El exagente del CTI que terminó en la lista Clinton

Wilton César Hernández habría recibido entrenamiento del FBI durante su servicio como investigador del CTI. / Cristian Garavito

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos recién divulgó los nombres de algunos integrantes y colaboradores de la llamada Oficina de Envigado, articulados al capo Javier García Rojas, alias Maracuyá. Entre ellos se destaca el de Wilton César Hernández, quien aparece en la columna derecha del organigrama criminal junto a la abogada y hermana de Maracuyá, Ruth García Rojas, bajo la anotación “actuando para o en nombre de Piedrahíta Ceballos”. José Bayron Piedrahíta está preso desde septiembre del año pasado y está pedido en extradición por el gobierno norteamericano, que asegura que sobornó a un agente de la DEA para poder evadir una orden de extradición de los años 90.

Lo que revela la actualización de la llamada lista Clinton, además de nuevos nombres de capos, son indicios –una vez más– de que el CTI de la Fiscalía ha estado infiltrado por la mafia. Hernández, quien se hacía nombrar Alfa y era reconocido por su excelencia como investigador judicial, estuvo 17 años al servicio del CTI. Pero en noviembre de 2013 presentó su renuncia y fue cuando sus viajes a Miami se hicieron más frecuentes. Al parecer, sus compromisos le demandaban todo el tiempo. Sin embargo, es su relación con el cuestionado general (r) de la Policía Luis Eduardo Martínez lo que más podría dar de qué hablar.

Hernández, quien habría recibido entrenamiento del mismísimo FBI durante su servicio como agente colombiano, fue contratado por el general (r) Martínez cuando el oficial se vio envuelto en denuncias de vínculos con, justamente, la Oficina de Envigado. Los testimonios acerca de la relación de Martínez con la mafia venían de narcos presos y colaboradores de la justicia en Estados Unidos, y llegaron directo a la Casa de Nariño.

En 2016, funcionarios estadounidenses enviaron informes confidenciales al despacho de Juan Manuel Santos donde se detallaba cómo el general (r) de la Policía, Luis Eduardo Martínez, habría colaborado con la Oficina durante su periodo de comandante de Policía de Medellín ofreciendo información que les favorecía para sus actividades criminales. Esto suscitó un fuerte debate en el Congreso, donde contaba con el respaldo de partidos como el Centro Democrático. Al final, en febrero de 2016, el ascenso de Martínez resultó truncado por orden presidencial a pesar de que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, también estuviese en favor del general (r).

A Martínez no pudieron probarle nada judicialmente. Villegas decía que contra él sólo había “rumores”. Santos, sin embargo, le pidió calificar servicios, lo que implicó su retiro de la Policía, institución a la que perteneció durante 34 años y en la que estuvo, entre otros cargos, al frente de la comandancia de Antioquia y Bogotá.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EE.UU., el gobierno norteamericano “está apuntando contra ciudadanos colombianos bajo la Ley Kingpin por sus intentos de socavar las investigaciones conjuntas entre Estados Unidos y Colombia sobre las actividades criminales de la Oficina y José Bayron Piedrahíta Ceballos”, aseguró Sigal Mandelker, subsecretario del Tesoro para Terrorismo y Finanzas Inteligencia. Uno de esos ciudadanos, Wilton César Hernández, fue la mano derecha de Martínez y funcionario del CTI bastante reconocido en Medellín porque, además de investigador judicial, solía filtrar información sobre el negocio a la prensa. Los reporteros que se lo cruzaron en sus años de servicio no dudan en asegurar que se trataba de muy buena fuente. Una que, hoy podría entenderse por qué si la Lista Clinton tiene la razón, conocía al detalle el mundo del narco en Medellín y sus alrededores. Según el Departamento del Tesoro, Hernández es propietario de Euromecánica, una empresa que estaría sirviendo al lavado de activos y que resultó en la Lista Clinton la semana pasada junto a Agroconstrucciones La Palmera, Inversiones Pinzón y Agricultura Global. Al revelar la lista, los portavoces aseguraron desde Washington que “un empleado de Piedrahíta Ceballos llamado Wilton César Hernández Durango es un exagente de la ley colombiana que trabaja en coordinación con Javier y Ruth García Rojas para interrumpir los esfuerzos colombianos para investigar a Piedrahíta Ceballos”.

El general (r) Martínez, hoy retirado de la Policía, contrató al investigador en 2016 para producir un informe que expuso en su defensa en el Congreso, en el cual desestimaba las pruebas enviadas al Palacio de Nariño. Según El Universal, Hernández “fue contactado por Martínez para hacer un informe pericial sobre el anónimo que llegó a manos del presidente (…) El investigador comparó la carta con documentos legales y observó inconsistencias en la supuesta prueba”. Aun así, su salida de la Policía fue inevitable y el oficial en retiro terminó coordinando la seguridad de una empresa privada en Rionegro, Antioquia.

En la web, Wilton César Hernández también aparece como propietario de peluquerías que, además de servicios estéticos se dedicaban a “giros internacionales”. El misterioso Alfa también prestó sus servicios a empresarios incluidos en la lista Clinton, logrando con sus informes que fueran retirados. Es el caso de los hermanos José Guillermo, Jesús Rodolfo y José Albeiro Barco Mejía, dueños del Grupo Empresarial Ghema y Enkor Profesional, con domicilio en Medellín, que se dedicaban a la importación de artículos de belleza de la China y fueron incluidos en la mencionada lista hace tres años y borrados de ella el año pasado, gracias a los buenos oficios de Hernández y los abogados Luis Guerra y Orlando Do Campo. También, Hernández habría apoyado con éxito en la misma tarea a la empresaria paisa Adriana Martínez y su empresa Carytes Encanto y Belleza, que tenía sede en El Poblado.

Los negocios y el verdadero papel del exinvestigador del CTI contratado por Martínez serán aclarados por la justicia en los próximos meses o años. Mientras tanto, para Estados Unidos se trata de un “cómplice” de “variedad de actividades ilícitas que incluyen lavado de dinero, extorsión y asesinato por contrato”. Martínez, por su parte, divulgó en un comunicado que su única relación con Hernández ha sido “contractual”, y que desconoce cualquier actividad ilícita de la que pueda haber sido señalado.