El contratista Julio Gómez aceptó cargos

El contratista Julio Gómez, investigado por las irregularidades en la contratación de la malla vial y la fase III de Transmilenio dentro del caso del cartel de la contratación, aceptó los cargos de pecualdo por apropiación, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Durante la audiencia de acusación de este martes, que había sido interrumpida el 16 de enero de 2013, Gómez reconoció su responsabilidad ante el juez 40 de conocimiento.

La diligencia judicial inició con la lectura del escrito de acusación con allanamiento de cargos, pues Gómez, en octubre, manifestó que renunciaba al preacuerdo pactado con el ente investigador y aseguró que pretendía allanarse a los tres cargos de los que se le acusa. En el marco de colaboración el contratista se había comprometido a entregar información sobre los hechos que rodearon las irregularidades en la contratación, además de convertirse en testigo en los otros procesos penales que se adelantan por este saqueo al Distrito.

El fiscal José Vicente Valbuena aseguró que Gómez sería responsable de la celebración indebida de nueve contratos durante 2008 y 2009 porque estuvo dispuesto a conseguir la adjudicación de contratos de la malla vial y la fase III de Transmilenio para el grupo Nule. “Gómez buscó intermediar con la gerente del IDU, Liliana Pardo, y otros funcionaros para evitar que se declarara desierto el contrato”, puntualizó Valbuena.

Respecto al delito de cohecho propio, el ente investigador expuso que en tres contratos celebrados entre 2007 y 2008, el contratista Julio Gómez “aceptó promesas remuneratorias a cambio de que los funcionarios del IDU, encargados de adjudicar contratos, le cedieran obras a la Unión Temporal Transvial por una suma superior a $315.000 millones”.

La Fiscalía añadió que con estos hechos Gómez “llevó a que funcionarios públicos realizaran actos contrarios a sus deberes oficiales a la hora de avalar los convenios”. A consideración del ente acusador, el sindicado conocía los delitos en los que estaba incurriendo “sabía lo que estaba aceptando y con ello que lesionaba la administración pública sin causa justa”. Con este allanamiento a cargos Gómez podría cumplir una pena entre 6 y 8 años de prisión.