El Ejército se defiende por caso del capitán Antonio Rozo Valbuena

La institución reitera que ya está investigando la supuesta irregularidad en la salida de un soldado condenado a lo que parece es un centro comercial. A pesar de haber confesado sus crímenes, el capitán sigue activo.

El capitán Rozo confesó haber participado en 18 ejecuciones extrajudiciales entre 2006 y 2007. Hoy tiene un proceso de casación en la Corte Suprema de Justicia. / Archivo

Después de la publicación de dos fotografías en El Espectador en las que el capitán  Antonio Rozo Valbuena aparece por fuera de su centro de reclusión a pesar de haber sido condenado por 18 ejecuciones extrajudiciales, el Ejército reitera que ya está realizando una investigación para determinar si en realidad se cometió una falta y quiénes son los responsables.

En un comunicado de prensa, el Ejército además explica que, según las notificaciones judiciales que ha recibido, Rozo Valbuena tiene una condena en primera instancia por el Juzgado Penal del Circuito de Cereté (Córdoba) y un segundo proceso por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú (Córdoba), pero que todavía no se ha ejecutoriado ninguna sentencia y por eso no ha desvinculado, aun cuando el capitán Rozo confesó su participación en 18 ejecuciones extrajudiciales mientras trabajó en el Gaula de Córdoba entre 2006 y 2007.  

Sin embargo, este diario pudo establecer que no tiene un solo proceso en marcha y que tampoco la condena está en primera instancia. Rozo Valbuena tiene 21 procesos más entre Bogotá, Villavicencia y Córdoba y  fue sentenciado a 24 años de prisión en segunda instancia por el Tribunal Superior de Córdoba y además presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. 

Fue el mismo Rozo Valbuena quien en 2011 ante la Fiscalía relató como el Gaula de Córdoba se convirtió en una máquinaria de muerte en la que solo importaba presentar "resultados". “Están condenando a los más idiotas. No busquen aquí, busquen arriba”, señaló el capitán. Además dijo que, mientras se está condenando a soldados de bajo rango, quienes en realidad dieron las órdenes están pasando desapercibidos. (Lea aquí más sobre las declaraciones de Rozo)

“Como el militar privado de la libertad no tiene condena ejecutoriada, no se pueden adelantar los procesos de desvinculación de la Fuerza. De hacerlo estaríamos trasgrediendo la presunción de inocencia, el debido proceso y violando derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional. El Ejército no infringe la ley”, dice el comunicado de prensa.

El Ejército además explica que como no tiene nada que ver con la Rama Judicial,  “no puede interferir, indagar ni cuestionar los procesos que llevan los jueces de la República” y que son precisamente ellos los que deben notificar a las partes interesadas. Sin embargo, en la mayoría de casos de falsos positivos que lleva la justicia ordinaria, el Ejército no hace parte de los procesos y la notificación no es obligatoria.