Esta semana comienza la celebración en Bogotá

“El Consejo de Estado ha sido estorbo para las autoridades”: magistrado Octavio Ramírez

El alto tribunal celebra 200 años. El aniversario se cumple en un momento en el que la justicia enfrenta su peor crisis. El presidente de la entidad reflexionó sobre este escándalo y los retos en tiempos de paz.

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, magistrado de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. / Óscar Pérez - El Espectador

El Consejo de Estado está de celebración. Esta semana comienzan los actos en Bogotá para conmemorar los 200 años de la institución, una de las más antiguas del país y que ha sido testigo de la historia de Colombia. El presidente del alto tribunal, Octavio Ramírez, habló con El Espectador sobre la importancia del organismo, los riesgos que ha tenido que enfrentar, la vergüenza que sienten los magistrados por la crisis que se vive en la Corte Suprema de Justicia por cuenta del escándalo del cartel de la toga, y los retos que enfrentarán cuando entre a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Se cumple el bicentenario del Consejo de Estado. ¿Cuál ha sido el papel de la entidad en estos años?

Se puede definir con tres palabras que hacen parte de nuestro logo: justicia, guía y control. La entidad ha sido un órgano que ha velado por los derechos de los ciudadanos, el restablecimiento de sus derechos y la reparación de los daños causados por la acción u omisión de las autoridades, y ha sido órgano consultivo del Gobierno. Es una institución también de control de la actividad de las autoridades públicas, pues a través de sus sentencias y conceptos se fijan pautas y reglas de conducta a seguir. El Consejo se constituyó en un elemento esencial para un Estado social y de derecho. Sin jueces, no existiría democracia.

¿La existencia del Consejo de Estado ha estado en riesgo?

En 200 años, el Consejo ha tenido momentos de crisis, pero también de apogeo. Cuando hablo de momentos difíciles, me refiero a las épocas en las que el poder público lo suprimió o trató de menoscabar sus competencias constitucionales y legales. El Consejo de Estado ha sido un dique de los actos arbitrarios o abusivos de las autoridades.

¿Podría darnos un ejemplo?

Durante la dictadura del general Rafael Reyes (1904) se suprimió el Consejo de Estado, precisamente porque ha sido órgano de estorbo para las autoridades y para el presidente para el ejercicio de sus facultades dictatoriales. Como este ejemplo hay muchos, porque es importante entender que el Consejo es un organismo que les estorba a las autoridades en el ejercicio de sus funciones.

¿Qué le debe el país al Consejo de Estado?

Tres cosas fundamentales. Primero, los ciudadanos le deben gratitud en la medida en que ha sido el órgano jurisdiccional que vela por sus derechos y por la reparación de los daños causados a las víctimas. Segundo, le deben la definición de unas reglas de comportamiento claras para las autoridades, para que el ejercicio de sus competencias se adecúe a la Constitución. Tercero, le deben también la existencia de una institucionalidad fuerte, de una democracia estable y de una sociedad que puede vivir en armonía gracias a sus conceptos y sentencias.

¿Qué le debe el Consejo de Estado al país?

Le debe la confianza que la ciudadanía debería tener en sus instituciones.

¿Cómo van a conmemorar los 200 años?

Durante todo el año hemos realizado varias actividades académicas en las regiones que apuntan, primero, a generar confianza y cercanía con la ciudadanía, y también a conocer la jurisprudencia regional. Además, hemos adelantado concursos literarios y jurídicos, y a finales de este mes se adelantarán varios actos en Bogotá para reafirmar, precisamente, la existencia bicentenaria del Consejo de Estado. En ese marco, tendremos encuentros académicos internacionales, conversatorios y coloquios, así como celebraciones internas con los empleados.

El bicentenario se cumple en un momento en el que la justicia en el país está enfrentando su peor crisis. ¿Cómo se ha vivido este momento en el Consejo de Estado?

La transparencia y la ética en la institución han sido una política que se viene ejecutando desde hace cinco años. Eso explica que hayamos modificado su reglamento, que hayamos adoptado buenas prácticas, conformado comités de transparencia y ejercicios de rendición de cuentas bajo la consideración de que lo que es público es transparente y mitiga los riesgos de corrupción. Estamos luchando contra la corrupción. El momento actual que vive la justicia nos preocupa, nos avergüenza y nos duele. Son hechos que nos perjudican a todos los jueces, funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Afortunadamente, el Consejo de Estado está atento a todas las medidas anticorrupción. Les hemos pedido a todas las autoridades que investiguen y que nos digan si hay magistrados del Consejo de Estado involucrados. El propio fiscal explicó que no hay nadie mencionado. Es necesario que la administración de justicia sea ejercida por personas probas, dignas y honradas.

En 2012, el Consejo de Estado pidió investigar al abogado Gustavo Moreno. ¿Se tenía conocimiento de los hechos de corrupción?

Luis Gustavo Moreno fue apoderado en dos procesos de pérdida de investidura, el de Germán Barón y el de Germán Olano. En el segundo, Moreno intervino en la audiencia pública y acudió a ciertas maniobras dilatorias, lo que llevó a que el Consejo de Estado ordenara a la Judicatura que lo investigara. En el caso de Barón, Moreno participó en el proceso, y estamos averiguando qué pasó, porque hay un problema con la filtración del proyecto de fallo. Sabemos que tenemos que evitar la suspicacia en casos como estos y yo he sido de los que han propuesto que, para acabarla, las salas y audiencias sean en su totalidad públicas.

¿Qué puede hacer el Consejo de Estado para que la ciudadanía vuelva a tener confianza en la justicia?

La mejor manera es a través de la publicidad de sus decisiones. Esto implica que debemos realizar un ejercicio responsable de autorregulación y articulación con los líderes de opinión y con la ciudadanía para que entre todos contribuyamos a la lucha contra la corrupción y a recuperar la confianza.

¿El Consejo de Estado está de acuerdo con cambiar la forma de juzgar a magistrados de altas cortes?

Hemos dicho que es necesario consagrar un mecanismo de control para los magistrados que sea efectivo. Hemos hecho propuestas para que haya un tribunal de aforados o un tribunal especial, y que se complementen con mecanismos de autorregulación, por ejemplo, con tribunales éticos. No es que estemos diciendo que la Comisión de Acusaciones tenga que desaparecer. Puede ser que se rediseñe ese modelo para que, en el aspecto disciplinario, exista una instancia diferente.

Entre los temas que se analizan alrededor del proyecto de reforma política electoral se encuentra que no se está creando una jurisdicción autónoma electoral independiente, pero tampoco se crea un sistema suficiente que permita la colaboración entre el Consejo Electoral nuevo y la jurisdicción administrativa. ¿Qué opina?

Hemos tenido una presencia muy activa en este tema. Algún sector de la opinión pudo haberlo malinterpretado en el sentido de que esa presencia se debía a intereses corporativos. La idea del Consejo de Estado fue muy clara: en el modelo que se adoptó en 1991, el control de las controversias de tipo electoral las tiene la Sección Quinta del organismo. Siempre ha sido así. Bajo ese modelo de separación de poderes y de la necesidad de un órgano independiente e imparcial, el Consejo consideró que no era conveniente la creación de una corte electoral. Si la Sección Quinta viene trabajando bien, fallando de manera oportuna, ¿para qué se querría crear otro organismo? Ellos tienen un índice de productividad del 95 %. Además, no nos parecía conveniente que se creara una corte diferente que tuviera un origen político.

¿En qué va eso?

En trámite en la Cámara de Representantes. Ya tuvo su primer debate. Posiblemente salga este año. En lo que tiene que ver con el control de las autoridades electorales y de esas controversias, se mantuvo el diseño que reforzó el constituyente de 1991.

Hay preocupación por que los procesos de pérdida de investidura tengan una segunda instancia y que ello pueda dilatar los procesos de los congresistas. ¿Eso es posible?

El proyecto de ley en donde se consagra esa segunda instancia también está en proceso en el Congreso. Aquí lo importante es que se armonice la normatividad interna con la internacional. El Consejo de Estado siempre ha tratado de cumplir los términos de ley. En ese contexto, creemos que, si se da un proceso sobresaliente en el trámite de la ley, la jurisdicción podrá seguir fallando de manera oportuna.

¿Apoya la propuesta de la Corte Suprema de promover una reforma a la justicia? Esas iniciativas siempre habían sido externas y no de la propia Rama…

Desde el año pasado estamos liderando un proceso de reforma. Es necesario que se haga con todos los miembros, desde abogados, jueces, facultades de derecho, gremios, entre otros. Hemos liderado la idea de que en esa reforma debe quedar claro que la justicia se debe dedicar a lo suyo: a su administración.

¿Qué va a pasar con la Sección Tercera cuando la JEP empiece a condenar al Estado y a indemnizar a las víctimas?

Si algún órgano jurisdiccional ha contribuido a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición en el marco del conflicto, es el Consejo de Estado. En este aspecto, mencionamos varias de nuestras preocupaciones en el Congreso sobre qué va a pasar cuando arranque la JEP. Creo que el Ministro de Justicia fijó con claridad las reglas de juego en esta materia, pues dijo que la jurisdicción especial se va a encargar de las responsabilidades personales, de cada individuo, mientras que la de las institucionales seguiría en manos del Consejo de Estado. Seguro que podrá haber alguna disfuncionalidad o intersecciones. Pero en la práctica, creo que se van a solucionar bien.