El proyecto de ley del actual fiscal se hundió en el Congreso

El extenso debate por nombrar un fiscal ad hoc

La polémica sobre la necesidad de nombrar un fiscal ad hoc para el caso Odebrecht sigue latente. Recién llegado a la Fiscalía, Néstor Humberto Martínez propuso unas reglas de juego distintas para nombrar un fiscal ad hoc, pero la iniciativa murió en el Congreso. Hoy la duda es si la vicefiscal Riveros -subordinada del fiscal- podría actuar con la independencia que este controversial proceso exige.

El fiscal ha insistido a la Corte Suprema sobre la posibilidad de nombrar fiscal ad hoc en Odebrecht / Mauricio Alvarado.

Tras la revelación de las conversaciones entre Jorge Enrique Pizano, excontroller de la Concesionaria Ruta del Sol, y el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez acerca de las irregularidades cometidas por la multinacional Odebrecht en Colombia, han sido varios los coletazos que se han producido por cuenta de este escándalo. Uno de ellos es la propuesta de nombrar un fiscal o una Fiscalía ad hoc que se encargue de las investigaciones que aún faltan en el proceso. Esta iniciativa no es lejana para el fiscal Martínez, ya que, al poco tiempo de posesionarse en su cargo, radicó un proyecto de ley en el que proponía modificar el régimen de impedimentos para así seleccionar un fiscal ad hoc cuando fuese necesario.

Se trata del proyecto de ley No. 66 de 2016, radicado ese año por el mismo Néstor Humberto Martínez en su segundo día como fiscal general. En un documento de 47 páginas, el fiscal aseguró que este era el mejor mecanismo para garantizar la independencia e imparcialidad en los procesos en el que el fiscal se declarara impedido. Por ello propuso que fuese el presidente de la República quien conformara, en un término de 10 días, una terna para que la Corte Suprema de Justicia eligiera un fiscal ad hoc entre las personas propuestas por el alto mandatario. En el artículo 58B propuso prestarle a la Fiscalía toda la colaboración logística, económica y de personal que requiriera el nuevo fiscal ad hoc.

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Actualmente, el artículo 58 de la Ley 906 de 2004 señala que, en caso de que un impedimento prospere en la Corte Suprema de Justicia, la investigación seguirá en manos del vicefiscal general de la Nación, punto que también fue discutido en el proyecto de ley del fiscal general. Para Martínez, también era necesario garantizar que el funcionario que diera continuidad con el proceso no tuviese una relación jerárquica con el fiscal general de la Nación. Para sustentar este argumento recordó la mayor parte de las funciones del cargo de vicefiscal –que hoy ocupa María Paulina Riveros– están bajo la coordinación o dirección del jefe del ente investigador.

“Si bien este tipo de relaciones no afectan per se la independencia e imparcialidad del funcionario subordinado, resulta más garantista diseñar un sistema en el que esta dependencia no exista”, se argumenta en la propuesta. Por tal razón, se consideró pertinente que se nombrara un fiscal ad hoc con similares aptitudes a las del fiscal general, con el que se resolverían todos los problemas de independencia y objetividad. Sin embargo, el Consejo Superior de Política Criminal expresó que este proyecto no era viable por tres razones fundamentales. La primera tiene que ver con el impacto fiscal (los costos para el Estado) que se generaría al nombrar un fiscal ad hoc.

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La Fiscalía señaló que una posible solución era que la función del fiscal ad hoc se ejerciera ad honorem, es decir sin retribución económica, como los conjueces de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el Consejo argumentó que no es comparable la función de un conjuez con la de un fiscal ad hoc, debido a que el cargo de este último demandaba más dedicación en la labor. Otro reparo expuesto por esta entidad fue que, en caso de que el fiscal estuviese impedido o recusado en muchas ocasiones, se haría sumamente difícil la designación de varios fiscales ad hoc y significaría una carga adicional a la Corte Suprema de Justicia en la designación de los funcionarios.

La tercera observación que planteó el Consejo Superior de Política Criminal es que, en caso de designarse un solo fiscal ad hoc para todos los impedimentos del fiscal general, se generaría una doble orientación de la actividad de la Fiscalía. “Para el Consejo Superior de Política Criminal el actual sistema de reemplazos del fiscal general ante las recusaciones e impedimentos cumple los estándares exigidos por la Constitución y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos para garantizar la imparcialidad del ente acusador, en tanto que independientemente del sistema de nombramiento del vicefiscal y su vinculación a las directrices del Fiscal cuando actúa como tal”, señala el concepto. Al final, el proyecto de ley naufragó.

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Las revelaciones de las conversaciones que el fiscal Martínez sostuvo con Jorge Enrique Pizano, excontroller de la Ruta del Sol que murió el pasado 8 de noviembre, han avivado este debate. ¿Necesita Colombia un fiscal ad hoc para los casos que el fiscal general esté impedido para manejar? Hasta el presidente Iván Duque se mostró inclinado hacia la propuesta, aunque congresistas críticos de la gestión de Néstor Humberto Martínez, como Jorge Robledo, dicen que lo que debe venir es la renuncia inmediata del fiscal. “(La iniciativa) tiene una trampa: han dado a entender que el fiscal ad hoc sería para todo el caso Odebrecht. No es verdad. Lo que están planteando solo es para un pequeñito aspecto”.

Impedimentos de exfiscales

Néstor Humberto Martínez no es el primer fiscal general que se declara impedido en un caso en específico, como lo hizo en algunos procesos de Odebrecht, pues fue asesor jurídico del Grupo Aval, socio de Odebrecht en Ruta del Sol 2. De acuerdo con cifras de la Fiscalía, entre 2008 y 2016, la Corte Suprema de Justicia aceptó 36 impedimentos y recusaciones de 50 que le presentaron. El exfiscal Mario Iguarán, quien estuvo al frente de la entidad de 2005 a 2009, se declaró impedido para investigar al exministro Sabas Pretelt en el caso de la yidispolítica, por considerar que tenía una profunda amistad Pretelt. En su momento, la Corte aceptó el impedimento presentado por Iguarán y definió que el vicefiscal Guillermo Mendoza Diago adelantara la investigación.

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En el caso del exfiscal Guillermo Mendoza, este se declaró impedido en dos oportunidades para investigar a su hermano Jorge Mendoza Diago, en su calidad de gobernador encargado de Bolívar. La primera oportunidad fue en diciembre de 2009, cuando Jorge Mendoza era investigado por haber incurrido en presuntas irregularidades para que fuese elegido gobernador. Para ese entonces, Mendoza Diago fungía como fiscal general encargado, debido a que el periodo de Iguarán ya había finalizado y no se había elegido a su sucesor. El segundo impedimento tuvo tiene que ver con una denuncia contra su hermano en febrero de 2010. La magistrada ponente Elsy Pilar Cuello aceptó el impedimento.

Viviane Morales Hoyos fue la primera mujer en ser nombrada fiscal y estuvo en el cargo entre 2011 y 2012. Uno de sus impedimentos más sonados fue el que presentó en el caso de la excontralora Sandra Morelli en junio de 2011. Morales argumentó que había emitido una opinión sobre Morelli mientras se desempeñó como analista en Caracol Radio. "En esa oportunidad manifesté que, a mi juicio, la doctora Morelli no reunía los requisitos para asumir el cargo de contralora, precisamente porque no había acreditado el ejercicio de funciones públicas por un periodo no menor de cinco años”, aseguró la exfiscal en ese entonces. Tal impedimento fue aceptado por los magistrados Jaime Arrubla y Leonidas Bustos.

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Algunos impedimentos presentados por el exfiscal Eduardo Montealegre también están relacionados con la excontralora Sandra Morelli. En mayo de 2013, el exfiscal señaló que no podía investigar a Morelli por las supuestas interceptaciones ilegales que se habrían hecho desde la Contraloría en el caso Saludcoop, porque se había desempeñado como abogado de la EPS. Sin embargo, la Corte Suprema declaró improcedente la petición. A lo largo de su periodo, fueron varias las voces que le exigieron a Montealegre mostrar una separación real del caso Saludcoop, pues se sabía que no solo él había trabajado con la empresa, sino que era amigo personal de su representante, Carlos Palacino. Tras cuatro años de mandato, la investigación contra Saludcoop había avanzado mínimamente.

 

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2018-11-22T22:00:00-05:00

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2018-11-23T08:59:17-05:00

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Catalina Vargas Vergara

Judicial

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