Exfiscal y policía (r) William Pacheco, enfrentaría juicio por desaparición forzada

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El teniente coronel (r) William Gildardo Pacheco Granados, cuestionado por sus actuaciones contra líderes de izquierda como David Rabelo y Aristides Andrade, fue acusado a finales del año pasado por desaparición forzada. La decisión todavía no está en firme, pero este diario conoció detalles del expediente.

“No me mate, teniente Pacheco”. Según un puñado de testigos, esas fueron las últimas palabras de Guillermo Hurtado Parra la noche del 6 de marzo de 1991, antes de que desconocidos lo subieran a la fuerza a un carro en Armenia para no volver a ser visto. La Fiscalía tiene fuertes indicios de que en su pedido de auxilio el hombre se refería al teniente coronel (r) William Gildardo Pacheco Granados, entonces comandante del Primer Distrito de Policía de la capital del Quindío. Por eso, el ente investigador decidió llamarlo a juicio por desaparición forzada a finales de 2020, decisión que él apeló y que está pendiente de ser revisada.

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El Espectador conoció la acusación de primera instancia, que en 106 páginas reconstruye cómo fue que, sobre el mediodía de ese 6 de marzo, el teniente (r) Pacheco llegó al billar Luna Park, en el sur de Armenia, y, tras pedirles la cédula a todos los presentes, se llevó detenido a Hurtado Parra para “una investigación”. Según el documento, aunque no era usual que un comandante de Policía realizara una detención, el uniformado condujo al joven a la subestación Santander y, sin registrarlo en los libros, lo dejó en un calabozo. Hacia las nueve de la noche Hurtado quedó libre, pero a escasos pasos de la puerta lo alcanzaron sus captores, mientras unos cinco testigos veían toda la escena.

Ahora, tras casi 30 años del rapto, la Fiscalía concluyó que “la detención de Hurtado Parra en el billar y la conducción a la subestación Santander fue un medio para facilitar su desaparición”. Y las huellas que serían de la mano negra del oficial (r) están en todo el expediente. De hecho, los indicios de una participación de Pacheco están demostrados hace años, pues por este mismo caso la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó en 1992 y la justicia militar lo condenó por detención arbitraria en 1993. Muy a pesar de su prontuario, el uniformado en retiro logró ejercer como fiscal, y hasta llegó a trabajar en el Congreso y en el Consejo Nacional Electoral, como reveló el periodista Daniel Coronell hace algunos años.

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Como fiscal, aun con múltiples cuestionamientos encima, procesó al congresista Aristides Andrade -hoy absuelto- y al líder de la Unión Patriótica David Rabelo -a quien la JEP le cerró la puerta-, con base en el testimonio de Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, que los vinculó falsamente con grupos paramilitares. Además, la Corte Suprema ordenó investigarlo disciplinariamente por no actuar con debida diligencia en la Fiscalía para judicializar los crímenes de Jorge 40, entre los que estaba, por ejemplo, el Pacto de Chivolo, firmado con políticos del Magdalena como José Domingo Dávila, en cuya UTL terminó trabajando el propio Pacheco Granados.

“¿Cuál sería la finalidad o qué se pretendía al no registrar en libros la estadía de Guillermo Hurtado Parra en la subestación Santander?”, es una de las preguntas que se hace la Fiscalía en la acusación. Según pudo establecer el ente investigador, días antes de su desaparición, a Hurtado se le varó la moto en zona rural de Armenia cuando de repente escuchó disparos y, posteriormente, de un cañaduzal al pie de la carretera salió un grupo de policías. Tras preguntarle quién era y, luego de que uno de ellos lo reconociera, lo dejaron ir. “Cuando pudo volver a arrancar, miró para atrás y vio a una persona tirada en el piso y oía los quejidos”, contó su madre.

La mamá de Hurtado comentó que le dijo a su hijo que no dijera nada, pero él le contó del posible asesinato que había presenciado a varios conocidos. En su defensa, el teniente coronel (r) Pacheco dijo en su indagatoria que Hurtado “respondía a la descripción física” de un sospechoso de robos recientes en el sector; que se lo llevó a la subestación “para verificar antecedentes” y que él mismo dio la orden de liberarlo. El uniformado dijo, además, que cuando el joven no apareció esa noche y su madre llegó a la subestación denunciando que se lo habían llevado en un carro y que lo escucharon gritando el nombre de Pacheco, él mismo pidió investigar lo sucedido porque “eso le estaba afectando su imagen”.

Pero hubo otros elementos que el expolicía no consideró en su versión: la familia de Hurtado cuenta que lo vieron esa noche en la subestación vestido de civil y con una camiseta blanca; mismo color que, según varios testigos, usaba una de las personas que forzó al joven a subirse al carro. “En tres escenarios distintos, diferentes personas han señalado a un hombre que viste una prenda blanca y no puede tratarse de nadie más que el teniente William Gildardo Pacheco”, señaló la Fiscalía en la acusación, “pues los testigos refieren que la persona que vestía la prenda blanca es la misma a la que la víctima aludía como teniente (coronel)”.

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También fueron claves los testimonios de quien era el conductor de Pacheco y del dragoneante que estaba de turno cuando Hurtado fue dejado en libertad. El primero contó que, luego de dejar a su jefe en la subestación, vio un carro merodeando la zona sobre las nueve de la noche y que el vehículo era igual a los que utilizaba la Sijín entonces, dato que conocía pues él mismo trabajó en esa dependencia. El otro testigo contó que, minutos antes de que Pacheco ordenara dejar en libertad al joven, hicieron presencia en la subestación agentes de la Sijín que estaban vestidos de civil, a los que reconoció. Estas personas se esfumaron tan pronto Hurtado salió del calabozo.

Todo esto llevó a la Fiscalía a concluir que el oficial (r) Pacheco “tiene comprometida su responsabilidad en los hechos acaecidos a partir del 6 de marzo de 1991 en la ciudad de Armenia, por la desaparición forzada agravada de Guillermo Hurtado Parra” y que, a pesar de los intentos, él y su defensa “no desvirtuaron ninguna de las pruebas que reposan en su contra”. Así las cosas, fue llamado a juicio en noviembre de 2020, decisión que apeló. Ahora un fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá deberá decidir si ratifica o no el llamado a juicio a este expolicía y exfiscal, contra quien pululan las denuncias en cada cargo que ha ocupado.

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