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Si hay un caso representativo de las desapariciones forzadas que se ejecutaron en los años 80 es el de Guillermo Marín, un militante del M-19 que fue secuestrado el 8 de abril de 1986 en el centro de Bogotá y trasladado a la sede del batallón Charry Solano, donde lo torturaron por información. La intención era desaparecerlo. Lo llevaron a un lugar despoblado, le dispararon y lo abandonaron a su suerte. Pero Marín sobrevivió. Una serie de circunstancias permitieron establecer la conexión que había entre el crimen y algunos militares y ahora, 27 años después, un coronel y un sargento en retiro, Camilo Pulecio Tovar y Gustavo Arévalo Moreno, son acusados de haber participado en el delito, declarado ya de lesa humanidad.
De acuerdo con una decisión reciente del Tribunal Superior de Bogotá, Pulecio y Arévalo deberán ser recapturados y la acusación por su presunta responsabilidad en el caso Marín se mantendrá en pie. La Fiscalía abrió el expediente en contra de ambos en marzo de 2009 y los llamó a juicio el 12 de noviembre de 2010 por los cargos de secuestro extorsivo, tortura y tentativa de homicidio. Pero diez meses más tarde, el 5 de septiembre de 2011, el Juzgado Sexto Penal Especializado de Bogotá “declaró la prescripción de la acción penal”. Es decir, señaló que al Estado se le había agotado el tiempo para investigar el crimen de Guillermo Marín. El Tribunal Superior de Bogotá, sin embargo, consideró lo contrario.
Marín, envuelto en un costal y amarrado de pies y manos, recibió dos disparos. El mismo número de balas entró en el cuerpo de Antonio Hernández, el director de la revista Solidaridad, que en la noche de ese 8 de abril de 1986 se encontraba reunido con Marín y otras personas en la sede de la Juventud de Trabajadores. Hernández, sin embargo, no sobrevivió y su cuerpo fue hallado al siguiente día en un basurero. Y la razón por la cual algunos miembros de inteligencia militar pertenecientes al batallón Charry Solano sabían que Guillermo Marín era un militante del M-19 tenía nombre propio: Bernardo Garzón Garzón, un sargento que estaba bajo las órdenes de Iván Ramírez, como lo estaban Pulecio y Arévalo.
Garzón Garzón, en junio de 1985 —cinco meses antes de la toma del Palacio de Justicia y diez meses antes del secuestro de Marín y del periodista Hernández—, se había infiltrado en las filas del M-19, en el grupo de un líder guerrillero llamado José Cuesta. Lo llamaban Lucas. “De lejos el mejor, el más dotado, el más avezado, dueño de una frialdad abrumadora”, lo describió Cuesta en su libro A dónde van los desaparecidos. El M-19 no tardó mucho en darse cuenta de que Lucas era un sargento del Charry Solano y, por eso, cuando Cuesta lo vio cerca de la sede de la Juventud de Trabajadores le avisó a Guillermo Marín que los iban a allanar. Eso era lo que Cuesta y Marín creían que iba a pasar.
El exilio fue su decisión final. Con la protección de Amnistía Internacional, Marín se fue para Londres, no sin antes hablar con José Cuesta para confirmarle lo que éste ya temía: “Fue Lucas”. Cuesta intentó desaparecer del radar de los militares por un tiempo, pero 20 días después de que el M-19 secuestrara al político conservador Álvaro Gómez Hurtado (29 de mayo de 1988), Lucas dio con Cuesta en Bogotá. Lo retuvo 14 días durante los cuales le ofreció dejar de torturarlo a cambio de delaciones. De no ser porque el M-19 exigió el retorno de Cuesta como condición para liberar a Gómez Hurtado, probablemente no habría vivido para contarlo.
En 1990, ese mismo infiltrado que el M-19 conocía como Lucas se convirtió en testigo clave de la justicia colombiana. Gracias a sus revelaciones se hallaron los restos de Nidia Érika Bautista, otro caso emblemático de una militante del M-19 desaparecida forzosamente. Años más tarde Garzón Garzón intentó retractarse, pero era demasiado tarde: sus palabras se habían convertido en verdad probada a través de pesquisas judiciales. Entonces el sargento (r) se evaporó de la faz de la tierra. En 2010, un fiscal de derechos humanos le pidió a la Policía que tramitara una circular roja de la Interpol en contra de Garzón Garzón, pero, de acuerdo con la base de datos de la Interpol, actualmente tal circular no está emitida.
Aun así las declaraciones de Garzón Garzón resultaron ser una pieza fundamental en las indagaciones por los desapariciones del Palacio de Justicia. De hecho, el sargento (r) Gustavo Arévalo Moreno, hoy llamado a juicio por el caso de Guillermo Marín, también fue procesado por esas desapariciones, junto con el general (r) Iván Ramírez Quintero, quien para esa época lideraba el comando de inteligencia y contrainteligencia del batallón Charry Solano. Arévalo y Ramírez fueron absueltos en primera instancia en 2011.
Así, con la velocidad con que se mueve un caracol, la justicia colombiana sigue intentando esclarecer los actos lúgubres protagonizados por miembros del batallón Charry Solano del Ejército en los años 80. Esta unidad militar de inteligencia sobrevivió inicialmente a las acusaciones de violaciones de los derechos humanos cambiando de nombre: Brigada XX. Para 1998, sin embargo, hasta la Embajada de Estados Unidos la había señalado de conformar escuadrones de la muerte y los comandos militares tomaron la decisión de disolverla y replantear la manera como el Ejército hacía labores de inteligencia. Las actuaciones de algunos de sus exintegrantes, no obstante, siguen en el radar de la justicia.