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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos una decisión que podría cambiar el rumbo de los procesos que adelantan por el escándalo de Odebrecht, firma brasileña que pagó sobornos para obtener contratos de infraestructura en Colombia. Se trata de la propuesta de colaboración eficaz que presentó el detenido exsenador Bernardo Miguel el Ñoño Elías. Su decisión de contarles a las autoridades todo lo que sabe del escándalo puede poner a temblar a varios sectores de poder del país. “Estoy presto a recibir el llamado de la Corte a efectos de definir dicha metodología, que además visibilice el conocimiento íntegro de la verdad de lo que realmente sucedió en Odebrecht”, señaló en su propuesta. El próximo martes 23 de enero la magistrada Patricia Salazar tendrá una reunión privada con él para estudiar la propuesta.
Para llegar a esta instancia, el exsenador, que se encuentra preso desde el pasado mes de agosto en el patio ERE Sur de la cárcel La Picota, se jugó sus cartas durante la etapa de recolección de pruebas en el proceso que enfrenta por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos por, presuntamente, haber exigido una comisión del 2 % con el fin de favorecer la entrega del contrato para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra en el año 2014. Su abogada Silvia Rugeles solicitó a la Corte escuchar bajo juramento a todos los ministros que firmaron el documento Conpes 3817 de 2014, por medio del cual se le dio vía libre a la adición del contrato para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra al convenio de la Ruta del Sol Tramo II.
Las declaraciones
Este diario tuvo acceso a las entrevistas que rindieron desde el consulado de Colombia en Nueva York la exministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa y Simón Gaviria Muñoz, exjefe de Planeación Nacional. Los dos afirmaron que Elías no influyó en las decisiones que favorecieron a Odebrecht. “En el desempeño de mis funciones como ministra de Transporte y Comercio nunca se me acercó el senador Elías a pedirme nada de este tipo. Lo conozco como senador, por ser del Partido de la U y por las reuniones que teníamos en Presidencia con la unidad nacional que él asistía para hacerle seguimiento a la agenda legislativa”, indicó Cecilia Álvarez.
Por su parte, Simón Gaviria declaró: “En ningún momento tuve algún tipo de conversación con el senador Elías sobre el documento Conpes o las decisiones que estábamos tomando ahí, y en general debo afirmar que el Congreso no tiene influencia ni injerencia sobre los Conpes. En este caso el senador Bernardo Elías tuvo cero influencias en las decisiones”.
Una vez los dos exfuncionarios del gobierno Santos declararon sobre la presunta participación del senador Elías para agilizar este contrato, el magistrado auxiliar de la Sala Penal centró sus interrogantes en la sesión del Conpes 3817 de 2014, que dio vía libre a la construcción de la vía Ocaña-Gamarra. La exministra Álvarez afirmó que todo fue competencia de la Agencia Nacional de Infraestructura: “Se había concertado el Conpes con los técnicos del Ministerio de Hacienda, los técnicos del Ministerio de Transporte -en este caso el viceministro asistió- y con los técnicos de Planeación. Es un Conpes borrador, donde no participa ningún ministro que se envía a consideración para que lo trabaje Planeación y luego llevar el Conpes a consejo de política fiscal y social, donde se aprobó”.
En el caso de Gaviria, afirmó que no formó parte de las discusiones para la aprobación. “A todo lo que me puedo referir es que hubo una solicitud por parte del Ministerio que el Conpes recomendara adicionar el contrato y lo que hizo Planeación fue rechazar esa solicitud, dejar muy claro que la ANI es la única responsable en esta materia. Es muy importante entender que de un proyecto de inversión pueden salir varios contratos. Porque uno tome una decisión del proyecto de inversión no significa que toma decisiones contractuales”.
Otro punto en el que los magistrados centraron sus interrogantes fue frente a la participación de otros parlamentarios de las comisiones económicas para promover la aprobación del contrato en favor de Odebrecht y sus socios. Los exfuncionarios coincidieron en asegurar que “nadie los buscó”. Sin embargo, sí resaltaron las constantes preguntas que les hacía Ciro Rodríguez, representante a la Cámara por Norte de Santander, sobre el contrato. Un elemento que será tomado en cuenta en la indagación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra por el delito de tráfico de influencias. “Sólo un congresista me preguntaba cómo iba el proyecto, pero muy a nivel general, un congresista de Norte de Santander, Ciro Rodríguez, nunca fue bajo presión, sino normal, lo natural que hacen los parlamentarios que están detrás de los proyectos de su región”, señaló la exministra.
“Tengo presente es que en una citación de la Comisión Sexta de la Cámara, que si no estoy mal buscaba hablar de los sistemas de transporte integrado del país, concluyendo la sesión el representante Ciro Rodríguez me hizo una pregunta en público por el Conpes, y le dije que iba a estar listo en unas semanas”, declaró el exdirector de Planeación Nacional.
En total, la Sala de Instrucción recibió las declaraciones de los candidatos presidenciales Germán Vargas Lleras y de Juan Carlos Pinzón Bueno; Tomás González Estrada, Gina Parody, Luis Felipe Henao, Yesid Reyes Alvarado, Luis Eduardo Garzón y Gabriel Vallejo López, quienes aseguraron no tener conocimiento de la participación del senador Elías. Un elemento con el que la defensa busca demostrar que el papel del exsenador del Partido de la U fue otro, y por eso, a través de la colaboración, intentará conseguir un preacuerdo para su defendido. “Se va a estudiar la viabilidad de que un congresista entregue información por primera vez”, señaló a este diario la abogada Silvia Rugeles.
De llegarse a un acuerdo con la Corte Suprema, el exsenador Ñoño Elías se convertiría en testigo clave del proceso. Lo que El Espectador pudo conocer de la matriz de información que va a entregar es que ratifica el compromiso de colaboración eficaz, y pide a la Corte Suprema de Justicia otorgarle inmunidad total o lograr por lo menos el 50 % de la rebaja de la pena. También pide seguridad para su familia y el traslado a una guarnición militar. A cambio entregará información sobre la supuesta participación directa de funcionarios del Ejecutivo para acelerar o influenciar los contratos de Odebrecht o algunas de sus filiales; la presunta relación de intereses entre la exministra Cecilia Álvarez, el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade -en detención domiciliaria por este caso- y el abogado Javier Hernández López. Por último, y no menos importante, aportaría información sobre el papel de Roberto Prieto, el exgerente de la campaña Santos Presidente y los recursos que habrían entrado a la campaña a través de los departamentos de Córdoba, Sucre y La Guajira. “Los dineros se recibieron para destinarlos a campañas políticas y actividades conexas con el mismo fin”, señaló en su propuesta a la Corte.
Lo cierto es que la sola idea de que el Ñoño Elías, la segunda votación más importante del Partido de la U, decida colaborar con la justicia es causa de preocupación para muchos con los que tuvo negocios y podría impactar parte del panorama político nacional, a unos meses de las elecciones presidenciales y de Congreso.