El descalabro de Torres Cortés ya tiene culpables

Un juez del Circuito acaba de dar validez a la decisión de los empresarios José Leonel Torres Cortés y su hijo, Leonel José Torres Jaramillo, de aceptar los cargos por los desembolsos irregulares que hicieron con cerca de $46.000 millones de 255 inversionistas en la comisionista de bolsa.

Hernando Gaitán es uno de los casi 300 inversores que pusieron su dinero en Torres Cortés. / Luis Ángel
Hernando Gaitán es uno de los casi 300 inversores que pusieron su dinero en Torres Cortés. / Luis Ángel

Poco tiempo se demorará el juicio contra dos importantes empresarios del país, José Leonel Torres Cortés y su hijo, Leonel José Torres Jaramillo, dueños de la comisionista de bolsa Torres Cortés. Así lo determinó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que determinó que la aceptación de cargos de ambos empresarios se había hecho ajustada a la ley y que por ello el proceso debía seguir adelante con esa decisión ya tomada.

El pasado 4 de junio, padre e hijo aceptaron haber usado de forma irregular el dinero que 255 inversionistas pusieron en sus manos para invertir en la Bolsa Nacional Agropecuaria —hoy Bolsa Mercantil de Colombia—. Se declararon culpables de haber desviado $45.245’230.250 y US$191.574 a espaldas de los inversionistas, “hacia empresas creadas o relacionadas con los directivos de la firma”, es decir, ellos mismos, determinó la Fiscalía.

Lo que ocurrió con esta firma fue similar al caso Interbolsa. Tanto por el papel cuestionable de las entidades encargadas de supervisar el funcionamiento de la entidad, como por la gravedad de los delitos cometidos. Solo el 19 de febrero de 2013, la Superintendencia Financiera intervino Torres Cortés para hacer una “liquidación forzosa administrativa”, a pesar de que en mayo de 2010 esa entidad ya había hecho una inspección en la firma y sus hallazgos habían mostrado graves irregularidades.

Puntualmente, la Superfinanciera encontró en la contabilidad de Torres Cortés la “creación irregular” de “cuentas puente que no eran objeto de conciliación ni depuración”. Es decir, contabilidades paralelas. Asimismo, los inspectores descubrieron “inconsistencias en los registros contables”, especialmente cuando se trataba de seguir el curso del dinero que allí depositaban los clientes. Se pidió a Torres Cortés realizar un plan de ajuste que debía presentar a más tardar en junio de 2011.

Aun así, solo tres años después se intervino la firma. Más tarde se supo que la empresa fundada en 1987 comenzó con movimientos ilícitos del dinero en 2009. Por ese motivo, las víctimas solicitaron ante la Procuraduría una conciliación extrajudicial con la Superintendencia Financiera, que de no llegar a acuerdo dará paso a una demanda masiva que 67 víctimas interpondrán por un valor de $30.000 millones, por la presunta negligencia de la entidad.

El Espectador se puso en contacto con la Superfinanciera, que señaló que no había aceptado la conciliación para la demanda pues “existen pruebas que demuestran que la Superintendencia Financiera actuó de manera apegada a la Constitución y la Ley (...) Por otra parte, se probará en el proceso que el daño reclamado en la denuncia deriva única y exclusivamente al actuar de la liquidada Sociedad Comisionista Torres Cortés”.

Poco después de la intervención de la Superfinanciera comenzó el proceso penal contra los dos directivos de la comisionista: José Leonel Torres Cortés y su hijo, Leonel José Torres Jaramillo, le contó a El Espectador Víctor Muñoz, abogado de 132 de las 255 víctimas reconocidas por la Fiscalía. “Hubo gente que invirtió allí los ahorros de toda su vida, de su pensión. Tres víctimas ya fallecieron no solo por la fragilidad económica en la que quedaron, sino por lo que emocionalmente les significó este proceso”, comentó Muñoz.

Por eso, para la defensa de las víctimas es fundamental que haya indemnización. No obstante, de acuerdo con el abogado Víctor Muñoz, el panorama es difuso desde que el Tribunal Superior de Bogotá anuló el auto en el que el juez 20 penal del Circuito de esta ciudad decretó la nulidad de la aceptación de cargos de los Torres.

La defensa apeló el auto, al igual que la Fiscalía. Los familiares de las víctimas, en cambio, pidieron al Tribunal confirmarlo. El juez que evaluó el lío jurídico no encontró motivos para que ambos empresarios no pudieran aceptar ocho delitos que les imputaron. Ahora, a las víctimas solo les queda esperar que, tras la condena, se inicie un incidente de reparación para que les paguen lo perdido. Pero no se muestran optimistas al respecto: ”Acá no hay nada para que nos reparen. Ellos (los Torres) se encuentran ahora insolventados. Sabemos que todo lo tienen con testaferros, pero no se ha hecho nada para recuperar esos bienes. Por eso desconfiamos”.