Lea un capítulo del libro que revela las implicaciones jurídicas del caso

¿El Consejo de Estado se enfrentará a la Corte Suprema por el galeón San José?

Este tribunal está a punto de pronunciarse a favor de los intereses nacionales sobre el tesoro localizado por el gobierno a finales de 2015 y cuya mitad es reclamada por la firma Sea Search Armada, de EE. UU.

Una de las pocas imágenes que el gobierno difundió sobre el hallazgo del galeón, a finales de 2015. / Presidencia de la República

En los pasillos del Consejo de Estado, centro de Bogotá, se asegura que el máximo tribunal Contencioso Administrativo emitirá en breve un fallo, con ponencia del magistrado William Hernández, en el que reclama como propiedad exclusiva de la Nación y de los colombianos el galeón San José. Eso no tiene nada de raro en cuanto a que desde hace tiempo ciudadanos como el profesor de la Universidad Nacional, Antonio José Rengifo, promovieron una acción popular para que se desmonten los derechos sobre la mitad de ese tesoro que le otorgó la Corte Suprema de Justicia a la firma estadounidense Sea Search Armada, declarándola descubridora con base en documentos que ahora se declararían ilegítimos porque serían violatorios de la Constitución nacional. Lo que decidió el máximo tribunal de la justicia ordinaria en 2007 es considerado cosa juzgada, pero lo que diga su similar de la rama contenciosa diez años después puede generar un impactante choque de trenes.

El profesor Rengifo le dijo a este diario: "No creo que se trate de un enfrentamiento entre dos altas cortes del sistema judicial colombiano. Sería más atinado decir que, en el sistema judicial colombiano, el Consejo de Estado (jurisdicción administrativa) revisa actualmente aspectos legales en el Caso del Galeón San José, sobre los cuales la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (jurisdicción civil) no pudo pronunciarse, porque no era competente. El juzgamiento, por parte de la Corte Suprema, de aspectos legales del GSJ que no eran de su competencia, sería equivalente a que un juez civil o laboral juzgara y condenara al sindicado de un delito. Más allá de los análisis en los medios, considero, como lo más importante, que el sistema judicial colombiano resuelva estas controversias con fundamentos que aguanten o resistan cualquier análisis internacional, en cualquier país o desde el derecho internacional, principalmente el derecho internacional del mar". 

Mientras se oficializa la posición del Consejo de Estado y se precisan las implicaciones que eso tendrá después del hallazgo del San José, El Espectador publica un fragmento del libro El galeón San José y otros tesoros. Relatos de intrigas y conspiraciones, escrito tras años de investigación por nuestro editor dominical, Nelson Fredy Padilla y publicado a finales del año pasado por el sello Aguilar.

Capítulo XXVII

¿SSA había encontrado el San José en 1982?

El anuncio del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a finales de 2015, dando cuenta del hallazgo del galeón San José, el naufragio colonial más famoso de la historia (1708), no es más que un chiste a ojos de la compañía estadounidense Sea Search Armada (SSA). Sus directivos aseguran que expertos bajo su mando encontraron el galeón a comienzos de los años 80 luego de mucha inversión y varias exploraciones autorizadas por el gobierno colombiano, razón por la cual en 2007 la Corte Suprema de Justicia les otorgó derechos sobre la mitad de lo que sea considerado tesoro.

¿Qué tienen para demostrarlo? Documentos. Según el archivo de SSA, el primer intento de localización se hizo en 1980 a través de la empresa Glocca Morra para conseguir un permiso de la Dirección Marítima de la Armada Nacional que les permitió acceder con tecnología de punta a tres zonas cercanas a las Islas del Rosario.

La primera exploración la hicieron entre junio y agosto a bordo del buque Morning Watch y luego la profundizaron desde el State Progress hasta recabar información que les permitió denunciar ante la Dimar el descubrimiento de seis naufragios en un radio de 50 millas cuadradas.

Esos primeros hallazgos no eran su objetivo principal. La posible ubicación del galeón San José en un punto del lecho marino se registró por primera vez el 10 de diciembre de 1981 cuando otro buque de apoyo, el State Wave lo reportó a la Dimar a unos 230 metros de profundidad y le dio crédito a la geolocalización que les habían suministrado los investigadores norteamericanos del Archivo General de Indias, Eugene Lyon y Jhon Cryer.

Gobierno y SSA habían acordado repartir por mitades lo que se hallara y que todos los documentos que surgieran de las operaciones fueran secretos. El principal, con el sello de la Dimar y copia certificada por SSA en Chicago, Illinois, está fechado el 26 de febrero de 1982 se titula “Reporte confidencial sobre la exploración submarina efectuada por la Compañía Glocca Morra en el Mar Caribe de Colombia” y trae sellos en todas las páginas con la palabra “RESERVADO”. Allí se confirma que a través de la resolución 48 del 29 de enero de 1980, la Dimar le otorgó a esa corporación con sede en Delaware, Estados Unidos, y fundada bajo leyes de las Islas Caimán, “una licencia para conducir una exploración e investigación submarina” de tres fases y dos años de duración. Se hizo constar “que el Doctor Antonio José Gutiérrez Bonilla, en representación de la sociedad Glocca Morra Company, solicita permiso de exploración submarina en la Plataforma Continental Colombiana, con el objeto de establecer la existencia de especies náufragas, tesoros o cualquier otro elemento de valor histórico, científico o comercial dentro de las áreas que a continuación se determinan y que señala en plano adjunto a la solicitud…”.

La Fase I fue de junio a septiembre de ese año e implicó “trazar un mapa de objetivos anómalos potenciales por medio del Sonar Lateral de Radar dentro del área permitida”. La información fue estudiada por “científicos independientes” que identificaron “varios cientos de blancos” y se diferenciaron áreas de fondo duro y blando, es decir de arrecife de coral o arena.

En la Fase II los blancos pasaron a ser 50 y se estudiaron entre octubre de 1980 y agosto de 1981. Para obtener datos más certeros se utilizó un barco con el más moderno Sonar Lateral de Radar, Perfilador de Subsuelo y un TREC, un vehículo a control remoto sin tripulación. El robot, siempre según el documento hasta ahora secreto, descendió 25 veces, con la ayuda de un “cable umbilical” de 5.000 pies de largo, e hizo grabaciones de video, tomó fotografías e, incluso, utilizó un brazo para recuperar “pequeños objetos”. Se perfilaron entre tres y seis áreas que contenían madera, analizada y categorizada en Estados Unidos como de 300 años de antigüedad, con un margen de error de 50 años, material proveniente de un espacio de una milla náutica cuadrada donde estaría el San José.

 

La Fase III empezó en octubre de 1981 y se extendió hasta febrero de 1982, ya con el uso de un submarino tripulado de nombre Auguste Piccard, en memoria del legendario explorador suizo, primero en bajar a las grandes profundidades de los océanos a mediados del siglo XX e inspirador del profesor Tornasol en Las aventuras de Tintín. Además de todos los equipos citados antes, esta nave contaba con tres ventanillas de observación, magnetómetro, sonar de exploración continua, ecosondeador de precisión, y su velocidad de 2.5 nudos era controlada desde el barco State Wave. Gracias a sus reportes, se levantaron “líneas de reconocimiento submarino y de patrones y se detectaron anomalías magnéticas”. Se enumeran ubicaciones concretas, se elaboran nueve gráficas, mapas, se anexan pruebas de carbono de los maderos y los costos operativos al 31 de enero de 1982 fueron tasados en seis millones de dólares, luego se habló de un total de 12 millones, y se anuncia que el resto de la búsqueda será financiada por la firma aliada Sea Search Armada. En este reporte nunca se habla del galeón San José, sino del “Objetivo A”.

¿Hubo más fases? Sí, según documentos firmados por Francisco Afanador Cabrera, entonces apoderado de SSA, en los que se enumeran las resoluciones de autorización de operaciones adicionales. A la 48 de enero de 1980 se sumaron la 225 del 29 de enero de 1982, la 249 del 22 de abril de 1982, la 450 del 7 de julio de 1982, la 791 del 3 de diciembre de 1982, la 203 del 24 de marzo de 1983, la 331 del 2 de mayo de 1983 y la 531 del 19 de julio de 1983, “todas ellas de la Dirección General Marítima y Portuaria, para adelantar trabajos de exploración dirigidos a la localización de naufragios antiguos dentro de tres áreas”, enumeradas enseguida con grados de latitud y longitud oeste.

¿Qué vieron en concreto? Hay otro informe confidencial de Glocca Morra a la Dimar, fechado el 18 de marzo de 1982, en el que denuncia “el hallazgo de unos tesoros u otras náufragas ubicadas dentro de coordenadas” específicas. Tal información secreta llegó a manos del gobierno de Julio César Turbay Ayala en sobre sellado y lacrado que sólo fue abierto cuando se ratificó la prueba de madera, hecha en el laboratorio Beta Analytic Inc, de Coral Gables, Florida.

Afanador formaliza “evidencia del hallazgo” el 22 de marzo de ese año. La Dimar, mediante resolución 354 del 3 de junio de 1982, reconoció a esa empresa como “denunciante de tesoros o especies náufragas que pudieran encontrarse allí”. Se lee en el papel: “La compañía ha efectuado exploraciones en distintas áreas del Mar Caribe mediante diferentes autorizaciones de esta Dirección y mediante pruebas técnicas ha establecido el hallazgo mencionado”. Si ese documento hubiera hablado específicamente del San José y no en general, se le hubiera aplicado el decreto ley 2349 de 1971 que sólo otorgaba el 5% al denunciante, pero como no lo hizo le abrió la puerta a los norteamericanos para demandar luego la mitad del tesoro, aunque olímpicamente llegaron a incluir en los documentos y a leerlo en voz alta en los tribunales que tenían derecho al 100% y que en un acto de generosidad le cedían el 50% a la nación colombiana. “Dimos papaya”, opinó una fuente.

En julio de 1983 el comandante de la Armada, almirante Héctor Calderón, da concepto favorable a un posible rescate y el 21 de septiembre siguiente J. M. Costin, de SSA, le manda al contralmirante Juan Rairán, director de la Dimar, el “Informe sobre reconocimiento, estudio e identificación del galeón San José”.

Era octubre de 1983 cuando el inspector de la Armada a bordo del buque Heather Express, Carlos Prieto Ávila, envía fotografías y videos y recomienda vigilancia especial en el área. El mayor Lázaro del Castillo y el capitán de Corbeta Roberto Spiker, también inspectores a bordo del Seaway Eagle, hacen lo mismo. Un reporte del 11 de octubre desde altamar dice que a las 9:00 de la mañana “se inspeccionó y se filmó con cámara de T.V. color el Galeón a todo lo largo, tomando fotografías de los sitios de interés: se inicia la reubicación del buque sobre el blanco”.

Dos días después se anota: “el piloto John Sales llegó al fondo a la altura de media cubierta, verificó el galeón en toda su longitud, informa que tiene sobre 100’ (metros) de eslora, hay sedimentos en toda la parte plana superior. La popa es bien definida, claramente cuadrada o rectangular, toma su tiempo recorrerla. No se pudo explorar mejor por daño en un propulsor siendo necesario suspender la operación”. Otro informe detalla: “Se ve en la popa el blanco principal, un objeto al parecer de madera. Se sigue tratando de localizar otro objeto visto anteriormente que al parecer es un cañón”. En los días siguientes se sigue hablando del “área del galeón”, de muestras sacadas con cuchara y el 24 de octubre de 1983 a las 9:15 de la mañana anuncia: “ARC Espartana recibe órdenes de continuar operación diferente a particulares en el área San José”.

Buscando confrontación externa, se encuentra un testimonio de primera mano en el libro De cóndores y sirenas: memorias de un aventurero ilustrado (Villegas Editores 2004), del explorador colombiano Mauricio Obregón, quien fue testigo de las pesquisas, según cuenta en la página 214: “el pecio hallado no se ha podido identificar porque está cubierto por una dura capa calcárea. La Sea Search Armada, heredera de la Glocca Morra, no ha logrado perforarla y propone romperla. Con el almirante Manuel Avendaño (que fue comandante de la Armada Nacional) visitamos el Seaway Eagle, el research vessel de la Sea Search. Es un gran planchón de hierro, cuyo computador lo mantiene sobre el sitio y en alta mar nos toca encaramarnos a la borda por unas redes. A través de las cámaras de un pequeño submarino telecontrolado (no tripulado) observamos el pecio mientras lo inspeccionan buzos encerrados en trajes presurizados que apenas les permite moverse; para que esta gente no se canse del trabajo a bordo hay que servirles champaña, caviar y paté de modo que comemos muy bien. Vistos todos los informes, la Comisión de Especies Náufragas que el gobierno ha creado para que lo asesore en esta materia recomienda no utilizar explosivos hasta agotas todas las otras posibilidades”. ¿Finalmente se hicieron detonaciones? No hay confirmación ni negación.

Después la Armada notifica que “el Reporte Confidencial fue corroborado por los informes rendidos por integrantes de la Armada Nacional al Director General Marítimo y Portuario el 31 de octubre de 1993 y el 29 de septiembre de 1988, en donde se describen detalladamente las labores de ubicación del naufragio y se precisa el lugar en que se encuentra”.

La Dimar también se apoyó en un concepto de su asesor jurídico, Fernando Hinestrosa Forero, respetado jurista que concluyó sobre los derechos que corresponden al descubridor: “En mi sentir, no tratándose de cosas que no muestran señal de haber pertenecido antes de nadie o que su dueño abandonó (derelicción), como para tomarlas por hallazgo o invención; y no siendo cosas salvadas de un naufragio inmediato, susceptibles de ser reclamadas dentro de los treinta días siguientes al siniestro, como para considerarlas mostrencas, las cosas ´depositadas, sepultadas o escondidas´, que todos estos términos poseen acepciones sinónimas y en común indican su no perceptibilidad directa y continúa, por largo tiempo o de antiguo, circunstancias que concluyen al resultado de no tenerse memoria ni indicio de su dueño, son evidentemente thesaurus, pertenecientes en condominio por partes iguales al descubridor fortuito o autorizado por el dueño del terreno donde yacen, o al dueño del terreno cuando éste a la vez su descubridor.- O sea, que aquéllos tesoros o antigüedades que se hallen en aguas sujetas a la jurisdicción colombiana, al ser descubiertos, son o de propiedad de la Nación, si agentes suyos fueron los descubridores, o de la Nación y el descubridor si el encuentro de éste fue fortuito o si como es lo más previsible, la Nación autorizó la exploración y el encuentro”.

El 24 de marzo de 1983 la Dimar autoriza la cesión de tales derechos y obligaciones a SSA y en un último reporte esta firma reconoce: “Debido a los problemas de tiempo y a la ausencia de equipos específicamente adecuados para la profundización de los estudios al momento de las exploraciones, fuera de las lecturas de sonar, no se han adelantado más investigaciones sobre los puntos en cuestión”. Aun así, denuncia cinco hallazgos con localización y tamaño aproximado y pide permiso a la Armada -que había designado en la Dimar al capitán de corbeta Manuel Salcedo Ávarez como “gerente del proyecto San José”- para “proceder a identificar la naturaleza exacta de los mismos, así como la recuperación y aprovechamiento de los tesoros o especies náufragas, sin menoscabo de los derechos de la Nación”. El 15 de agosto de 1985 la Dimar deja constancia en la resolución 683 que “faltan pruebas satisfactorias”.

La última fase, la de intervención y rescate, no se realizó porque el gobierno de Belisario Betancur decidió echar para atrás el acuerdo con SSA, a la que luego le ofreció sólo el 5% del tesoro, según el decreto 2324 de 1984, y no le concedió más licencias. Fue cuando la cazatesoros interpuso la primera demanda contra el Estado colombiano.

Todos estos documentos fueron admitidos como pruebas por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en julio de 2007, en el fallo en el que decidió que el patrimonio cultural sumergido es de la Nación y de los colombianos, pero que SSA tiene derecho a la mitad de lo que se considere tesoro en el San José, es decir los bienes monetizables repetidos (que es la mayoría de la carga de los galeones) como monedas o lingotes. Los otros cinco hundimientos no fueron incluidos en esta demanda y están pendientes de reclamación por la misma empresa norteamericana.

Resulta curioso que el 5 de diciembre de 2015, Ernesto Montenegro, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, intervino inmediatamente después del anuncio del descubrimiento del San José por parte del presidente Santos, y manifestó que durante la búsqueda el gobierno había encontrado cinco naufragios a su alrededor. Según SSA, “obviamente son los mismos denunciados por nosotros en 1985”.

Tan evidente era la falta de información precisa que a mediados de 2008 el contralmirante Roberto García Márquez, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, firma un oficio anotando: “En los archivos de la Fuerza Naval del Caribe no reposa información alguna sobre la ubicación del mencionado galeón, ante lo cual no se tiene ninguna posición que pueda ser motivo de vigilancia por parte de las unidades de esta Fuerza así como tampoco directrices al respecto”. Esto sin tener en cuenta que desde 2006 la Auditoría General de la República había reclamado “la preservación del patrimonio cultural sumergido de la Nación”, especialmente galeones como el San José que se encuentran en aguas no profundas, con la advertencia de que “muchas de estas maravillas se pierden a causa del pillaje subacuático”. En 2009 el comandante de la Armada, almirante Guillermo Barrera, le dijo al autor de este libro que había ordenado patrullajes preventivos en torno a las Islas del Rosario.

Queda un interrogante, si SSA se ciñe a la verdad: ¿Por qué todos los gobiernos de Colombia se han empeñado en negar el supuesto hallazgo desde 1982? Los norteamericanos dicen que, sucesivamente, han querido robarle sus derechos legales para repartirlos entre otras manos cercanas a los intereses oficiales de turno y preguntan: “Si la Armada Nacional nos certificó en 1982 el descubrimiento del galeón y esa misma Armada certificó en 2015 el hallazgo del mismo galeón, la inevitable conclusión es que, o naufragaron dos galeones San José, o en 1982 y en 2015 se descubrió el mismo naufragio”.

La versión de Juan Manuel Santos es que el San José está en un área distinta a la denunciada por SSA. La compañía estadounidense pidió al presidente que la deje ir a verificar dónde fue hallado, pero se lo permiten. SSA está cansada de más 30 años de reclamaciones judiciales en Colombia y Estados Unidos. Por eso su siguiente paso será el más osado: navegar en sus propios barcos hasta el archipiélago de las Islas del Rosario para verificar quién tiene la razón.

Uno de sus voceros dijo que están seguros de que cuando lleguen en naves con bandera y respaldo de la Marina de su país, la Armada y el gobierno de Colombia no querrán plantear un incidente naval de escandalosas consecuencias y no tendrán más opción que destapar sus cartas. Sobre las cubiertas vendrían influyentes periodistas y científicos de todo el mundo invitados a bordo para denunciar públicamente que el litigio sobre el galeón más famoso de la historia no es más que un robo a los Estados Unidos.

El presidente de SSA, Jack Harbeston vendrá con cineastas de Hollywood que estarán rodando “la recuperación”, la última parte de un filme “basado en hechos reales sucedidos en el mar Caribe de Colombia”, anunciado en el Festival de Cannes 2016 como The San Jose, “la dramática historia de un galeón español y su tesoro de 17 mil millones de pesos”, contratado con productores de Los Ángeles y Vancouver que ya tienen videos grabados en aguas colombianas desde 1979. Son ellos Byron Martin, Paul Becker y Gavin Wilding, conocido por películas como Batalla en Seattle, protagonizada por la bella Charlize Theron.

Antes de que esto suceda, el gobierno de Colombia y SSA negocian en secreto una “solución pacífica” que evite la “eternización” de la contienda.