El carrusel se reactiva

Los nuevos frentes de investigación de la justicia se concentran en la Empresa de Acueducto, la Secretaría de Integración Social, el Fondo de Vigilancia e Idiprón.

El concejal Antonio Sanguino. El cabildante Javier Palacio. Javier Salamanca del Partido Liberal. Los primos Manuel, Miguel y Guido Nule reactivaron su colaboración. / Fiscalía

Además de las delaciones del detenido exsecretario de Salud Héctor Zambrano, quien acusó al concejal Jorge Ernesto Salamanca de haber recibido $500 millones en coimas del contrato por $67.000 millones de las ambulancias en 2009, los testigos Emilio Tapia y Manuel Sánchez ya prendieron su ventilador en contra del cabildante liberal que sigue insistiendo en su inocencia. Y, por lo que ha constatado El Espectador, la supuesta comisión que recibió por las ambulancias sería el menor de sus problemas. Hoy se investiga su injerencia en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud.

En concreto, según le dijo uno de los testigos a este diario, Salamanca se apoderó de la entidad que durante casi cuatro décadas manejó el padre Javier de Nicoló y fue obligado a renunciar en el año 2008 en tiempos de la alcaldía de Samuel Moreno Rojas para supuestamente satisfacer el apetito burocrático de Salamanca y sus recomendados. El contratista Julio Gómez ya dio pistas sobre cómo el carrusel se tomó el Instituto para apropiarse de toda la tajada de contratación, que durante el cuatrienio de Moreno llegó a superar los $600.000 millones. “Sacaron al padre a escobazos, diciendo que ya era muy viejo, pues tenía casi 80 años, pero la realidad era que necesitaban pagarle al cartel con el control de la entidad”, declaró la misma fuente a El Espectador.

Emilio Tapia ya empezó a declarar sobre los nexos de Salamanca con la Empresa de Acueducto de Bogotá. Tapia mencionó reuniones entre Salamanca y Andrés Cardona, un señalado enlace del carrusel que manejaba toda la contratación allí. Varios de esos encuentros se dieron, aseguró Tapia, en el Club de Ingenieros de la capital, que queda en la zona de Teusaquillo. La Fiscalía indaga si, como ya anticiparon varios implicados, Salamanca habría recibido varios contratos de menos de $500 millones para favorecer empresas de sus amigos u otros de mayor valor que tuvieron que hacerse mediante licitación, pero que en realidad se entregaban a dedo.

Pero quizás el mayor énfasis de los testigos ha girado en torno al proyecto de Ciudad Salud, que ha venido liderando Salamanca desde la administración de Luis Eduardo Garzón. Un plan que pretende desarrollar en una zona estratégica del centro de Bogotá un gran complejo de hospitales para la atención ciudadana. Según los declarantes, Salamanca contó con la bendición del entonces gerente de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), Diego Muriel, para que la gerencia de ese proyecto la realizara una firma española de su confianza. El contrato para adelantar los estudios de este megaproyecto de salud fue de $4.600 millones, “pero dónde está el dinero en su ejecución, aún embolatada y que se calcula podría tener un valor de US$760 millones”. Lo que se buscaba era amarrar la futura licitación.

Asimismo, la Fiscalía avanza en declaraciones, documentos contables y otras pruebas que relacionarían al concejal Javier Palacio como otro de los beneficiados por la mermelada del carrusel. Concretamente se indagan varios contratos de menos de $500 millones entregados a recomendados suyos en el Acueducto; en la Secretaría de Integración Social se revisa con lupa si fue beneficiaria a través de firmas que él promovía para ejecutar la construcción de comedores escolares, y en el Fondo de Vigilancia su presunta injerencia en la entrega del contrato de las cámaras de vigilancia cuyo valor fue superior a los $40.000 millones. Tanto Palacio como Salamanca se han declarado inocentes y ajenos a cualquier movida del carrusel de la contratación.

Este diario también conoció que ya existen informes del CTI de la Fiscalía sobre los múltiples convenios interadministrativos entre varias cooperativas y empresas relacionadas con el concejal Édgar Torrado y su hermano, el senador Efraín. Tal parece que durante la administración de Samuel Moreno se les otorgaron contratos de raciones alimenticias para comedores comunitarios por más de $220.000 millones. Los Torrado han advertido que jamás incurrieron en irregularidades. De igual manera, el concejal Antonio Sanguino deberá ampliar su interrogatorio ante la Fiscalía el 5 de diciembre para explicar varios señalamientos que lo relacionan con manejo de contratación y con el hospital de Usme.

El ventilador que volvieron a encender los primos Manuel, Miguel y Guido Nule será fundamental para probar responsabilidades en los juicios contra el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi, la exdirectora del IDU Liliana Pardo, el exalcalde Samuel Moreno, su hermano el detenido exsenador Iván Moreno y contra el abogado Álvaro Dávila. De hecho, esta semana declararon que tan sólo en la calle 26 se perdieron US$100 millones por la mano larga del cartel. Además, explicaron que se repotenciaron contratos ilegalmente, recibieron presiones y exigencias para obtener estos negocios, que repartieron comisiones a granel y que el alcalde Moreno todo lo sabía.

Las conversaciones entre los Nule y la Fiscalía para buscar un nuevo acuerdo por sus delaciones volvieron a reactivarse en el último mes y se da por descontado que confesarán todas las irregularidades que cometieron en la contratación nacional —suscribieron unos 1.900—. La próxima semana uno de los testigos estelares en el caso del carrusel entregará a la Fiscalía detalles sobre comisiones que en total sumarían $40.000 millones en contratos de gestión de agua del Acueducto que fueron entregados por el entonces gerente de esa entidad, Édgar Ruiz. Además, el ente acusador evalúa la participación del exsecretario de la Alcaldía Yuri Chillán como delegado en la junta directiva del Acueducto en la repartija de contratos a dedo para beneficiar a concejales que el Palacio Liévano necesitara aceitar.

Por lo pronto, esta es la radiografía de las investigaciones por el carrusel. El concejal Ómar Mejía fue citado a imputación el próximo 3 de diciembre por el caso de las ambulancias y se espera que esta semana se defina la imputación en contra del concejal Orlando Parada, investigado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y tráfico de influencias (ver recuadro). La Fiscalía está empeñada en demostrar que el caso del carrusel va más allá del contrato de las ambulancias o del desfalco en la calle 26 y obras de valorización. Ahora sus frentes de investigación se concentran en el Acueducto, la Secretaría de Integración Social, el Fondo de Vigilancia e Idiprón, la entidad que le fue arrebatada al padre Javier de Nicoló.

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