:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/919w7A748-i7yCfV92tQmMPd-6s=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/JFTKEXMLRZCBFORSS4P35K2LIM.jpg)
El pasado 18 de diciembre funcionarios de policía judicial de la Procuraduría llegaron al Cantón de Comunicaciones del Ejército en Facatativá (Cundinamarca) a registrar las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia (Bacib). La diligencia, ordenada por la magistrada de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, Cristina Lombana, tenía como fin recabar pruebas de un caso de interceptaciones ilegales que llega hasta las más altas esferas del poder: una indagación preliminar que adelanta el alto tribunal contra el expresidente y senador Álvaro Uribe por el escándalo de “chuzadas” que protagonizó el hacker Andrés Sepúlveda.
(Lea también: El nuevo escándalo de chuzadas que opaca al Ejército)
El caso que indaga la Corte y por el que se dio el operativo no está relacionado directamente con la investigación que la revista Semana publicó en los últimos días, según la cual en 2019 se habría ordenado realizar múltiples interceptaciones de comunicaciones sin ningún tipo de orden ni justificación legal. Entre las víctimas estarían Roy Barreras, senador del Partido de la U; Camilo Romero, exgobernador de Nariño; y la propia Cristina Lombana. El caso por el que viene siendo indagado el senador Uribe, por el contrario, es de vieja data: se trata de la investigación preliminar por los señalamientos que hiciera en su contra Sepúlveda en 2015.
El escándalo del hacker se remonta a la campaña presidencial de 2014, que lideraron desde orillas distintas el expresidente Juan Manuel Santos y el entonces candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Según el ‘hacker’, miembros de dicha campaña presidencial y del partido político le entregaron sumas de dinero para que iniciara estrategias dirigidas a atacar la imagen tanto del proceso de paz como del candidato-presidente Santos. Para esto, incluso utilizó un software que le entregó la Policía Nacional con el fin de crear un ataque sistemático en las redes sociales y en los foros de los medios de comunicación.
(Le puede interesar: Corte Suprema pide investigación "especial", tras denuncia de "chuzadas" desde el Ejército)
Además de la publicación de datos reservados sobre los comandantes guerrilleros con la finalidad de atacar los acuerdos firmados en La Habana. En su declaración, Sepúlveda Ardila aseguró que recibió en diferentes oportunidades en su oficina a Zuluaga y el asesor espiritual de la campaña, Luis Alfonso Hoyos, quienes supuestamente daban órdenes sobre las estrategias que se debían implementar en las elecciones y conocer un informe sobre las acciones dirigidas a dañar la imagen del contrincante. Asimismo, enlodó en sus declaraciones a Uribe, contra quien, a raíz de los señalamientos, la Corte Suprema abrió un expediente.
La indagación preliminar le correspondió al entonces magistrado de la Sala Penal José Luis Barceló, quien citó a declarar al senador en 2015. Luego de dos horas de declaración ante el alto tribunal y tras entregarle un memorial de 77 puntos al togado, Uribe dijo a los medios, a la salida de la Corte, que “Óscar Iván no buscó a un delincuente” y que “el ingrediente político (en el caso) con amenazantes repercusiones judiciales se utilizó para infiltrar la campaña de Zuluaga, para frenar su triunfo, sin importar que se mancillara la buena honra de su familia y de su persona”.