El drama de un hombre que fue expulsado de San Andrés

La Corte Constitucional ordenó que se le permita el ingreso al archipiélago como turista, mientras resuelve su situación de residencia.

Los 22 años que Jimmy Augusto Fontalvo Ramírez llevaba viviendo en la isla de San Andrés se interrumpieron de sopetón: el 2 de junio de 2013 fue expulsado por no tener sus papeles de residencia en regla. En cuestión de horas, la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre) lo obligó a partir a Barranquilla con lo que tenía puesto como única pertenencia y sin la posibilidad de avisarle a su compañera, Luz Yenis Saravia. Tampoco pudo despedirse de sus dos hijos menores de edad. Acompañado únicamente de las limitaciones que tiene para caminar y subir escaleras, pues de niño sufrió de polio y la enfermedad le dejó estas secuelas, Jimmy Augusto llegó a La Arenosa.

“Me subieron en el vuelo que iba para Barranquilla a las 2:15 p.m. Sin mediar palabras, sin preguntarme si tenía familiares en Barranquilla dónde pudiera quedarme, con la ropa de trabajo que tenía puesta en el momento, sin dinero y como si fuera un delincuente o un peligro para la sociedad del archipiélago, me sacaron de la isla de una manera inhumana. Me quedé deambulando en el aeropuerto de Barranquilla, sin dinero, con hambre, sin familiares y sin conocer a nadie, esperanzado en ver a alguna persona conocida que llegara de San Andrés para pedirle plata prestada”, narró Jimmy Augusto en la tutela que interpuso su compañera Luz Yenis, el 2 de agosto de 2013.

La mujer alegó ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Andrés que con la expulsión de su compañero permanente, el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina vulneró sus derechos fundamentales y los de su familia al trabajo, al debido proceso, a la libre circulación y residencia y a la unidad familiar. Este despacho negó las pretensiones de Luz Yenis. Sin embargo, el pasado 1 de abril la Corte Constitucional reconoció que debía ampararse el derecho a la unidad familiar de Jimmy Augusto, su pareja y a sus dos hijos, pues se privó a los menores de la compañía de su padre y de tener una familia.

Además de expulsarlo, la Occre le impuso una multa de $11.790.000 como requisito para poder regresar a la isla a poner en regla su residencia. Una suma que para una familia de escasos recursos, como la de Jimmy Augusto, resulta imposible de reunir. Por eso desde que fue trasladado no ha vuelto a ver a sus hijos. “Si bien la Occre argumentó actuar de acuerdo con la Constitución y la ley cuando expulsó al señor Fontalvo por encontrarse en una situación irregular prolongada, desconoció el interés superior de sus dos hijos menores al imponerle al actor la multa más alta posible y al condicionar su regreso a su pago efectivo, pues esto privó indefinidamente a los niños de la compañía de su padre y, consecuentemente, comprometió su desarrollo integral”, explicó la Corte Constitucional en su fallo.

El alto tribunal también encontró que se vulneró el derecho fundamental de petición, pues días antes de su expulsión Jimmy Augusto envió un derecho de petición a la Occre, pidiendo más tiempo para reunir los documentos que requería la normalización de su residencia en la isla. “Me permito solicitar una prórroga, como quiera que no me ha sido posible obtener la expedición de todos y cada uno de ellos. Es de resaltar que tengo toda la intención de normalizar la situación de mi residencia en la isla, soy un hombre discapacitado, he vivido en este departamento desde que tengo 14 años de edad, soy un trabajador honesto, brindo mis servicios a la comunidad a través de mi labor diaria (Mototaxi)”, explicó Jimmy Augusto en la solicitud. Sin embargo, el derecho de petición nunca fue contestado. Y cuando este hombre alegó, antes de ser expulsado, que había interpuesto tal recurso las autoridades le respondieron que el documento no aparecía.

Según contó Jimmy Augusto, una de las abogadas de la Occre le informó que debía firmar unos documentos y que lo iban a llevar de inmediato al aeropuerto para que abandonara la isla. En ese momento explica que “había radicado una carta solicitando más tiempo en la gobernación. La abogada me respondió de manera grosera que allá no aparecía ningún documento. Debido a que, en el momento no tenía a la mano la copia del documento que había radicado en la gobernación, les dije que me dejaran ir a buscar dinero prestado porque no tenía ni un peso en ese momento. (les dije) que cómo me iban a sacar así de esa manera de la Isla; que tenía dos niños pequeños por los que tenía que responder, a los que llevo todos los días a su colegio, compro diariamente su lonchera y tengo que dejar el diario en mi casa. La funcionaria encargada me respondió en forma de burla: ‘ese no es problema de nosotros, tú te tienes que ir y te vas ya’”, explicó.

De ahí que la Corte Constitucional considerara que “la anterior situación se tradujo en una vulneración al derecho fundamental de petición, pues el hecho de que la entidad territorial haya decidido resolver el asunto de fondo, no la exoneraba del deber que tenía de responder la solicitud e informarle al señor Fontalvo las razones por las cuales no concedió la prórroga”. En concreto, a Jimmy Augusto se le expulsó de la isla sin que la solicitud de prórroga hubiera sido contestada. La Occre tenía la obligación de responderla en el término estipulado por la ley, esto es, en los 15 días hábiles siguientes.

La Corte reconoció que las autoridades del departamento estaban en su derecho de expulsar a Jimmy Augusto, en tanto permaneció en una situación irregular por más de 20 años, “en un territorio que, por disposición constitucional, está plenamente legitimado para restringir el acceso y la residencia temporal y permanente de los nacionales y extranjeros”. Sin embargo, recordó que en los casos donde exista una colisión entre el interés del menor y los derechos e intereses de otros grupos poblaciones –como es el caso de San Andrés, donde se limitan los derechos de circulación y residencia para proteger la identidad de comunidades nativas y el medio ambiente– prevalecerá el amparo a los menores.

“El juez debe abogar por el desarrollo integral del menor, la preservación de las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, la provisión de un ambiente familiar apto, evitar cambios desfavorables en las condiciones presentes del menor involucrado y restringir toda intervención cuando no haya razones poderosas que la justifiquen”, insistió la Corte Constitucional. Por eso le informó a la Occre que debe permitir el ingreso de Jimmy Augusto, en calidad de turista y por un tiempo máximo de seis meses al año, en tanto normaliza su residencia.

Eso, además de anular la multa para permitir que Jimmy Augusto se reúna con su familia, después de once meses sin poder hacerlo. Es decir que no tiene que pagar la plata que le exigía la Occre y que, además, puede volver a presentar los documentos requeridos para normalizar su residencia. Y así, evitar romper una vez más su unidad familiar.

[email protected]

@macamilarincon

 

Temas relacionados