El exterminio de un sueño

Un sobreviviente narra el calvario de este del Movimiento de Acción Comunitaria del Cesar acabado por la violencia.

Facsímiles de las denuncias hechas por el MAC sobre las amenazas de grupos paramilitares como los de la foto en su contra. / Foto: Reuters

“En Colombia la violencia ha sido mucha, sobre todo con los movimientos distintos”. No lo dice un miembro de la Unión Patriótica (UP) sino el exalcalde de Aguachica (Cesar) Manuel Claro, cuyo partido, el Movimiento de Acción Comunitaria (MAC), fue exterminado, al igual que la UP, por ir contra los poderes tradicionales.

Hace poco el exterminio del MAC fue declarado delito de lesa humanidad. Respecto al asesinato de cuatro de sus miembros, al atentado que por poco acaba con la vida de otro integrante de este movimiento y a las decenas de amenazas en su contra, la Fiscalía sostuvo que “no fueron actos aislados sino producto de un plan criminal orquestado por personas que no compartían el cambio que estaban engendrando en la forma de hacer política, viéndolos como una amenaza para sus aspiraciones y como su enemigo natural”.

Y agregó que de esta forma “ pusieron en funcionamiento dicho plan hasta lograr su cometido, que no fue otro que borrar a este movimiento de la faz política de Aguachica (...) No resulta extraño que incluso se hubiera podido dar una alianza entre representantes de la clase política tradicional, los organismos de seguridad del Estado y grupos de justicia privada con la finalidad de extirpar el mal que según ellos asomaba en Aguachica. Si bien no hay señalamientos directos sobre quienes ejecutaron estos atentados, la versión de la comunidad recae en que fueron miembros de los entes estatales”.

Claro, uno de los pocos sobrevivientes, recuerda con tristeza cuando “las fuerzas oscuras” acabaron el MAC. Era 1992 cuando Claro logró algo impensable: convertirse en alcalde de Aguachica de la mano del MAC, creado en 1991 por el campesinado de ese municipio del sur del Cesar para defender sus intereses y disputarles el poder a los partidos tradicionales.

“Triunfamos con una buena ventaja sobre el otro candidato. Era un momento para el cambio, para administrar el municipio de forma diferente”. Era un sueño cumplido. Uno que, no obstante, no duró mucho. A los pocos meses de haber sido elegido se topó de frente con la oposición de los partidos tradicionales. Primero fue la negativa a aprobar cualquier proyecto que viniera de la Alcaldía. “Prometimos acabar con la corrupción, gobernar de forma diferente y eso no gustó mucho en algunos sectores”. Luego fueron los señalamientos contra el MAC de ser el “brazo político” del Eln.

El baño de sangre no se hizo esperar. El primero en ser asesinado fue el secretario de Hacienda, Carlos Galvis , el 28 de octubre de 1992. Luego fue Víctor Guadia, uno de los fundadores del MAC, asesinado el 21 de septiembre de 1993. El 5 de octubre de ese año, cinco miembros del movimiento —el tesorero municipal, Jesús Blanco; el asistente privado del alcalde, Erminso Sepúlveda; el jefe de personal, Gonzalo Cárdenas; el concejal Elibardo Galvis, y la jefa de Salud de Aguachica, María del Mar Larrañaga— denunciaron ante la Procuraduría la presunta participación de miembros de la Fuerza Pública en los asesinatos y la existencia de una lista de “dirigentes cívicos que se pretende ejecutar”. También solicitaron una “investigación inmediata y acciones para garantizar nuestras vidas, la de nuestras familias y otros miembros del MAC ante la inminencia de nuevos actos atentatorios a nuestra integridad”.

El 7 de octubre, Blanco denunció ante la misma entidad que le habían dicho que se cuidara “porque han visto una lista que tiene la Policía donde aparece mi nombre como candidato a ser asesinado”. Un testigo de lo ocurrido en esos años les contó a las autoridades sobre la existencia de grupos de “limpieza social” en Aguachica. “Eran un grupo especial de la Policía, el Únase. Se decía que eran los encargados de hacer la limpieza”.

La esposa de una de las víctimas sostuvo que meses antes del asesinato de su pareja la visitaron “unos jóvenes que decían ser de las Autodefensas Campesinas de Colombia. Llegaron diciendo que mi esposo pertenecía al MAC y que la orden que llevaban era de matarlo. Llegaron pidiendo $1’500.000, dando a entender que si les dábamos esa plata no lo mataban”. La Procuraduría no investigó.

En cambio, a los pocos meses destituyó a Claro por un supuesto prevaricato. “Dizque por nepotismo. Luego se pudo demostrar que no hubo delito, que los partidos tradicionales estaban tras ese proceso. Fue muy decepcionante ver que las autoridades se prestaban para ese juego”. En su reemplazo fue designada su secretaria de Gobierno, Patricia Rojas. El 29 de noviembre de 1993 desconocidos atentaron contra el jefe de personal de la Alcaldía, Gonzalo Cárdenas, quien sobrevivió de milagro. El 28 de enero de 1994 asesinaron a Erminso Sepúlveda, y al ganadero Noel Omeara.

Su hijo, Manuel Omeara, y su consuegro, Héctor Álvarez, fueron asesinados —al parecer— por tratar de investigar su muerte. Esto ocurrió durante el gobierno del mayor John Vigoya, quien reemplazó a Rojas después de que ella renunciara por amenazas en su contra por parte del Eln. Con la llegada de Vigoya a la Alcaldía, el MAC perdió lo logrado en las urnas. La estocada final fue el 23 de septiembre de 1997, cuando desconocidos asesinaron al tesorero Jesús Blanco.

Actualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudia una denuncia interpuesta contra Colombia por los asesinatos de los Omeara y de Álvarez. Por todos estos delitos no hay ningún procesado. Para Manuel Claro, lo ocurrido es una enseñanza “muy dura de que, igual, no es a través de la violencia como se logran las cosas. Se necesita de mucha sensatez y de madurez política para poder coexistir y poder desarrollar proyectos diferentes. Hay que respetar la diferencia. Desde que haya respaldo, entendimiento y comprensión pueden lograrse tantos propósitos como la paz y el cambio”. “Si le apuntamos a eso puede que algo cambie”, concluye Claro: un mensaje para que exterminios como el del MAC y el de la UP no vuelvan a ocurrir.

 

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