El Estado los desapareció: Corte Interamericana

Se halló responsable al Estado por la desaparición de 10 personas, el asesinato de tres más, entre ellas el magistrado Carlos Urán, y las torturas infringidas a otras cuatro. El Gobierno anunció que ya tiene listos los recursos para pagar las indemnizaciones.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén, lamentaron los hechos ocurridos durante “la toma violenta del Palacio de Justicia por parte del M-19”. / Gustavo Torrijos - El Espectador

Fue necesario que un tribunal internacional interviniera para que se señalara sin dubitaciones que el Estado colombiano fue responsable de la desaparición de 10 personas y del asesinato de otras tres durante la retoma del Palacio de Justicia. Para que se concluyera que el magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán salió con vida de la sede de la Rama Judicial, para luego ser ejecutado y presentado como otra víctima del incendio que consumió el Palacio esos aciagos días del 6 y 7 de noviembre de 1985. Para que se reconociera que contra los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, y los particulares José Vicente Rubiano y Orlando Quijano se perpetraron torturas y que a los familiares del magistrado Pedro Elías Serrano les entregaron los restos de Norma Constanza Esguerra y no los de su ser querido.

Todo esto forma parte de la condena interpuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Colombia por los hechos ocurridos en el holocausto. Un fallo en el que el organismo internacional deja entrever que si este episodio sigue siendo una herida abierta, ha sido sobre todo porque en 29 años el Estado no ha hecho casi nada por esclarecer lo sucedido. Con una gravedad sobrediagnosticada, pero reiterada por la CIDH en su sentencia: las autoridades contaban desde antes con reportes sobre la inminente toma al Palacio de Justicia. Y no hicieron nada. De hecho, el día de la toma sólo seis personas custodiaban la máxima sede de la justicia en Colombia.

A lo que se suma que el Estado no ha recuperado los cuerpos de los 10 desaparecidos durante la retoma del Palacio, ocupado salvajemente por un comando del M-19. Y lo que es peor, de acuerdo con la Corte, desde “que sucedieron los hechos se han evidenciado una serie de conductas que han facilitado el ocultamiento de lo ocurrido o impedido y dilatado su esclarecimiento por parte de las autoridades judiciales”. Un señalamiento que adquiere relevancia en momentos en los que la Corte Suprema de Justicia define la suerte del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, considerado por algunos como protagonista de esta nefasta historia y, por otros, como chivo expiatorio. Familiares de las víctimas le pidieron a la Corte que tenga en cuenta este fallo al analizar el expediente de Plazas. Se sabe que hay una ponencia que concluye que el coronel (r) sería inocente.

Como si eso fuera poco, la CIDH se mostró pesimista, por no decir otra cosa, en relación con la posibilidad de que los cuerpos de los desaparecidos sean encontrados entre los cuerpos de los quemados. “La posibilidad de que los restos de las víctimas se encuentren entre los cadáveres mal identificados es mínima. La Corte considera una coincidencia poco razonable que dichos errores justamente afecten a los ocho empleados de la cafetería que continúan desaparecidos. Además, lo anterior implicaría ignorar las demás pruebas que han surgido sobre su salida con vida y su presunta desaparición forzada”.

La negligencia del Estado, dijo la Corte, “ha sido considerada tan grave, que tribunales internos han considerado que estuvo diseñada para encubrir los hechos (…) Muchos de estos errores (en el levantamiento de la escena del crimen y manejo de los cuerpos) no son subsanables completamente. No obstante, la Corte nota que no se ha hecho un esfuerzo serio, planeado y coordinado para superar en la mejor y mayor medida posible esas irregularidades”. El Estado ha reconocido parcialmente su responsabilidad, pero los desaparecidos siguen desaparecidos.

La Corte concluyó que existió un “modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19”. Los sospechosos eran separados de los demás rehenes. Luego conducidos a instituciones militares. Entre ellas, la Escuela de Caballería, comandada en aquel entonces por el coronel (r) Plazas Vega y el batallón Charry Solano. En algunos casos fueron torturados y luego desaparecidos.

Ante este panorama la Corte no pudo hacer otra cosa, sino condenar a Colombia por la desaparición de 10 personas: Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao. Y por la muerte de Norma Constanza Esguerra Forero, Ana Rosa Castiblanco y el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán.

De Urán la Corte dijo vehemente que fue herido en la pierna izquierda dentro del Palacio de Justicia, pero que salió con vida del mismo en custodia de agentes estatales y no se documentó su salida con vida en las listas de sobrevivientes elaboradas por el Estado. “Posteriormente, cuando se encontraba en un estado de indefensión causado por las demás lesiones, fue ejecutado. Su cuerpo fue despojado de la ropa, lavado y llevado al Instituto de Medicina Legal”.

El tribunal condenó a Colombia, además, por las torturas infringidas contra Matson, Santodomingo, Rubiano y Quijano. En el caso de Santodomingo y Rubiano la Corte sostuvo que los agentes del Estado incurrieron no sólo en torturas sino, además, en violencia de género. A Rubiano porque fue sometido a choques eléctricos en los genitales. “La Corte considera que este acto implicó una invasión a la intimidad del señor Rubiano Galvis que, al involucrar su área genital, significó que el mismo fuera de naturaleza sexual, por lo que constituye un acto de violencia sexual”.

Por ello, la CIDH condenó a Colombia a indemnizar a 138 personas, entre familiares y víctimas. Pero, además, lo condenó a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y un documento audiovisual sobre los hechos. Igualmente, le ordenó difundir esta sentencia a través de los medios de comunicación, brindarles tratamiento psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten y, lo más importante, garantizar “una búsqueda rigurosa, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de los desaparecidos a la mayor brevedad”.

Al respecto, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado reiteró, a través de un comunicado “que lamenta los hechos ocurridos hace 29 años en desarrollo de la toma violenta del Palacio de Justicia por parte del M-19 y acompaña a todas las víctimas en el establecimiento de la verdad”; que en varias ocasiones ha aceptado su responsabilidad ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como muestra de su buena fe y de su deseo de lograr una reconciliación con las víctimas; que ha emprendido acciones para la reparación integral de las víctimas y que “continuará trabajando por el esclarecimiento de los hechos y por garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de estas y otras víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno”.

Y, en un curioso apartado, sostuvo que “hay que reconocer que las Fuerzas Armadas de Colombia hoy son instituciones muy apreciadas y respetadas por el pueblo colombiano, gracias a su permanente modernización y avances en la protección de los derechos humanos. La legitimidad de las FF.AA. en el proceso de recuperación de la seguridad de los colombianos y del desarrollo de la Constitución, han convertido este factor en su principal activo”. Sea como sea, el fallo dista mucho de ser un final medianamente feliz para las víctimas, sobre todo porque sus seres queridos siguen igual que hace 29 años: desaparecidos. Y hasta que eso no cambie no va a haber condena que baste.

El caso del coronel (r) Plazas Vega

Hace 10 días se conoció que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Luis Guillermo Salazar presentó una ponencia en la que el coronel (r) Alfonso Plazas Vega sería absuelto por los hechos que rodearon la retoma del Palacio de Justicia. Fuentes de las altas cortes aseguran que una mayoría en la Sala Penal de este alto tribunal acogería los argumentos de Salazar. Cabe recordar que en enero de 2012 el Tribunal Superior de Bogotá confirmó su condena de 30 años de prisión por la desaparición de dos personas en la retoma. Según la corporación, solo existen pruebas que permiten inferir que el coronel (r) tuvo participación en los crímenes de la exguerrillera Irma Franco y del administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez.

Los líos del general (r) Arias Cabrales

El pasado 28 de octubre el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena a 35 años de prisión contra el general (r) Jesús Armando Cabrales por la desaparición de cinco de las 11 víctimas del Palacio de Justicia. Según el Tribunal, el excomandante de la Brigada XIII del Ejército no impidió “el resultado de secuestro o de desaparición forzada de ciudadanos rebeldes o sospechosos de rebelión retenidos en el combate”. Después de realizar un detallado análisis, basándose hasta en teorías del color, la corporación enfatizó en que sólo se demostró que cinco de los desaparecidos salieron con vida.

El único oficial absuelto

El único de los oficiales que fue absuelto por la justicia en primera instancia por el holocausto del Palacio de Justicia es el general (r) Iván Ramírez Quintero, quien para la época de los hechos era comandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici). El argumento para declararlo inocente en diciembre de 2011 fue que existía duda razonable, ya que no se pudo evidenciar el grado de responsabilidad de Ramírez Quintero en los hechos que rodearon la desaparición de 11 personas, especialmente la de la guerrillera Irma Franco. Junto a él también fueron absueltos el sargento (r) Gustavo Arévalo y al mayor (r) Fernando Blanco. En estos momentos el Tribunal de Bogotá definirá si ratifica o no el fallo en segunda instancia

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2014-12-11T06:51:57-05:00

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Juan Sebastián Jiménez Herrera

Judicial

El Estado los desapareció: Corte Interamericana

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