Ingreso Mínimo Vital en España y el debate por una Renta Básica en Colombia (Análisis)

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En Colombia, la idea de una renta básica (RB) se ha venido discutiendo como una medida útil para mitigar los efectos económicos de la Covid-19, ¿qué es, en qué lugares del mundo ya existe y en qué se diferencia de otros planes sociales que ya están andando?

El ingreso mínimo vital (IMV) fue aprobado en España hoy 10 de junio. Se trata de una prestación social financiada por el Estado para asegurar una renta mínima a los hogares más vulnerables. Esta idea, que durante muchos años se discutió como una política posible solo dentro de reducidos círculos académicos, adquiere forma ahora en un país de casi 47 millones de habitantes. En Colombia, la idea de una renta básica (RB) se ha venido discutiendo como una medida útil para mitigar los efectos económicos de la Covid-19.

El IMV en España:

Podría pensarse que por tratarse de un país europeo no existe gran pobreza o inequidades muy profundas, pero la verdad es que España tiene una alta desigualdad si se compara con los países de la región. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad para una región, indica que el de España es casi tres puntos superior a la media de la Unión Europea. Dicha desigualdad ya existía incluso antes de la crisis financiera de 2007 y no se ha logrado corregir del todo incluso luego de la recuperación que existe desde 2013.

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Con estas cifras de desigualdad no sorprende que 9,9 millones de personas (alrededor del 21 por ciento de la población) o lo que equivale a 4 millones de hogares, se encuentren en riesgo de pobreza. Dentro de esta población, niños, mujeres, ancianos y migrantes tienen una mayor probabilidad de pertenecer a este grupo. Por ejemplo, más del 26 por ciento de niños menores de 16 años, es decir, 1 de cada 4, vive en hogares con ingresos inferiores al umbral de pobreza.

¿Qué es y a quién beneficia?

El IMV es el derecho a una prestación económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. La vulnerabilidad económica se entiende como un ingreso inferior a la renta garantizada calculada para este año en 461 euros mensual (o 5.538 euros anuales) por persona. Esta renta garantizada se actualiza dependiendo del número de adultos y menores dentro del grupo familiar, de acuerdo a una tabla de equivalencias.

El IMV nivela el ingreso que la familia recibe completando el faltante de ingresos que se necesitan para llegar a la línea de renta garantizada. El IMV además asigna una prestación adicional para personas cabeza de familia o para mujeres víctimas de violencia sexual.

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El IMV es compatible con otros ingresos provenientes de un trabajo remunerado o de la actividad económica por cuenta propia, lo que evitar caer en la trampa de la pobreza que impide que las personas busquen una forma de ingreso remunerada por miedo a perder la prestación.

En este sentido, no se trata de una renta básica universal, como originalmente la concibió Philippe Van Parijs en su libro de 1996 Libertad real para todos, pues no está dirigida a toda la población indistintamente de su condición; sino sólo a aquellos en situación de vulnerabilidad económica.

¿Por cuánto tiempo?

Otro punto importante de esta política es que se espera que sea permanente. No se trata entonces de una política solo para sortear solo los efectos de la pandemia, aunque evidentemente esta es una de las razones para su adopción. De acuerdo al real decreto, el IMV no está dirigido a grupos o individuos concretos, sino que “protege de forma estructural a la sociedad en su conjunto”. Actúa como un “seguro colectivo” frente a los retos laborales de este tiempo: incertidumbre en la inserción laboral, pandemias, robotización de la mano de obra, cambio climático, etc. Retos que merecen una política social que proteja a los más vulnerables cuando se presenten.

(En contexto: FARC propone renta básica para 9,5 millones de hogares)

¿Cómo se financia?

Las estimaciones del Gobierno calculan que el IMV puede costar alrededor de 3.000 millones al año, equivalentes al 0,24% del PIB y que los gastos saldrían del presupuesto general del Estado con carga a las vigencias futuras. Sin embargo, la votación para definir este aspecto aún está por verse y dependerá de las fuerzas políticas que desde ya están en proceso de negociación. Ahora bien, de llegar a aprobarse, lo cierto es que los recursos del presupuesto quedarían comprometidos por varios años por lo que el Gobierno deberá estudiar la manera para, o bien reducir el gasto, o aumentar los ingresos. Reducir el gasto en el corto plazo sería difícil teniendo en cuenta que los gastos actuales ya han sido recortados en otras oportunidades y que reducirlos más pondría en riesgo la prestación de servicios esenciales como la salud y educación.

Por otra parte, en materia de ingreso, el gobierno de centro-izquierda que lidera el parlamento está considerando la creación de varios impuestos novedosos como la Tasa Tobin, una tasa a las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero; la Tasa Google, una tasa a las transacciones financieras de la economía digital que actualmente no tributan, y el aumento de impuestos a las grandes fortunas.

Sin embargo, incluso si se adoptaran dichas medidas fiscales, los críticos de la medida afirman que es muy probable que el Gobierno deba endeudarse vía emisión de bonos lo que obviamente no cae muy bien frente a un panorama donde se espera que la deuda suba a un 113% del PIB.

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Programas actuales de asistencia socioeconómica en Colombia:

En Colombia se puso en marcha el Programa Ingreso Solidario (PIS) mediante el Decreto Legislativo 518 de 2020, en donde se estableció una transferencia monetaria no condicionada a 3 millones de hogares - o 9,4 millones de personas - en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que no fuesen beneficiarios de otros programas sociales del Gobierno como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. El monto de esta transferencia se fijó en 160.000 pesos colombianos e inicialmente se programó una sola transferencia por hogar durante el mes de abril, aunque en el mes de junio el gobierno anunció una nueva transferencia del mismo monto.

Si bien la implementación de este programa fue oportuna y se logró llegar a un número significativo de hogares que no se encontraban bancarizados - lo que implicaba un reto enorme para no crear focos de contagio (ver el caso de Perú) -, el PIS ha sido considerado insuficiente para poder garantizar un mínimo vital a los hogares más vulnerables del país. Esto porque el monto de la transferencia es muy bajo, pero también porque el PIS no está llegando a todos los hogares que necesitan un ingreso para subsistir.

Frente a la magnitud de la transferencia, los críticos de este programa señalan que esta no alcanza a cubrir siquiera la línea de pobreza extrema en un hogar de más de dos personas, lo que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas (alimentarias y no alimentarias) de una familia. Al comparar el PIS con otros programas de transferencias similares que se han implementado en el marco de la crisis en otros países de ALC, se puede constatar que la magnitud de la transferencia en Colombia es la más baja de la región.

(Vea: Mínimo vital de agua, un debate que renace en medio de la pandemia)

Monto de las transferencias dirigidas a trabajadores informales y población vulnerables, según receptor y duración*

Fuente: CEPAL (2020) *Nota: Elaborado con cifras del 11 de abril. Para Colombia, la transferencia no es de única vez al anunciarse un nuevo giro en el mes de junio

Frente a la cobertura, según cifras del DANE, el número de hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad llegan a los 9,5 millones de hogares, es decir unos 30 millones de personas. Juntando todos los programas del gobierno y las transferencias extraordinarias que se han dado en estos meses de pandemia, la cobertura es alrededor de 9 millones de hogares, lo que implica que al menos 0,5 millones de hogares, equivalentes a 1,5 millones de personas, en situación de vulnerabilidad no reciben en este momento ninguna transferencia del gobierno y tienen en riesgo su derecho al mínimo vital.

El debate sobre Renta Básica (RB) en Colombia:

Teniendo en cuenta los problemas de cobertura y monto de la transferencia del PIS, propuestas de una renta básica han surgido desde distintos espacios. El modelo de renta básica, a diferencia del PIS, se enfoca en la renta de las personas, no en sus calidades personales (si es joven, adulto mayor, familia con niños, etc.); y propone un ingreso mayor al que incluye el PIS.

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Desde el Congreso se está tramitando un proyecto de Ley que ya cuenta con el apoyo de más de 50 legisladores de distintas bancadas para garantizar una renta básica de un salario mínimo a 9,5 millones de hogares. A diferencia del modelo español, la renta básica que se discute en el Congreso es solo por un periodo de 3 meses, por lo que se ha denominado una “renta básica de emergencia”. Similarmente, el Centro de Pensamiento de Política Fiscal junto a Dejusticia intervinieron ante la Corte Constitucional para proponer una renta básica de entre medio y un salario mínimo para los hogares en situación de pobreza u hogares vulnerables.

El costo fiscal de estas propuestas se encuentra entre 1,5% y 4% del PIB. Las fuentes de financiación que se han planteado reúnen estrategias como impuestos extraordinarios a los ingresos y patrimonios más altos del país, eliminación de beneficios tributarios injustificados, préstamos del Banco de la República (ya sea de manera directa o a través de la compra de los Títulos de Solidaridad (TDS) en el mercado primario), y préstamos de la banca multilateral (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo). Importante resaltar que la financiación no buscaría grabar más a la pequeña industria o aquellos de ingreso medio sino aquellos patrimonios más altos y que tradicionalmente han sido objeto de amplias exenciones tributarias. En ambas propuestas, además, se plantea la opción que los distintos programas sociales actuales se unifiquen en la renta básica, lo que es beneficioso en términos operativos y de transparencia.

Organismos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el recientemente nombrado Relator de las Naciones Unidas para la Pobreza Extrema, Olivier de Schutter, han resaltado la necesidad de que los estados protejan el derecho al trabajo, la alimentación y el acceso a un mínimo de seguridad social a los más pobres durante la pandemia, incluyendo por ejemplo, estrategias como la renta básica. En ese sentido, la renta básica es también una política posible para proteger los derechos humanos.

Frente a estas propuestas, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla ha manifestado que ve con buenos ojos este nuevo modelo de política social, pero expuso dudas sobre la posibilidad que esta política sea implementada de manera inmediata, pues cree que “es un cambio muy fuerte” y agregó que “no debería ser una medida coyuntural sino estructural, que reemplazaría nuestra actual política de gasto muy focalizado a un enfoque más universal”. Paralelamente, el Viceministro de Hacienda manifestó que no se cuentan con los recursos actualmente para financiarla, por lo que el Gobierno Nacional no apoyará el trámite legislativo en curso.

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¿RB solo para el confinamiento o como política de mediano plazo?

Es claro que los impactos y repercusiones a la economía de la pandemia serán prolongados. El FMI ya habla de una década pérdida para la región de América Latina y las cifras del mercado laboral publicadas por el DANE para el mes de abril confirmaron los mayores temores: más de 5 millones de colombianos perdieron su empleo en el último mes y se espera que esta cifra en el mes mayo sea aún más grande. Aunque la propuesta de RB del Congreso en Colombia es solo por tres meses, resulta interesante ver la experiencia de España que adopta un IMV como política de mediano plazo.

Existen, sin embargo, algunos interrogantes por resolver sobre los instrumentos de focalización necesarios para que las transferencias lleguen a quienes lo necesitan (errores de exclusión) y para que no se desvíen a hogares no vulnerables (errores de inclusión). Asimismo, esta discusión no puede darse por separado a la forma de financiarla, que es probablemente la principal crítica en contra. Esta discusión entonces se traslapa con la discusión planteada por varios expertos y congresistas sobre la necesidad de hacer una reforma tributaria en el 2021 que le permita elevar sustancialmente el recaudo tributario al país, que hoy se encuentra por debajo del promedio de los países de América Latina.

*Directora del área de Justicia Económica e Investigador del área de Justicia Fiscal en Dejusticia. Dguarnizo@dejusticia.org; Arodriguez@dejusticia.org.

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