Así sería el Comité que propone el Gobierno para el sometimiento de miembros de los GAO

La Fuerza Pública afirma que en la región de Urabá existen aproximadamente cuatro mil integrantes del Clan del Golfo. / Archivo.

El pasado 28 de abril, el presidente Iván Duque, anunció la creación de un decreto que permita desmontar las estructuras armadas en el país. Luego de romper las negociaciones con el ELN en enero de 2019, con el decreto de sometimiento individual a la justicia el Gobierno le abre la puerta a los miembros de los Grupos Armados Organizados (GAO) que voluntariamente quieran desvincularse de la vida criminal. La hoja de ruta está especificada en el borrador que el Ministerio de Justicia dio a conocer para que durante 15 días la ciudadanía haga comentarios.

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El documento de once paginas traza los lineamientos con que funcionará la norma y, además, plantea la creación de un comité especializado que certifique una vinculación a algún grupo y haga efectivo los beneficios. Se trata del Comité Comité Interinstitucional de Sometimiento Individual a la Legalidad (CISIL) que estaría conformado por un delegado del Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Fiscalía y Defensoría del Pueblo. Asimismo, un delegado del director de la Agencia para la Reincorporación (ARN) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

De acuerdo con el borrador de la norma, “el Comité Interinstitucional de Sometimiento Individual a la Legalidad –CISIL-, dispondrá de un término de treinta (30) días hábiles contados desde la fecha en la cual se recibe la documentación por parte del Ministerio de Defensa Nacional para determinar sobre la certificación de la persona presentada del GAO”. Asimismo, el Comité podrá invitar a otras instituciones y organizaciones para la discusión de los temas, pero estas no tendrán voto en las decisiones.

Es el caso de la Oficina Alto Comisionado para la Paz que, al contrario de lo que se había dicho, “participará permanentemente en cada sesión del Comité con voz y sin voto”, y no tendrá facultad de verificar la voluntad de paz de los que se acojan al decreto. La decisión y la verificación estará en manos de los miembros del Comité con voz y voto.

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Con la norma el Gobierno busca desmantelar de a pocos a estas estructuras armadas y debilitar las rutas que las financian. Para lograrlo, ofrece a los miembros de los GAO beneficios económicos que cobijarían a sus familias. Según el documento, “el integrante del GAO, podrá recibir mensualmente un apoyo económico de hasta cuatrocientos ochenta mil pesos ($480.000) de conformidad con el cumplimiento de los requisitos que establezca la ARN”.

También se planteó que la Agencia para a Reincorporación y la Normalización (ARN), “adquirirá previa disponibilidad presupuestal, un seguro de vida para el exintegrante de GAO certificado por el CISIL con una cobertura de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el término de un (1) año contado a partir de la fecha en que la persona sea certificada por el CISIL”. Asimismo, quienes colaboren entregando información o armamento de estos grupos obtendrán una recompensa económica.

De acuerdo con el borrador, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se encargarán de dirigir los recursos necesarios para poner en marcha la norma. El Gobierno puso en conocimiento las directrices que empezarían a regir un mes después de la expedición del decreto, esto en virtud de recibir propuestas ciudadanas. Estás podrán ser enviadas hasta el 28 de mayo, no obstante, desde que se mencionó la medida los comentarios no se han hecho esperar.

Pablo Beltrán, negociador y miembro del Comando Central del ELN, rechazó desde Cuba (país donde se encuentra la delegación negociadora del ELN desde hace un año) el decreto de sometimiento individual. Les dijo a medios locales en la isla que la norma no se ajusta a las realidades de esta organización ni al modelo que en el pasado se ha utilizado para negociar con guerrillas del mismo calibre y orden jerárquico.