El día que Fernando Botero señaló a Samper por el proceso 8.000

Hace dos décadas, Colombia empezó a vivir el momento más tenso del escándalo judicial del proceso 8.000.

El presidente Ernesto Samper junto a Fernando Botero Zea. / Reproducción de la edición del martes 23 de enero de 1996 de El Espectador.
Hace 20 años, el lunes 22 de enero de 1996, Colombia empezó a vivir una crisis política de proporciones históricas. Aunque el país llevaba 10 meses a bordo del escándalo del proceso 8.000 y empezaban a conocerse nombres de políticos que tenían nexos con el narcotráfico, ese día, en una sucesión de entrevistas, el exministro de Defensa, Fernando Botero Zea, señaló públicamente al entonces presidente Ernesto Samper de saber lo que sucedió con la narco financiación  de su campaña electoral. 
 
En entrevistas desde su sitio de reclusión en la Escuela de Caballería, el exministro Botero, quien había oficiado como director de la campaña ‘Samper Presidente’, aseguró que con tristeza debía reconocer que el primer mandatario no solo sabía del ingreso de dineros del Cartel de Cali a su campaña electoral, sino que estaba seriamente comprometido en esos hechos. El mismo lunes 22 de enero, Botero reiteró sus señalamientos en la cadena Univisión, el diario Washington Post y el noticiero CM&. 
 
En este último noticiero, el periodista Yamid Amat interrogó a Botero Zea sobre las razones que lo habían llevado a cambiar su declaración original en la que defendía a Samper y demás miembros de su campaña electoral, y el interrogado manifestó que la única forma de cerrar el capítulo del escándalo del proceso 8.000 era diciendo la verdad, aunque recalcó que él no había sido ni el autor intelectual ni material de la recepción de los dineros ilícitos, pero que Samper sí sabía de toda la vuelta con el Cartel de Cali. 
 
Como era de esperarse las declaraciones crearon un revuelo político nacional, y en pocas horas llovían las peticiones a Ernesto Samper para que renunciara a la Presidencia de la República. Esa noche, mientras el país aguardaba expectante a la solución de la crisis, el primer mandatario, durante una alocución televisada para todo el país manifestó que el exministro Fernando Botero estaba mintiendo para salvarse y que los colombianos podían dormir tranquilos porque iba a permanecer al frente del Estado. 
 
Desde ese día se vivió un segundo capítulo en la historia del proceso 8.000. El primero había arrancado en abril de 1995, cuando la Fiscalía que orientaba Alfonso Valdivieso, abrió investigación contra un significativo grupo de congresistas y funcionarios públicos, por nexos con el Cartel de Cali. Además, ordenó investigar el caso de los narcocassettes, relacionado con el ingreso de dineros del Cartel del Cali a la campaña de Samper. Sin embargo, sobre este último caso, Samper estaba amparado por un acto inhibitorio. 
 
En efecto, a mediados de diciembre 1995, la Comisión de Acusación de la Cámara había optado por inhibirse de iniciar investigaciones contra Ernesto Samper. No obstante, cuando Fernando Botero Zea lo señaló de conocer lo que había sucedido en su campaña política, volvió a reiniciarse la pesquisa contra el Presidente en el Congreso. En aquel enero de 1996, hace 20 años, el asunto derivó en un exaltado debate político sobre lo que debía hacer el primer mandatario para superar la crisis. 
 
En medio del revuelo, el exministro Fernando Botero también arremetió contra los entonces ministros del Interior, Horacio Serpa Uribe, y de Comunicaciones, Juan Manuel Turbay, de quienes dijo que también sabían del ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña de Samper. Para superar el momento crítico, con renuncias ministeriales abordo, el presidente Samper demostró su habilidad política para superar el grave escollo de su Gobierno, y formuló varias salidas constitucionales que nunca se cumplieron. 
 
En particular Samper planteó promover una consulta popular para definir su permanencia en la Casa de Nariño, convocó a sesiones extras al Congreso para ocuparse de su juzgamiento, propuso un tribunal de cuentas para examinar la contabilidad de su campaña electoral, y anunció su petición al legislativo para levantar la reserva sumarial de su expediente. En parte, estos anuncios le permitieron a Samper capotear el escándalo, pero también sirvió a sus detractores para alinearse con el exministro Botero Zea. 
 
Fueron días de tensión absoluta. Los primeros congresistas implicados en el escándalo del 8.000 empezaron a ser detenidos, en un acto inusual, el general Ricardo Emilio Cifuentes anunció públicamente su dimisión con el argumento de que el presidente no merecía su respaldo, y cuando se aguardaba un desenlace judicial, el 2 de febrero se supo del asesinato de una testigo clave para el caso: Elizabeth Montoya de Sarria, conocida como la Monita Retrechera, interlocutora de Samper en uno de los narcocassettes. 
 
El testimonio de Elizabeth Montoya era clave para establecer si otros sectores del narcotráfico habían aportado dineros a la campaña presidencial de Ernesto Samper. Con su asesinato en el barrio El Edén, al norte de Bogotá, se enredó aún más el lío judicial, y crecieron las conjeturas de que también estaban en marcha dos conspiraciones simultaneas: una protagonizada por los detractores de Samper para buscar su caída de cualquier manera y otra de sus aliados para que no floreciera la verdad. 
 
El 22 de febrero, un mes después, de la declaración de Botero Zea, el entonces fiscal Alfonso Valdivieso entabló denuncia penal contra el presidente Samper ante la Comisión de Acusación de la Cámara, lo que dio lugar a que la plenaria de la corporación iniciara un juicio de responsabilidades contra el primer mandatario. El juicio se prolongó hasta el 12 de junio de 1996 cuando la Cámara por 111 votos a favor y 43 en contra, precluyó la investigación contra el presidente Ernesto Samper. 
 
Con el tiempo, Fernando Botero Zea fue condenado por enriquecimiento ilícito en beneficio propio. Los exministros Horacio Serpa, Juan Manuel Turbay y el excanciller Rodrigo Pardo fueron precluídos por la Fiscalía General de la Nación. El escándalo del proceso 8.000 se prolongó un par de años más, hasta que por desgano judicial o porque nuevos escándalos le quitaron su protagonismo, lo dejaron como un capítulo sombrío de la historia contemporánea de Colombia.