El exterminio político en el Cesar

En la sentencia proferida contra el excomandante del frente Héctor Julio Peinado Becerra, el Tribunal Superior de Bogotá dejó constancia de los ataques sistemáticos a los que fueron sometidos los dirigentes del sur del departamento.

Juan Francisco Prada se encuentra detenido en la cárcel Modelo de Barranquilla desde mayo de 2004 ./ ‘El Tiempo’

Promover en 1995 la primera consulta popular por la paz en Colombia fue la razón para que Luis Fernando Rincón, exalcalde y candidato a la Alcaldía de Aguachica (Cesar), fuera asesinado por paramilitares al mando de Juan Francisco Prada, alias Juancho Prada, el 15 de agosto de 2000. Rincón, que militó en el M-19 e integró el partido político que surgió tras su desmovilización, había logrado convocar a más de 10.000 aguachiquenses para que rechazaran la presencia de actores armados ilegales en el municipio. Por eso, cinco años después de esa consulta, cuando aspiraba nuevamente a la Alcaldía con el respaldo del movimiento Convergencia Ciudadana, fue asesinado en zona rural de Aguachica. Tras su muerte, los paramilitares iniciaron una persecución sistemática contra sus copartidarios y más cercanos colaboradores para desarticular su apuesta política.

Prueba de ello fue la suerte que corrió Miguel Malo Quiroz, quien alcanzó un escaño en el Concejo de Aguachica para el período 2000-2004, bajo el paraguas del movimiento que impulsó Rincón. Una vez se posesionó y fue elegido presidente de la corporación, paramilitares del frente Héctor Julio Peinado Becerra, como se denominó la estructura que comandó Prada, lo declararon objetivo militar y lo obligaron a abandonar la zona. Similar situación vivió Rosalba Acosta, candidata al Concejo por ese movimiento, a quien los ‘paras’ la presionaron para que renunciara a su candidatura. Pese a que se vinculó a la administración de Antonio Bermúdez, quien fue electo alcalde en 2000, las amenazas continuaron y se extendieron a sus hijas, razón por la cual se fue de Aguachica. Leslie Mendoza, la secretaria de Rincón, también resultó desplazada.

Sin embargo, antes de la persecución de esos dirigentes, los hombres de Prada ya habían atentado contra otros líderes políticos. El 24 de noviembre de 1999, el concejal de Aguachica José Mario Saldaña Flórez fue asesinado luego de denunciar presuntas irregularidades en la administración del alcalde Israel Obregón, señalado como financiador del frente. Además, su familia recibió llamadas amenazantes y fue víctima de seguimientos, por lo que varios de sus integrantes se desplazaron hacia el exterior y otras ciudades del país. Un año después, bajo el fuego de los ‘paras’, cayó muerta la candidata a la Alcaldía de San Alberto (Cesar) Aída Cecilia Lasso, crimen que según los desmovilizados se cometió para beneficiar al también aspirante Javier Zárate, quien resultó ganador de la contienda electoral.

Ocho meses después fue asesinado Pablo Antonio Padilla, vicepresidente del sindicato de Indupalma y candidato al Concejo de San Alberto. Por estos y otros crímenes, que según la Fiscalía produjeron la desaparición de las fuerzas políticas del sur del Cesar que no compartieron el accionar de los paramilitares, el Tribunal Superior de Bogotá condenó este jueves a Juancho Prada a la pena alternativa de ocho años de prisión. Y es que, según el Tribunal, la estrategia de exterminio político contempló también la sustitución de esas corrientes por otras que sí se mostraran afectas a las autodefensas. Así, los integrantes del frente Héctor Julio Peinado fungieron como escoltas de candidatos, transportaron forzadamente a los ciudadanos hasta las mesas de votación y ejercieron presencia armada en días de elecciones, con lo cual “obtuvieron ingresos y beneficios personales”.

La estructura comandada por Prada, que delinquió en el sur del Cesar y en los municipios de Ocaña, La Playa de Belén, Hacarí y Ábrego (Norte de Santander), hunde sus raíces en una de las primeras facciones paramilitares de la zona, que fue organizada por Roberto Prada Gamarra. Tras atravesar distintos períodos de unificación y ruptura con las autodefensas de Santander, Norte de Santander y Cesar, y por cuenta de un enfrentamiento con el bloque Central Bolívar, el frente se adhirió en 2004 al bloque Norte, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Pese a los crímenes que sus hombres cometieron contra líderes políticos y civiles indefensos, Prada aseguró que la organización bajo su mando “se creó para combatir a la guerrilla y a sus colaboradores, delincuencia común, malhechores, gente que le hacía daño a la sociedad, sectas satánicas, cuatreros, violadores y piratas terrestres”.

Entre las mayores afectaciones que generó el frente Héctor Julio Peinado sobre el erario se encuentra el desmonte de los 148 kilómetros de rieles del tramo que conducía de San Alberto a Gamarra y que el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) valoró en $30.500 millones, así como el robo de gasolina propiedad de Ecopetrol. Según el Tribunal, un porcentaje de esas y otras rentas, como el cobro del impuesto al gramaje, fue destinado al pago de “la nómina paralela con la que eran beneficiados varios integrantes de la Fuerza Pública, quienes a cambio de su silencio, negligencia o colaboración, permitieron el accionar del frente”.

Con el fin de que estos y otros hechos no vuelvan a ocurrir, y teniendo en cuenta la fuerte presencia que ejercen las bandas criminales en la antigua zona de operación de esa estructura, el Tribunal le pidió a la Defensoría del Pueblo que contribuya a prevenir las graves violaciones a los derechos humanos de las que continúan siendo víctimas los pobladores de la zona. Sin embargo, y pese a las medidas de reparación simbólica que quedaron consignadas en la sentencia, en la memoria de los cesarenses aún pervive la consulta popular por la paz, que prometió convertir la región en un modelo de resistencia pacífica y cuyos líderes fueron asesinados y desterrados por los paramilitares.

 

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