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La Fiscalía General presentó ante la Sala Penal de la Corte Suprema del escrito de acusación contra el exgobernador del Chocó, Efrén Palacios Serna por su presunta participación en la celebración irregular de siete contratos para la entrega de medicamentos de alto costo para los menos favorecidos en el departamento.
Sin embargo, los medicamentos nunca fueron entregados y los recursos girados para la ejecución de dichos contratos y a cambio de esto fueron utilizados para pagar las deudas obtenidas durante su campaña política en el 2013. Con esta actitud habría desfalcado al sector de la salud del Chocó 2 mil millones de pesos.
Para la Fiscalía General, desde el primer momento el entonces mandatario departamental sabía que dichos contratos iban a tener una finalidad muy diferente al objeto que estaba en el papel. Por eso buscó entregó de manera casi directa los millonarios contratos, omitiendo así sus funciones de control y vigilancia.
“Palacios Serna era consciente, de la forma en que se venía gestando el trámite y la celebración de los contratos, y que en ese momento debía asegurar el pago antes de las elecciones, por eso expidió resoluciones sin mayor verificación sobre las condiciones en que se encontraban las cuentas de cobro y ordenó el pago sin que el servicio hubiese sido efectivamente prestado”, precisó el fiscal.
El ente recolectó pruebas que permitieron inferir que el 28 de marzo de 2014 la cuenta de la Gobernación desembolsó una alta suma de dinero a las cuentas de los contratistas beneficiados. El Gobernador tuvo conocimiento directo de la entrega de estos dinero, todo esto con la participación de su secretario de salud, profesionales en medicina y contratistas.
“Tanto en la actividad de disponibilidad de los recursos como en el proceso para ordenar el pago, generar el desembolso y finalmente asegurar la apropiación ilícita de lo que correspondía” contó con la activa de participación de un grupo de personas. Por estos hechos fue acusado formalmente por los delitos contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
El desfalco a la salud
En su intervención, el fiscal del caso explicó que al final de la vigencia fiscal en el año 2013 los recursos no fueron ejecutados se buscó un mecanismo para evitar su devolución. En ese momento la Gobernación estableció la necesidad de ejecutar unos contratos para la conformación de la red de prestación de servicio de salud.
“Al momento de proceder al pago ningún reparo le mereció al Gobernador el procedimiento pues a pesar de saber lo que antecedía procedió a la emisión del acto administrativo para garantizar el pago y por ende la defraudación de los interés públicos. Esa finalidad única de apropiar los recurso del erario se evidencia en el trámite previo en la celebración de contratos”, explicó.
Debido a esto nunca se hizo un estudio de necesidad sobre la forma en cómo se iban a entregar los medicamentos, la población que se iba a beneficiar de los mismos, la calidad y cantidad de medicamentos y la suficiencia del contratista para ejercer este convenio. “Desde el principio de tuvo claro que el servicio no se iba a prestar”.
El entonces gobernador tenía pleno conocimiento del hecho que su conducta era ilegal, sin embargo siguió buscando la manera de garantizar el flujo de recursos públicos para su beneficio propio. “Sabía que los documentos soporte de las cuentas no tenían los requisitos legales, y que era consciente que los servicios no habían sido prestados”.