El escándalo de mafia que salpicó a la modelo y presentadora Vaneza Peláez

Fiscalía está indagando los bienes adquiridos por Peláez y por su exmarido, Sebastián Murillo, lo que incluye una compañía de vestidos de baño. De parte de Peláez niegan que Daniela Ospina (exesposa de James Rodríguez) sea su socia en esa empresa. Dijín sospecha que sí, pero "de buena fe".

Sebastián Murillo fue capturado hace un par de días en El Poblado, sur de Medellín. / Cortesía: Dijín

“Daniela Ospina no tiene nada que ver con Granadina Beach Moments, no es socia como han indicado algunos medios de comunicación. Esa es una empresa que fundó Vaneza Peláez hace un par de años con sus propios recursos, y ella está dispuesta a que las autoridades indaguen en profundidad para que puedan ver que no hay nada irregular”. Con estas palabras, en diálogo con El Espectador, un vocero autorizado de Vaneza Peláez le salió al paso a una versión que empezó a circular tras la captura de su exesposo, Sebastián Murillo Echeverry: que las autoridades podrían comenzar un proceso de extinción de dominio sobre la empresa de vestidos de baño Granadina Beach Moments, en la cual Ospina -modelo, presentadora y exesposa de James Rodríguez- y Peláez serían socias.

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Esa versión surgió también de fuentes de la propia investigación, liderada por la Dijín de la Policía, que a este diario le indicaron que unas 35 propiedades de Murillo Echeverry y su grupo familiar van a ser estudiadas por la Fiscalía para determinar si se debe hacer extinción de dominio. Lo que significaría que esas propiedades (casas, apartamentos, vehículos, sociedades, fincas) fueron adquiridas con dinero del narcotráfico. “En el caso de la señora Daniela Ospina, es probable que ella haya llegado a la sociedad de buena fe”, manifestaron las fuentes. La Fiscalía, por su parte, confirmó que comenzó un estudio sobre los inmuebles, los carros y las sociedades donde figuran Murillo Echeverry y gente de su núcleo familiar.

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Hace un par de días, de madrugada y en sigilo, la Dijín realizó un operativo que llevó a la captura de Murillo Echeverry, de 32 años, un nombre bastante reconocido en el mundo de la farándula. Murillo es el esposo de Vaneza Peláez, la modelo paisa y presentadora de Sábados Felices; una pareja muy conocida entre artistas y famosos. Por eso este lío que ahora salpica a Peláez y hasta a la exesposa del número 10 de la selección Colombia. Fue una operación conjunta con la DEA, y hubo participación de agentes encubiertos a quienes Murillo les habría dicho que se iba a esconder un tiempo porque quería “enfriarse”. Los investigadores sostienen que Murillo y Peláez hicieron una separación “fachada” en el momento que él se dio cuenta de que los “gringos” lo seguían; el vocero de Peláez desmiente esa versión.

Tal parece que Murillo Echeverry y su esposa se separaron oficialmente en julio del año pasado. Sin embargo, el hombre fue capturado en un apartamento lujoso en el barrio El Poblado, en el sur de Medellín, y allí también estaban tanto Vaneza Peláez como las dos hijas que tuvieron juntos. Lo que la Fiscalía quiere esclarecer ahora es si ella utilizó recursos de él, provenientes del negocio de la droga, para adquirir bienes o fundar negocios, lo cual de parte de ella niegan. En lo que respecta a Murillo Echeverry, conocido también con el alias de Lindolfo, para la DEA y la Dijín es claro: se trataba de un hombre muy importante en la jerarquía de la Oficina de Envigado, posición a la que escaló hace unos cuatro años.

A Murillo, sin embargo, no lo buscaban por narcotráfico sino por otros tres delitos: homicidio, concierto para delinquir agravado y ocultamiento de pruebas, todo en relación con el asesinato de José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, el cual se cometió el 22 de abril del año pasado en la vía Las Palmas, entre Medellín y Envigado. Ocampo Obando fue un hombre bastante cercano al cartel de Medellín en la época de los 80 que figuraba como empresario. Sobrevivió la guerra entre los carteles y la guerra de los carteles con el Estado, y llegó a sus 79 años sin cuentas pendientes con la justicia. En 2008 apareció en un dossier de la Policía como un colaborador del grupo de Don Mario, hoy conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pero el tema no avanzó.

Murillo, cree la Dijín, fue el heredero en la Oficina de Envigado de Fredy Alonso Mira Pérez, alias Fredy Colas, quien se entregó a la DEA el pasado 31 de marzo en Bogotá , operaba con ese grupo ilegal desde 2001 y fue condenado a siete años de prisión por una corte federal en Boston. "Ahí comenzó a crecer el poder de Murillo en la Oficina", le dijo un investigador a este diario. "Luego tomó el poder de alias Orión", agregó. Se refiere a Edward García Arboleda, quien primero fue capitán de la Policía y luego pasó a ser un hombre cercano a la cúpula de la Oficina de Envigado. Orión fue asesinado en diciembre de 2016; su cuerpo fue abandonado en una calle de Envigado dentro de un carro, con signos de haber sido estrangulado. 

Sebastián Murillo es, además, el hijo de Rodrigo Murillo Pardo, quien en los años 80 fue conocido con el sobrenombre de Jimmy. Era el dueño de las joyerías Felipe y, por su asesinato el 26 de enero de 1986, fue investigado Roberto Escobar Gaviria. Cuando murió, los medios registraron que Murillo Pardo era dueño de una "fortuna incalculable" y patrocinador de equipo de ciclismo. Hoy, la DEA y la Dijín creen que Murillo Pardo tenía nexos con el cartel de Medellín. Ante la sociedad, dicen los investigadores, su hijo Sebastián Murillo se presentaba como ganadero, caballista y heredero de la riqueza de su padre. Las autoridades de Estados Unidos sospechan que hizo su patrimonio de la mano de la Oficina de Envigado, y por eso van a buscar su extradición. 

El Espectador trató de contactarse con Daniela Ospina a través de su manager, Tatiana Zuluaga, pero su teléfono se ha mantenido apagado. Lo que sí es cierto es que ellas son amigas y ambas habían montado varias fotos en sus cuentas de Instagram; en la de Daniela Ospina empezaron a ser borradas. De parte de Peláez, gente cercana a ella asegura que está a la espera de que les autoridades tomen decisiones.

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