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"Preocupa a la Comisión el significativo número de investigaciones en curso contra miembros de la fuerza pública en la Fiscalía General de la Nación y en la Procuraduría General de la Nación, por casos de violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, las cuales deben ser apreciadas en su dimensión por el Gobierno Nacional", advirtieron Alfonso Gómez Méndez, Hernando Yepes Arcila y Mauricio González Cuervo al presidente Iván Duque. Lo hicieron en un documento sencillo de 12 páginas, enviado a Presidencia el pasado 25 de julio, en el cual plasmaron algunas conclusiones y recomendaciones preliminares en relación con el episodio más oscuro de la Fuerza Pública colombiana: los falsos positivos.
La "Comisión Presidencial de Excelencia Militar" se creó este año, luego de que el diario estadounidense The New York Times revelara que en ciertas directrices del Ejército podían, en cierto modo, justificar la reaparición de estos crímenes de lesa humanidad. Y aunque afirmó que "el conjunto normativo-operacional de las fuerzas militares (...) guarda armonía con los principios y reglas del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario", la Comisión sí especificó que en los formatos cuestionados por el Times "halló imprecisas determinadas expresiones que, apreciadas fuera del contexto teórico-operacional, generaron equívocos".
Los documentos cuestionados incluían el "Formato de Planeamiento de Objetivos 2019", con el cual la comandancia del Ejército les pidió a todas las unidades militares del país señalar sus resultados operacionales en 2018 y comprometerse a duplicarlos este año; y las "Cincuenta órdenes de Comando del Ejército Nacional 2019", en la que se indicaba a los militares del país que no se podía exigir "perfección" para lanzar operaciones, sino un "60% o 70% de credibilidad o exactitud". La Comisión concluyó que esa última instrucción no se refería a "la tolerancia de un margen laxo de error (...) ni invitando a la temeridad, sino, al grado de calificación de la información e inteligencia disponibles para acometerla".
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Aun así, este grupo ad honorem destacó que el comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, sacara de circulación las directrices sobre las que había un manto de duda. "(Fue) un acierto haber procedido a su retiro o derogatoria, en la idea de que 'no haya la más mínima duda de la excelencia operacional de nuestras Fuerzas Militares y de Policía', tal como lo ha expresado el presidente de la República". La Comisión, además, insistió en que "desde enero del 2019 hasta la fecha, no ha hallado queja, denuncia o noticia indicativas de la posible reproducción de este fenómeno atroz de los 'falsos positivos', cuya 'No Repetición' es un propósito nacional y de Estado que debe ser materia de la más continua vigilancia".
El propio reporte preliminar muestra que la Comisión no ha ido aún a territorios. Los comisionados se reunieron con delegados del Estado: Ministerio de Defensa, Cancillería, altos mandos de las fuerzas militares, el fiscal (e) Fabio Espitia, el procurador Fernando Carrillo, el Tribunal Penal Militar; y le enviaron un cuestionario al defensor del Pueblo, Carlos Negret, cuyas respuestas están aún pendientes. De la sociedad civil, con la Comisión Colombiana de Juristas, integrantes de las Madres de Soacha y la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (Acore). Del sistema integral, se vieron con magistrados de la JEP y miembros de la Comisión de la Verdad, incluidos sus presidentes, Patricia Linares y Francisco de Roux, respectivamente.
La Comisión envió también un cuestionario a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien criticó los primeros resultados de este grupo. "El informe de los expertos está plagado de errores", advirtió Vivanco, quien resaltó que solo se analizaron dos directrices que ya eran conocidas y no revelaron documentos nuevos. Asimismo, refuta sus conclusiones sobre la exigencia del "60% o 70%": "El informe dice que es un tema de 'inteligencia' y no de tolerancia en las 'operaciones'. ¿Entonces por qué la orden está bajo el título 'operaciones' y no de 'inteligencia'?". Vivanco, indicó la Comisión, todavía no ha enviado sus respuestas.
Este no es el informe final de la Comisión. El mismo grupo señala que el informe final vendrá en noviembre de este año. No obstante, entre sus recomendaciones preliminares, aconseja "reexaminar y actualizar los sistemas de medición de resultados operacionales de la fuerza pública a la luz de las nuevas realidades del fenómeno criminal que se presenta en Colombia" y "asegurarse que las reglas sobre estímulos e incentivos operacionales de las fuerzas militares y de policía se hallen alineadas con la realización de los objetivos estratégicos". Se trata de un punto clave porque la medición de resultados fue lo que, en cierta parte, permitió la expansión de los falsos positivos: contar los muertos en combate como indicador de triunfo.
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La Comisión fue tajante a la hora de denunciar que los falsos positivos son "crímenes abominables (que) han generado indecible sufrimiento a las víctimas, escándalo y horror a la consciencia colectiva de los colombianos, y causado profundo daño a las instituciones a las que fue confiado el monopolio de la fuerza". Según este grupo, "los estándares de respeto por los derechos humanos fueron gravemente transgredidos en los casos de homicidio de civiles presentados como muertos en combate" y, aunque desde 2012 -dice la Comisión- no se han documentado casos de esta naturaleza, no hay regla, manual o ley que valga si no hay "actos gubernamentales demostrativos de voluntad política inequívoca".
Este es el documento completo de la Comisión Presidencial de Excelencia Militar.
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