Un laberinto judicial de 17 años

El dilema de las comunidades del río Anchicayá

Las comunidades del Bajo Anchicayá y la Empresa de Energía del Pacífico están enfrentadas, desde hace casi dos décadas, por un craso error de mantenimiento técnico ocurrido en 2001. El caso ha pasado por jueces, tribunales, Corte Constitucional y ahora el Consejo de Estado.

Este es el río de la comunidad del Bajo Anchicayá en el Valle del Cauca. / Cortesía Comunidad Bajo Anchicayá

Hace 17 años, entre julio y agosto de 2001, en desarrollo de actividades de mantenimiento en la Central Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá, en el Valle del Cauca, por errores técnicos se provocó una descarga de agua y sedimentos que afectó a las comunidades aledañas al río del mismo nombre. Desde entonces, los afectados y la Empresa de Energía del Pacífico libran una pelea jurídica interminable a la cual ya se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cuando se presentaron los hechos, las comunidades del Bajo Anchicayá denunciaron que la pesca y la agricultura en la zona habían quedado afectadas durante varios años, razón por la cual optaron por acudir a la justicia. Después de diversas opciones jurídicas, finalmente instauraron una acción de grupo en octubre de 2002 ante un Juzgado Administrativo de Buenaventura, que se tardó siete años para fallar en favor de las comunidades.

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En su decisión, el juzgado declaró patrimonialmente responsable a la Empresa de Energía del Pacífico y dispuso que debía pagar a las comunidades una indemnización colectiva por $169.000 millones. El fallo fue apelado y, en septiembre de 2009, el Tribunal Administrativo del Valle ratificó la sentencia, manifestando que el 80 % del pago debía hacerlo la empresa y el 20 % la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

Ante lo sucedido, la Empresa de Energía del Pacífico optó por interponer una tutela. En esencia, argumentó violaciones al debido proceso y acceso a la justicia porque, en su criterio, existieron errores en el cálculo de las afectaciones. Citando actos administrativos de autoridades ambientales, la empresa alegó que la cuantificación de los daños causados fue sobredimensionada y que al menos dos estudios concluyeron que no existió la afectación agrícola referida.

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De manera simultánea, la empresa expresó que algunas de las pruebas con las cuales se basó el tribunal fueron incluidas irregularmente al expediente, a pesar de que la propia justicia había advertido que no se podían utilizar. En síntesis, la Empresa de Energía del Pacífico concluyó que si bien existió un impacto en la comunidad, no fue de la magnitud determinada en las sentencias y pidió protección ante la eventual afectación de los recursos públicos.

En abril de 2012, previa medida cautelar para suspender la orden de pago expedida por el tribunal, la Corte Constitucional resolvió la tutela protegiendo los derechos de la empresa y ordenó repetir las pruebas para calcular la indemnización de las comunidades. La Corte admitió que la comunidad sufrió un daño, pero precisó que debía hacerse el pago de una indemnización colectiva con la suma ponderada de las indemnizaciones individuales.

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En consecuencia, revocó integralmente la decisión del Tribunal del Valle, dejó sin efecto una prueba pericial y sendos informes de la Secretaría de Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle, al tiempo que ordenó practicar nuevas pruebas a cargo de una entidad de reconocida trayectoria técnica y científica. Ante lo sucedido, las comunidades decidieron agotar sus opciones de ley para buscar una indemnización proporcional a los daños recibidos.

Por eso, por medio del Consejo Comunitario Mayor de la Comunidad Negra del río Anchicayá, le pidió a la Corte Constitucional anular su propia sentencia. En esencia, el reclamo se centró en que la Corte había dejado de evaluar temas de relevancia, como los derechos a la vida digna de una etnia minoritaria. La comunidad rechazó que por vía de tutela se cuestionara un informe técnico cuando ya habían pasado varios años para evaluar su procedencia.

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En abril de 2015 —es decir, tres años más de pelea jurídica—, la Corte Constitucional dio la razón a las comunidades, pero ordenó que el Consejo de Estado debía reabrir la discusión de la acción de grupo para establecer una sentencia de fondo. El alto tribunal no incluyó apreciaciones sobre las pruebas objetadas por la Empresa de Energía del Pacífico y también dispuso que sea el Consejo de Estado el organismo que evalúe su validez, metodología o tecnicismo.

De esta manera, en febrero de 2016, el Consejo de Estado suspendió los efectos de la decisión del Tribunal del Valle adoptada en 2009 y reabrió la revisión de todo el caso. Como era de esperarse, esta última decisión dejó en suspenso la expectativa de las comunidades, que la calificaron como una flagrante vulneración del debido proceso, el derecho a la vida digna y el acceso a la justicia, al recordar que el caso ya llevaba 15 años sin solución definitiva.

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Desde entonces, reclaman que la Corte Constitucional intervenga para preservar el interés general de las comunidades del río Anchicayá, una etnia afrodescendiente minoritaria en altísimo grado de vulnerabilidad. En su defensa, sostienen que tiene que prevalecer el interés general, a pesar de que se argumente que de por medio puede haber una grave afectación del patrimonio público. Por eso aspiran a que se retracte la postura del Consejo de Estado.

En medio de este laberinto jurídico, el pasado mes de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino para darle un plazo de cuatro meses al Estado para resolver el litigio. Como la Empresa de Energía del Pacífico no es parte en el caso ante la CIDH, tuvo que acudir como tercero interesado para manifestar que la demora de una solución obedece a la complejidad del expediente y que el conflicto va a ser resulto por el Consejo de Estado.

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De igual modo, la empresa alegó que no están dadas las condiciones para que la CIDH intervenga en un conflicto judicial interno en Colombia e informó que próximamente va a discutir el caso en el Consejo de Estado. Sin embargo, recordó que, desde finales de 2012, a instancias de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, ya se venía trabajando en una conciliación con las comunidades, proceso que fue interrumpido por el Consejo de Estado.

En resumen, después de casi dos décadas de la afectación a las comunidades del río Anchicayá, el caso sigue en veremos. La Empresa de Energía del Pacífico sostiene que está atenta a lo que disponga el Consejo de Estado, pero que debe defender su patrimonio y el de sus accionistas, entre ellos fondos de pensiones y entidades públicas. A su vez, las comunidades aguardan que se haga justicia y que sean indemnizados algún día por todos los perjuicios que siguen sufriendo.

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Juliana Jaimes Vargas

Judicial

El dilema de las comunidades del río Anchicayá

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