El expediente Álvaro Cruz

El Espectador conoció los detalles del último interrogatorio que entregó a la justicia el mandatario regional.

El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. / Archivo
Las denuncias sobre la entrega de presuntas coimas por parte del hoy gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, para garantizar un contrato por $23.000 millones, adjudicado el 2 de diciembre de 2009, tienen al alto funcionario dando explicaciones a la Fiscalía y negando cualquier participación en la mano larga del cartel de la contratación que saqueó al Distrito en tiempos de la alcaldía de Samuel Moreno Rojas. Sin embargo, varios testigos estelares en este accidentado expediente han señalado que sí tuvo participación en sobornos con el objetivo de asegurar que la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) le entregara el contrato 129 de 2009 a una unión temporal integrada por la firma ICM Ingenieros, que Cruz asesoraba.

Dicho negocio se le dio a la Unión Temporal (UT) Asfaltos 2009, de la que hacían parte las empresas de construcción Incoasfaltos e ICM. Justamente, las instalaciones de estas compañías fueron allanadas el pasado lunes, así como la residencia y la oficina en la Gobernación de Álvaro Cruz. En total, 110 agentes del CTI participaron de estas diligencias que buscaban rastrear contratos, cheques, pagarés, recibos de pago y hasta fotografías sobre eventuales negocios entre Cruz, estas firmas y el Estado. Los testimonios de miembros del carrusel, como Manuel Sánchez, Emilio Tapia, Julio Gómez y hasta el exconcejal Hipólito Moreno han terminado por salpicar al mandatario departamental, quien dijo estar preparado para defenderse de lo que él ha señalado como infames calumnias en su contra.

Según conoció El Espectador, en la oficina de Álvaro Cruz la Fiscalía rastreó si había contratos firmados con empresas relacionadas con Incoasfaltos, ICM o Infracon, donde uno de los socios de dicha empresa es cuñado del gobernador. Asimismo, si había convenios interadministrativos para ejecutar proyectos de infraestructura firmados entre el departamento y las 116 alcaldías de la región. Además, determinar si en cualquiera de esos negocios participó ICM Ingenieros, firma a la cual ha estado vinculado desde hace muchos años como asesor financiero Álvaro Cruz cuando no está haciendo política. También revisaron si es verdad que el mandatario caducó contratos de quienes hoy lo acusan como enlace del carrusel.

El CTI se llevó discos duros, copias de contratos y dos iPad personales de Cruz. Durante la audiencia de legalización de estos allanamientos, estas dos tabletas constituyeron la principal preocupación de la defensa del gobernador. Al mismo tiempo, en el apartamento del mandatario, ubicado en el exclusivo sector de Rosales en Bogotá, la Fiscalía encontró celulares, documentos y fotografías que probarían la estrecha relación de Cruz con ICM, la firma de Luis Guillermo Mesa, su íntimo amigo. El objetivo será establecer el verdadero poder del gobernador en esa compañía, si es verdad que es su dueño a la sombra al punto de haber sellado negocios de compra de tierras en Estados Unidos, tal como lo denunció Noticias Caracol.

En cuanto al allanamiento a la sede de ICM, los investigadores se llevaron copias espejos de los computadores, los registros contables de la firma, entre otros documentos, pero no fueron atendidos por Mesa, sino por sus empleados, quienes manifestaron que el gerente se encontraba disfrutando de unas largas vacaciones en una de sus propiedades en Florida (Estados Unidos). La diligencia más larga se dio en las instalaciones de Incoasfaltos, pues los agentes del CTI llegaron a las 7:00 de la mañana del lunes 11 de mayo y se fueron a la una de la madrugada del día siguiente. Todas las cuentas y los movimientos de las mismas en los últimos 10 años fueron revisados, pues se busca constatar si es cierta la información, según la cual desde allí se giraron las coimas a la UMV, dirigida por Iván Hernández, condenado por el carrusel a tres años de cárcel.

La información de los testigos es que para la adjudicación del contrato de 2009 se pagaron coimas correspondientes al 5% del valor inicial del contrato, que era de $15.689 millones, pero que después de tres adiciones terminó costándole al Distrito más de $23.000 millones. Este diario supo, además, que este martes fue citado a declarar el condenado exconcejal Hipólito Moreno, con el objetivo de aclarar sus nexos con el gobernador Cruz y si es verdad que éste le dio plata para financiar una de sus campañas. Los investigadores pretenden determinar si Cruz resultó beneficiándose de la UMV, la entidad que como consecuencia de la repartija del exalcalde Moreno le correspondió a tres fichas de la U en el Concejo: Andrés Camacho, Hipólito Moreno y Orlando Parada, todos sentenciados a penas que oscilan entre seis y nueve años.

La defensa de Cruz

El Espectador también conoció detalles del último interrogatorio que dio el gobernador Cruz, el pasado 30 de abril a la Fiscalía. Lo más sorprendente es que manifestó que asesoró a ICM en dos licitaciones de la UMV, en las que esa compañía se asoció ni más ni menos que con la firma INCA, propiedad del contratista y promotor del cartel, Julio Gómez. Cruz sostuvo que en 2009 INCA no estaba cuestionada y cumplía con los requisitos que le hacían falta a ICM, y que por eso ayudó a estructurar la propuesta de unión temporal. Es decir, la 008 de 2009 en la que ICM tenía el 80% y la constructora INCA el 20%. Esa unión temporal se llamó Vías Futuro Bogotá y tuvo como representante legal a Luis Guillermo Mesa en octubre de 2009.

La propuesta no fue seleccionada, sin embargo, quedó claro que entre Cruz, Mesa y Gómez existieron vínculos comerciales. La Fiscalía indagó al gobernador por el episodio denunciado de la compra de tierras en Estados Unidos en la que terminó enredado. Cruz explicó que en 2005 su amigo Abraham Casallas le manifestó que había un rentable negocio inmobiliario en Miami con un empresario cubano-americano llamado Manuel Dorta. El pago del 25% de esos predios, que costaron US$7,5 millones, le correspondió a ICM por recomendación de Álvaro Cruz. Su interés, según declaró, era evaluar la posibilidad de desarrollar proyectos urbanísticos en los que podía tener una comisión de éxito.

El gobernador relató que Luis Guillermo Mesa acudió a varios créditos para pagar esta inversión y que los giros de este negocio quedaron cerrados en el año 2006, mucho antes de que estallara el escándalo del carrusel. La Fiscalía le preguntó si entre 2009 y 2011 participó en negocios para beneficiar a Incoasfaltos en la UMV, a lo que contestó que no. También lo interrogaron sobre la presunta entrega de cheques o dinero en efectivo a los concejales que manejaban esa entidad. Álvaro Cruz sostuvo con vehemencia que jamás incurrió en tal conducta, como también negó tener conocimiento de un cheque girado por ICM o Incoasfaltos al abogado Manuel Sánchez por un valor de $185 millones.

En ese contexto dijo haber conocido por cuenta de los avatares de la política a Orlando Parada, Andrés Camacho, Iván Hernández, Hipólito Moreno, Samuel e Iván Moreno, e incluso al empresario Andrés Jaramillo, pero negó haber tenido cualquier tipo de negocios con ellos y, aún más, cualquier entrega irregular de dineros en los tiempos del carrusel.

Asimismo, Cruz contó que conoció a Luis Guillermo Mesa desde los años 80, cuando trabajaba en la construcción de la represa de El Guavio y que desde entonces han tenido una gran amistad. Entre 2005 y 2007, relató, ofició como asesor financiero de ICM con un sueldo base y con la posibilidad de comisión de éxito en las licitaciones que salieran favorables.

En cuanto a su posible relación con la firma Incoasfaltos, Cruz sostuvo que solamente ha sido asesor de ICM y que tiene claro que las declaraciones entregadas por Manuel Sánchez y Julio Gómez en su contra son una especie de vendetta, porque les canceló contratos que tenían con el departamento, debido a una serie de incumplimientos o deficientes asesorías. Al final, el gobernador dijo no estar interesado en hacer algún tipo de acuerdo con la Fiscalía, reivindicó su buen nombre y sostuvo que probará su inocencia, aunque reconoció que no ha entablado denuncias penales contra Sánchez por falso testimonio. Fueron las declaraciones que este abogado entregó durante el juicio de Orlando Parada, las que hicieron que el juez del caso ordenara investigar los tentáculos de Cruz en la UMV. Los allanamientos de esta semana revelan, en todo caso, un escenario difícil para el curtido mandatario departamental.

Lo que dijo Hipólito Moreno sobre la UMV

Hipólito Moreno fue uno de los tres concejales —junto con Orlando Parada y Andrés Camacho— que manejó los hilos de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) tras nombrar a Iván Hernández como director. Hace un mes el excabildante habló sobre las movidas irregulares que se hicieron en la entidad y precisó que de la UMV recibió $539 millones a través del ingeniero Rogelio Ardila, según él, un tercero de buena fe. Agregó que la plata se direccionó a través de la empresa Patria. Hipólito Moreno indicó que a través de esta última firma y de la Unión Temporal Asfaltos 2009 —de la que dijo conocer que ICM hacía parte— se entregaron las coimas a concejales y funcionarios. Frente al gobernador Álvaro Cruz, manifestó que sólo se reunió con él para asuntos políticos y que conoció a su esposa, Zoraida Rozo, cuando era secretaria general de Enrique Peñalosa. Asimismo, que sólo conoció de los nexos de Cruz con ICM por los medios de comunicación y que nada sabe de las relaciones de Manuel Sánchez y el gobernador.

Iván Hernández, el hombre de la UMV

Gracias a los acuerdos entre los concejales Hipólito Moreno, Orlando Parada y Andrés Camacho, y el exalcalde Samuel Moreno, Iván Hernández empezó a dirigir la Unidad de Mantenimiento Vial. Fue él quien manejó los intereses de los cabildantes y direccionó contratos a cambio de coimas. Durante su gestión siempre estuvo junto al abogado Manuel Sánchez, ficha de Parada y con quien ideó que a través de firmas contratistas, como la empresa Patria, se entregarían dádivas a concejales. Varios testigos del carrusel de la contratación han indicado que Hernández es quien tiene la clave para desenredar el capítulo en el que aparece salpicado el gobernador Álvaro Cruz. Hernández, luego de lograr un preacuerdo en el que se comprometía a colaborar con la justicia, recibió una pequeña pena de un año y cuatro meses de prisión en febrero de 2014, pero nada ha dicho sobre Cruz.