiencia de este lunes contra los funcionarios judiciales: Sofía Jiménez de Parrado, la mujer condenada a 52 años de cárcel por el asesinato de su esposo, Óscar William Parrado, su hijastro y dos personas más para quedarse con el emporio de los Autorrolings en el Meta, habría sido beneficiada por un juez de ejecución de penas de la región – protegido por uno de los magistrados investigados- para que recibiera el beneficio de casa por cárcel.
El ente investigador señaló que Jiménez habría pagado grandes sumas de dinero a funcionarios judiciales para que pudiera permanecer en su casa. Sin embargo, la primera esposa de Óscar William Parrado, Henny Yazmín Larrota, presentó ante las autoridades una tutela para que se ordenara enviarla a prisión, criticando que Jiménez mantuviera una activa vida social en Villavicencio a pesar de estar condenada. El 28 de enero de 2016, la Corte Suprema falló a favor de Larrota y pidió que la condenada Sofía Jiménez fuera trasladada a prisión. El alto tribunal señaló que no entendía “las razones por las cuales el juzgado de conocimiento no dio inmediato cumplimiento a su decisión, esto es, disponer el traslado de la sentenciada a un establecimiento carcelario”.
Sofía Jiménez impugnó la tutela señalando que la justicia no había tenido en cuenta que ella era madre de tres hijos menores de edad. El caso terminó en la Corte Constitucional, y ahí es donde figura el magistrado Alberto Rojas Ríos en esta historia. El alto funcionario les pidió a los magistrados de la Sala Cuarta de selección de tutelas, Gloría Stella Ortiz y Luis Guillermo Guerrero, que escogieran el proceso para estudiarlo, lo cual no pasó. Por eso, el 1° de abril de 2016, Rojas Ríos presentó una "insistencia en selección de tutela", en la cual resaltó que "este caso presenta alta relevancia constitucional debido al abandono y desprotección en que actualmente se encuentran tres menores de edad por la decisión de los jueces citados, que al revocar la sustitución de la detención preventiva en el lugar de residencia y disponer su traslado al centro de reclusión, separan a los niños de su madre".
En la edición de este miércoles 12 de julio, el periódico El Tiempo reveló que Rojas Ríos le había enviado una comunicación a una sala de revisión de la Corte Constitucional para que seleccionara el caso de Jiménez y tumbara la orden de prisión emitida en contra de la condenada mujer. El magistrado, en un documento de 12 páginas, argumentó que con el envío de la mujer a prisión se estaría afectando los derechos de sus tres hijos -dos de los cuales tuvo con Smith Bayardo Parra, condenado por el mismo crimen que ella- y el principio de prevalencia del interés superior del menor. “Es mi obligación advertir que en este asunto se está cometiendo una grave vulneración de los derechos fundamentales de los menores de edad, hijos de la acusada, quienes requieren con urgencia y prontitud la presencia de su madre para tener un desarrollo armónico y pleno”, sostuvo Rojas Ríos.
Ahora que se supo que tres magistrados del Tribunal Superior del Meta (Fausto Rubén Díaz, Alcibiades Vargas y Joel Darío Trejos) habrían recibido $150 millones de parte de Sofía Jiménez para "arreglar" su condena, cae un manto de duda sobre la insistencia de Rojas Ríos en seleccionar la tutela de Jiménez y en darle detención domiciliaria a quien estaba condenada a 39 años de prisión por homicidio.
En primera sentencia, Jiménez solo fue hallada culpable por el asesinato de su hijastro, Óscar Steven Parrado. Sin embargo, hace una semana, el mismo Tribunal de Villavicencio -a la par que enfrentaba este escándalo mayúsculo de corrupción- aumentó su condena de 39 a 52 años de prisión y aseguró que ella también fue la determinadora de las muertes de su esposo, de Iván Rodrigo Parrado Aquine, de Jorge Enrique Mora Clavijo y la tentativa de homicidio de Freddy Ricardo Iregui, con quien habría tratado de obtener información privada de la empresa Autorrolings.
A lo largo de esta mañana, El Espectador ha intentado comunicarse con el magistrado Alberto Rojas Ríos. Su teléfono, hasta ahora, suena apagado.