El eterno clamor chocoano

Mientras el Gobierno dice que su compromiso con Chocó es insuperable, los habitantes de este departamento están en paro cívico desde el pasado miércoles para protestar por el abandono estatal.

En el segundo día de paro se registraron movilizaciones en Quibdó, Istmina, Riosucio y otros 10 municipios del departamento.  / Talento Chocoano
En el segundo día de paro se registraron movilizaciones en Quibdó, Istmina, Riosucio y otros 10 municipios del departamento. / Talento Chocoano

De no haber sido por un paro cívico, Chocó no existiría. Era 1954. Gustavo Rojas Pinilla planeaba dividir los 46.530 kilómetros cuadrados que hoy se llaman Chocó. La gente salió a las calles y evitó el desmembramiento de su territorio. Desde entonces, cada vez que el abandono llega a un punto crítico, los chocoanos se movilizan. Cierran sus tiendas, colegios y oficinas, llenan las calles, gritan consignas.

Desde el pasado miércoles, y por tiempo indefinido, el departamento está paralizado. La protesta que encabeza el Comité Cívico por la Dignidad del Chocó no cesará hasta que haya acuerdos en los diez puntos que contempla el pliego de peticiones de la comunidad.

“Los puntos tocan temas de salud, vías terrestres, aéreas y fluviales, servicios públicos, desarrollo económico, defensa del territorio, seguridad, educación y cultura, deportes y recreación, fortalecimiento institucional y políticas públicas”, señaló Dilion Martínez, secretario general del Comité Cívico, en diálogo con El Espectador.

La protesta comenzó a gestarse el pasado 20 de julio, cuando en Quibdó no se izó la bandera de Colombia para celebrar la Independencia. “No vamos a celebrar que somos colombianos cuando nunca nos han tratado como parte de este país”, dijo Leonardo Martínez, vocero del Comité. En cambio, se cerraron tiendas, colegios y oficinas, y cerca de 20.000 personas, según estimó la Defensoría, inundaron las calles de la capital del departamento para mostrar su inconformidad con lo que consideran un total abandono del Estado.

No obstante, en la mañana del pasado jueves, el presidente Juan Manuel Santos negó categóricamente esta afirmación y dijo que ha invertido $7 billones en el departamento, “106 % más que el gobierno inmediatamente anterior”.

El Ministerio del Interior señala que la mayor parte de esos recursos se ha invertido precisamente en solucionar las problemáticas que se plantean en el pliego de peticiones. “Venimos conversando con los dirigentes del paro desde la semana pasada y acordamos que funcionarios de los distintos ministerios se quedaran trabajando con ellos para lograr acuerdos”, le explicó a este medio Nigeria Rentería, defensora delegada para los derechos de los indígenas y minorías étnicas, quien se ha mantenido al tanto de la movilización desde el 20 de julio.

Los puntos neurálgicos de la protesta son la prestación del servicio de salud y la infraestructura vial del departamento. Respecto a la salud, los líderes del paro reclaman que se solucione la situación del hospital San Francisco de Asís, el único de segundo nivel en un departamento con cerca de 500.000 personas.

La inoperancia del centro de salud ha sido señalada por la Defensoría desde el año 2014. Además, Dilion Martínez le dijo a este medio que, a pesar de que hace cuatro meses la Superintendencia de Salud envió 18 interventores al hospital para revisar la situación, “el servicio está peor y las deudas se han duplicado”.

El viceministro del Interior, Guillermo Rivera, quien llegó a Chocó el mediodía de ayer, dijo que el Gobierno ya tiene unas propuestas puntuales sobre este tema, pero que prefiere discutirlas en la mesa de negociaciones antes de exponerlas en medios. Aun así, el representante de la cartera del Interior señaló que el Ministerio de Salud tiene planeado poner en marcha un modelo de atención en salud para la población rural dispersa.

Y a pesar de lo importantes que puedan resultar esos esfuerzos, el pliego de peticiones del Comité Cívico también reclama la construcción de un centro de salud de tercer nivel, pues los desplazamientos a Medellín, Bogotá o Cali son impagables para la mayoría de habitantes del departamento, que, según cifras oficiales, tiene el 79 % de las necesidades básicas insatisfechas.

El otro aspecto crucial para los manifestantes tiene que ver con la infraestructura en vías terrestres, aéreas y fluviales. Pues, como le contó a este medio Leonardo Montoya, vocero del Comité Cívico por la Defensa del Chocó, “generaciones enteras de chocoanos han nacido, crecido y muerto sin conocer ninguna de las dos costas con las que bordea el departamento, porque no hay vías para llegar a ellas”. La vía al mar Ánimas-Nuquí, cuya construcción se aprobó hace una década, aún está lejos de concretarse.

El representante de la cartera del Interior explicó que los retrasos en la vía se deben a que “el Gobierno anterior firmó un contrato para su construcción, pero nosotros lo liquidamos porque había errores en diseño. Este Gobierno ya tiene los recursos para contratar el diseño de la vía al mar y entregará ese diseño antes culminar su período”.

Guillermo Rivera señaló además que en las dos principales vías, Medellín-Quibdó y Pereira-Quibdó, se han invertido $1,3 billones, ya se ha pavimentado la primera etapa y hay avances superiores al 70 % en la pavimentación de la segunda etapa. En movilidad terrestre, dijo, “se construyó el puente de Condoto y el puente del río Ira”, y en cuanto al transporte aéreo, destacó la ampliación del aeropuerto de Quibdó.

Pero el problema de los chocoanos va más allá de la falta de vías y centros de salud. El desempleo es el más alto del país —según la última cifra del DANE es del 16% en Quibdó— y, según las cifras más recientes del Ministerio de Salud (2013), 35 de cada 100.000 niños mueren de hambre, cifra superior a la de La Guajira, donde fallecen 32 de cada 100.000 menores.

A la falta de dinero para comprar el alimento se le suma la falta de saneamiento básico y de infraestructura energética -11 de los 30 municipios no están conectados a la red eléctrica del país y funcionan con motobombas-. "Viven en la edad de piedra", dice Martínez. Y, por si fuera poco, Chocó es el cuarto departamento con más desplazados del país, quienesmuchas veces llegan Quibdó a engrosar las cifras de desempleados.

"En Quibdó hay gente que desayuna, almuerza y cena con un vaso de agua. Allí hemos visto que a causa del desempleo, los jóvenes optan por unirse a grupos delincuenciales para llevar un bocado de pan a la casa", relató Leonardo Martínez. Además dicen los representantes del Comité Cívico, que esta problemática se ve agravada por la falta de espacios cultrales y deportivos en la que están sumidos la mayoría de poblados del departamento.

Aun así, el Gobierno insisite en las grandes inevrsiones que ha realizado. "Hemos construido un megacolegio en la ciudadela MÍA, que cuenta con 1.500 vivendas de interés social, el Malecón de la Alameda, una nueva sede del Sena y del Centro de Atención a las Víctimas, así como nuevos bloques y módulos de la Universidad tecnológica del Chocó", señaló el viceministro Rivera en la instalación de la mesa de diálogos.

Frente a estas declaraciones, Leonardo Montoya, uno de los líderes sentados a la mesa de negociaciones, dijo que “el Gobierno dice que ha invertido mucho, pero nosotros no vemos esa inversión”. Señaló que el Gobierno debería investigar a dónde fueron a parar esos recursos y que, de hecho, ese será uno de los puntos que expondrán en las negociaciones.

Desglosados, los 10 puntos del pliego se convierten en cerca de 200 peticiones puntuales que tendrán que resolverse para ponerle fin a este paro, el séptimo en el que los chocoanos cierran sus tiendas, colegios y oficinas y llenan las calles gritando consignas para reclamar lo que, como al resto de los colombianos, el Estado debería garantizarles.