El caso que enreda a un condecorado general

En el marco de una investigación por falsos positivos en Antioquia, la Fiscalía ordenó la plena identificación del oficial para vincularlo al proceso. Aún no ha sido llamado a indagatoria. El alto oficial se defiende.

Desde septiembre de 2008 se han conocido múltiples casos de falsos positivos en todo el país. Fiscalía aún tiene más de mil procesos de esta naturaleza.  / EFE
Desde septiembre de 2008 se han conocido múltiples casos de falsos positivos en todo el país. Fiscalía aún tiene más de mil procesos de esta naturaleza. / EFE

Casi siete años llevan las familias de Yamir Verbel Paternina y Jorge Eliécer Barbosa Reales intentando esclarecer cuál fue la suerte que corrieron los suyos. El 8 de mayo de 2006, ambos hombres salieron de sus casas porque habían sido voluntariamente reclutados —así se lo manifestaron a sus parientes— por los paramilitares. Esa fue la última vez que fueron vistos con vida. La Fiscalía está convencida de que sus muertes, ocurridas el 10 de mayo de ese año, fueron ejecuciones arbitrarias cometidas por miembros del Ejército. Y esta investigación, aún en curso, enreda hoy al actual jefe de Planeación y Transformación del Ejército, general Jorge Arturo Salgado Restrepo.

En julio del año pasado la Fiscalía ordenó la detención de 22 suboficiales que, en mayo de 2006, pertenecían a la compañía Halcón, del Batallón de Ingenieros N° 17 ‘General Carlos Bejarano Muñoz’. Según el organismo investigador, Verbel Paternina y Barbosa Reales fueron asesinados en un combate que nunca tuvo lugar y, posteriormente, fueron enterrados como NN en el cementerio de Dabeiba (Antioquia). De acuerdo con la mayoría de los involucrados, el enfrentamiento fue cierto. Pero entre 2011 y diciembre de 2012 dos de ellos declararon bajo la gravedad del juramento que sí se había tratado de un homicidio a sangre fría. Para la Fiscalía, llamar a indagatoria al general Salgado es el próximo paso.

El crimen

Los cuerpos de Yamir Verbel Paternina y Jorge Eliécer Barbosa Reales fueron encontrados el 10 de mayo de 2006 en la vereda de Chichiridó, de Dabeiba. Tenían fusiles M-16, cartuchos y proveedores. Las necropsias confirmaron que ambos murieron por proyectiles de armas de fuego. El mismo día que los cadáveres fueron hallados, la compañía Halcón registró como resultado operacional las muertes de estos hombres como bajas en combate: los presentaron como extorsionistas del frente 57 de las Farc. Los militares los enterraron como NN y se mantuvieron en la versión del combate ante los primeros que los investigaron, que fueron funcionarios de la Justicia Penal Militar.

El Juzgado 109 de Instrucción Penal Militar, sin embargo, encontró vacíos en los relatos de los militares y el expediente pasó a manos de un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, quien hoy asegura que los militares alteraron la escena del crimen para acomodarla a su versión. Con base en las declaraciones de los familiares de Verbel y Barbosa, la Fiscalía estableció que ambos hombres habían dejado sus hogares en el oprimido barrio cartagenero de El Pozón bajo engaños y creyendo “que nadie se preocuparía por ellos (porque parecía) como que no tuvieran familia”, y resultaron siendo “carne de cañón” de la compañía Halcón.

Pero los jóvenes sí tenían dolientes. Esos mismos familiares que los reportaron como desaparecidos le contaron a la Fiscalía que el soldado profesional Eduardo Hernández Gómez, amigo de toda la vida de las víctimas, era quien había servido de supuesto enlace entre ellos y los grupos paramilitares. El organismo investigador asumió que él había sido el ‘reclutador’, pero Hernández Gómez, inicialmente, lo negó. Y un día, después de pedir perdón a los familiares de las víctimas, contó que el comandante de la compañía Halcón, un subteniente llamado Juan Esteban Muñoz Montoya, le había pedido que le enviara “algunos muchachos interesados en irse para los paramilitares”.

Según la narración de Hernández Gómez, él los envió para Carepa y unos días después el subteniente le aseguró que estaban muertos. Un informe pericial confirmó que ambos tenían un alto nivel de alcohol en la sangre al momento de fallecer. Inicialmente, el soldado Hernández había optado por el silencio. Pero el 24 de julio del año pasado le dijo al fiscal del caso que lo visitó en el centro de reclusión militar de Bello (Antioquia) uno de sus excompañeros de la compañía Halcón y le advirtió que “tuviera mucho cuidado”. Hernández le pidió a la Fiscalía protección para su familia a cambio de sus delaciones.

El rol del general

La tesis de la Fiscalía es que los soldados comprometidos en estos asesinatos no actuaron sin el respaldo de sus oficiales: “El modus operandi requería un alto grado de sincronización dentro de las altas jerarquías institucionales del Ejército”, señaló el organismo. Según la Fiscalía, el general Jorge Salgado Restrepo (en esa época teniente coronel) fue quien suscribió la orden de operaciones ‘Fenomenal - misión táctica Máximo’ y ése fue un indicio suficiente para pedir que el general, junto con dos oficiales que trabajaban con él en el batallón —Alexánder González y Germán López— fueran identificados para poder ser vinculados al proceso. Así se lee en la decisión de la Fiscalía de julio de 2012 conocida por El Espectador.

“Mientras yo fui comandante del Batallón de Ingenieros N° 17 ‘General Carlos Bejarano Muñoz’ nunca tuvimos una sola investigación por falsos positivos. De hecho, esta es la primera en la que aparezco mencionado en toda mi vida”, aseveró el alto oficial en entrevista con este diario. Y agregó: “Yo fui quien pidió la baja del coronel Luis Fernando Borja del Ejército. Yo era su superior en la Brigada XI del Ejército, hice las investigaciones disciplinarias y me di cuenta de que él debía salir de la institución”. Borja es el oficial de más alto rango que ha aceptado su participación en falsos positivos y a la fecha ha confesado más de 50 casos.

Cuando se conoció la decisión de la Fiscalía de julio pasado, Salgado hacía curso para ser ascendido a general. Sus superiores, enterados del complejo asunto, le pidieron que se comunicara con el organismo investigativo y éste, el pasado 1° de octubre, le envió una comunicación en la que aseguraba que Salgado no había sido vinculado formalmente a la investigación por la muerte de los jóvenes de El Pozón. Pero en diciembre 10 de 2012 el soldado Carlos Arturo Sierra, que había llegado a la compañía Halcón en la segunda semana de junio de 2006, declaró bajo juramento que Salgado los había citado a él y a un teniente de apellido Zuluaga “para decirnos la forma que él (el hoy general Salgado) quería que trabajáramos (...) que si era necesario se hacía legalización o falsos positivos”.

En contraste, el oficial sostuvo: “Yo entregué el batallón el 1° de junio de 2006. Es decir que para la fecha en que ese soldado dice haber llegado a la compañía Halcón, yo ya no era el comandante. Además, suena ilógico que si yo quisiera hacer falsos positivos lo hubiera llamado a él, un miembro nuevo de la unidad, a decirle explícitamente que quería que cometiera crímenes, ¿no? Esto es para morirse de susto: el prestigio de uno, la carrera de toda la vida, todo se puede caer con este tipo de testimonios y uno termina condenado a 40 años de cárcel. Yo estoy completamente disponible para la justicia, pero de la Fiscalía espero transparencia”.

En Twitter: @dicaduran y @jdlaverde9