El Estado pidió perdón por la muerte de Luis Argemiro Gómez Atehortúa

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Luis Argemiro Gómez Atehortúa fue detenido por hombres del Gaula de la Policía Nacional de Medellín el 4 de febrero de 1999. Al día siguiente, encontraron su cuerpo sin vida en la celda en la que fue encerrado. A la fecha, todavía no hay claridad de qué fue lo que pasó.

“En nombre del Estado colombiano, les pedimos su perdón” fueron las palabras de la vocera de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) a la familia de Luis Argemiro Gómez Atehortúa, que llevan más de 20 años buscando verdad y justicia. Este jueves, través de un Acto de Reconocimiento de Responsabilidad, el Estado aceptó que el 5 de febrero de 1999, los agentes de la fuerza pública que tenían bajo su custodia a Gómez Atehortúa, omitieron el deber que les asistía de garantizar el derecho a la vida del hombre que, ese día, fue encontrado sin vida. (Le puede interesar: El pedido de perdón del Estado por el crimen del optómetra Édgar José Sánchez)

“Lamentablemente, a Luis Argemiro Gómez Atehortúa no se le garantizó su derecho de protección, mientras estaba bajo la custodia del Estado (…) hoy el Estado colombiano reconoce su responsabilidad en la muerte de Luis Argemiro (…) este espacio de hoy, aunque sea virtual y nos restrinja el abrazo o estrecharnos las manos, es un símbolo de perdón y reconciliación. A ustedes familiares y amigos de Luis Argemiro, en nombre del Estado colombiano les pedimos su perdón, toda nuestra solidaridad con su dolor”, manifestó la directora de defensa jurídica internacional de la ANDJE, Ana María Ordóñez.

El representante de las víctimas, Roberto Paz, de la organización Indemnizaciones Paz Abogados, expresó que en el caso de Luis Argemiro Gómez se agotaron todos los mecanismos propios de la jurisdicción interna, en una pelea jurídica que duró 22 años. Sin embargo, dijo, gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la ANDJE, lograron llegar a acuerdos, compromisos y soluciones amistosas. “Lo importante aquí es saber que existe una justicia restaurativa. No es solamente el manejo de una indemnización o de una reparación, estamos hablando de algo más profundo, algo que llega al corazón de los familiares de las víctimas que es el perdón, la reconciliación. Si queremos paz y tranquilidad interior, debemos reconciliarnos con el Estado”, dijo el jurista.

La hija de Luis Argemiro Gómez, Sindy Johana Gómez, también participó en el acto en el que describió a su padre como una persona “alegre, entusiasta, responsable, cariñoso, soñador y dedicado a la familia”, que trabajó la mayor parte de su vida en construcción. “Nunca vamos a olvidar lo que pasó ese 5 de febrero de 1999. En ese momento, la vida de la familia se partió en dos y los momentos más oscuros empezaron a pasar. Mi hermano tenía nueve años y yo 12. La gente nos preguntaba mucho qué le había pasado a nuestro padre y realmente nosotros tampoco entendíamos muy bien qué había sucedido. Nos habían dicho que él se había suicidado, pero nosotros nunca creímos que él lo había hecho”, expresó la víctima. (Lea también: Farc piden perdón por “pescas milagrosas”)

Agregó que su madre, quien nunca había tenido que trabajar, tuvo que asumir la responsabilidad del hogar dejando a sus hijos al cuidado de terceros. “La muerte de él nos dejó un vacío muy grande en nuestros corazones. En ese momento, sentimos una parte de tranquilidad, estamos muy contentos con lo que se ha logrado y queremos que casos como este no vuelvan a sucederle a nadie en el mundo. Sabemos que él como ser humano no era perfecto y que cometía errores, pero era una persona de calidad humana. Nunca vamos a contemplar la idea de que se suicidó, no sabemos que pasó, el único que sabe es Dios, pero vamos a cerrar este capítulo más tranquilos”, concluyó Sindy Gómez.

La relatora de la CIDH para Colombia, Antonia Urrejola, manifestó este reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado contribuye al resarcimiento del daño ocasionado y demuestra un compromiso de hacer efectiva la reparación integral de los familiares de la víctima en este caso. Asimismo, indicó la comisionista que la Comisión continuará haciendo un seguimiento especial de este caso para verificar que todas las medidas de reparación les sean cumplidas a las víctimas. Finalmente, Urrejola reconoció que el Estado ha avanzado en la construcción de una política pública de soluciones amistosas y cumplimiento de lo pactado y, al mismo tiempo, lo instó para que continúe avanzando con el cumplimiento de las medidas acordadas con las víctimas del caso.

Lo que pasó con Luis Argemiro Gómez Atehortúa se remonta al 4 de febrero de 1999. Ese día, fue detenido junto con Roberto Mauricio Montoya por miembros de la fuerza pública pertenecientes al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía de Medellín (Antioquia). Luego de su aprehensión, Gómez Atehortúa fue trasladado a una penitenciaría del Gaula, donde permaneció bajo arresto. Sin embargo, al día siguiente, lo encontraron muerto en la celda en la que estaba detenido. Su cuerpo presentaba avanzados signos post morten, producto de la falta de control y cuidado de las personas privadas de la libertad por parte de los guardianes. (Le puede interesar: Colombia admite responsabilidad solo sobre 219 víctimas del exterminio de la UP)

Luego de no encontrar respuestas en la justicia nacional, los familiares de Luis Argemiro Gómez presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 21 de noviembre de 2006. Las víctimas alegaban la responsabilidad del Estado colombiano por la muerte de su familiar y por la falta de investigación y sanción de los responsables en el país. Pasaron poco más de cuatro años y el 9 de junio de 2020, las partes suscribieron un Acta de Entendimiento, para buscar una solución amistosa en el caso.

Esto llevó a que el pasado 2 de diciembre de 2020, los familiares de Gómez Atehortúa y los representantes del Estado acordaran formalmente acordar el proceso de forma amistosa. Para que esto fuese posible, Colombia reconoció su responsabilidad internacional por omisión en el cumplimiento del deber de garantizar el derecho a la vida y se comprometió a cumplir con cinco medidas de reparación claras: el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas, la publicación y difusión del acuerdo de solución amistosa, capacitación de las fuerzas policiales como garantía de no repetición,la revisión de la acción penal para esclarecer los hechos y reparación económica a los familiares de la víctima.

De este acuerdo, entonces, nació el compromiso del Estado de realizar el acto público de reconocimiento de responsabilidad que tuvo lugar este jueves. “El procedimiento de solución amistosa se ha convertido para Colombia en el escenario idóneo para el diálogo entre el Estado y las víctimas de violaciones de derechos humanos. Nos ha permitido generar espacios de concertación para alcanzar acuerdos que contengan medidas de reparación integral, beneficiosas para las víctimas. Un acuerdo de solución amistosa es siempre visto, no solo como una expresión de buena fe, sino como manifestación de un amplio compromiso de la protección de los derechos humanos por parte de un Estado conciliador”, reiteró la abogada del Estado Ana María Ordóñez.

A continuación, podrá ver el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad por parte del Estado:

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