El día D del paro judicial

El Gobierno reiteró que el 13 de enero los juzgados y tribunales van a estar abiertos al público. Asonal Judicial advierte que no regresará a sus funciones hasta reunirse con minhacienda.

El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, y el ministro de Justicia, Yesid Reyes. / Óscar Pérez

El martes 13 de enero se define el futuro del paro judicial. Ayer el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, reiteró lo que ya había dicho el ministro de Justicia, Yesid Reyes, en entrevista con este diario el pasado 5 de enero: que ese día, con paro o sin paro, con la intervención de la Fuerza Pública o sin ella, los despachos judiciales van a estar abiertos al público.

Tras una reunión con el ministro de Justicia; el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Ovidio Claros; el presidente de la Sala Administrativa de esa entidad, magistrado Néstor Raúl Correa; la viceministra de Hacienda, Carolina Soto, y el vicefiscal, Jorge Perdomo, Martínez sostuvo que “la ciudadanía puede tener la absoluta seguridad de que estamos haciendo todas las coordinaciones institucionales para que el Estado como un todo le garantice que a partir del próximo 13 de enero el servicio a la justicia esté en funcionamiento”.

Asimismo anunció que va a haber más reuniones “con el objeto de lograr que haya una regularidad en el servicio de la justicia a partir de la próxima semana”. No obstante, no dio detalles sobre las medidas que se van a tomar ese 13 de enero, al finalizar la vacancia judicial. En la otra orilla, Asonal Judicial, el sindicato que lidera el paro, exigió la presencia del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en la mesa de diálogo con el Gobierno, el cual, “a través del ministro de Justicia, se comprometió a que minhacienda asistiría a la mesa de negociación. Lo cierto es que el ministro Cárdenas envió dos técnicos que tomaron nota de nuestras exigencias económicas y jamás regresaron”.

El sindicato agregó que “la razón por la que se hace indispensable la presencia del Gobierno es que el Consejo Superior de la Judicatura no tiene independencia presupuestal y la iniciativa legislativa para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, según la Constitución, le corresponde”. De la misma forma rechazó que el ministro de Justicia “siga utilizando la Fuerza Pública como mecanismo para acabar la protesta. No entendemos por qué un ministro que no tiene manejo del presupuesto interviene tan radicalmente, cuando de antemano se sabe que es incapaz de dar solución a tal problemática. En la negociación deben estar el presidente de la Judicatura, el fiscal, el ministro de Hacienda y los dirigentes sindicales”.

Igualmente dijo que el paro no es apoyado por una minoría, como dice el Gobierno, sino por la mayoría de funcionarios judiciales. Sin embargo, los dos principales sindicatos de la rama —Asonal Judicial, que dirige Fredy Machado, y Asonal Judicial S.I., que dirige Luis Fernando Otálvaro— siguen distanciados. En un comunicado firmado por Jaime Enrique Lozano, secretario de la seccional de Asonal S.I. en Bogotá y Cundinamarca, ese funcionario judicial sostuvo que los trabajadores judiciales “deben concluir que Fredy Antonio Machado los ha embarcado en un ‘paro’ que no solamente tiene a la ciudadanía, a los abogados litigantes y en general a la sociedad colombiana toda en contra del mismo, sino también que el capricho y la arrogancia de creerse que están pasando a la historia como los magnos líderes de Asonal Judicial les ha impedido percatarse, en su obcecada soberbia, de que realmente están es dejando en el limbo y en el más completo desprestigio e indefensión a todos los trabajadores judiciales colombianos sin distinción, sindicalizados o no”.

Lozano hizo un “llamado de atención a todos los funcionarios judiciales para que no sigamos dejándonos embaucar por presuntos ‘mesías’ como Fredy Antonio Machado, debiendo exigirle al Gobierno y al Consejo Superior de la Judicatura que el próximo 13 de enero de 2015, con la ayuda de la Fuerza Pública si es necesario, nos garantice la integridad física y el ingreso a laborar normalmente. No podemos permitir que esa camarilla minoritaria y completamente desprestigiada, sin visión política ni sindical alguna, nos impida materializar uno de los principales anhelos de los colombianos como es el de acceder a una pronta y cumplida justicia”.