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Este domingo, la revista Semana divulgó un artículo que ha suscitado tanta polémica como era de esperarse por su título: “Historia de un complot contra la Fiscalía”. En la publicación se señaló que un empresario se alió el año pasado con un periodista reconocido, con la ayuda de un laboratorio de informática forense —todos los nombres fueron omitidos por la revista—, para ocultar unos micrófonos en el despacho del entonces vicefiscal y hoy fiscal encargado, Jorge Perdomo.
Al día siguiente, W Radio reveló que el empresario era Alfonso El Turco Hilsaca, a quien la Fiscalía ha investigado por presuntos nexos con grupos paramilitares y por homicidio. Que el periodista reconocido era Juan Carlos Giraldo, quien pasó por Colprensa, fue editor judicial de Noticias RCN y, hasta febrero pasado, hizo parte del equipo de Noticias Caracol, y que el noticiero y Caracol Televisión decidieron cancelar su contrato “unilateral y fulminantemente” al tener indicios de que Giraldo ejercía prácticas periodísticas no éticas. Por último, el laboratorio de informática forense era Adalid. Hasta ahora sólo el representante de Adalid, Andrés Guzmán, ha salido públicamente a negar el denunciado complot.
El mayor interés del Turco Hilsaca, contó Semana, era conocer detalles de procesos a cargo de Perdomo y, especialmente, “conocer las instrucciones que el vicefiscal impartía al entonces jefe de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, Álvaro Sarmiento”, a quien supuestamente esas mismas personas enlodaron enviando un anónimo “al búnker y a algunos medios de comunicación” para sacarlo de su cargo, luego de que el plan de llenar la oficina de Perdomo de micrófonos fracasara.
El Espectador fue el único medio que denunció ese anónimo. Lo hizo en su edición dominical del 6 de diciembre de 2015. En él se aseguraba que el fiscal Sarmiento había recibido sobornos de cientos de miles de dólares de parte de José Ignacio Mira, un teniente retirado del Ejército y abogado que fue, nada más y nada menos, socio del llamado “abogado de la mafia”, Ignacio Londoño, hasta que este último fue asesinado en Cartago (Valle) el pasado 20 de julio. Ambos ejercían como emisarios de los hermanos Comba (cartel del norte del Valle) y del clan Úsuga.
Luego trascendió que Álvaro Sarmiento, un curtido fiscal con más de 20 años de experiencia que desde 2010 trabajaba contra bandas criminales, fue removido de su cargo y ubicado en la Dirección del Sistema Penal Acusatorio. El cambio se dio el 24 de noviembre, es decir, 15 días después de que el anónimo hubiera llegado al búnker. Ese papel, sin embargo, no fue el único episodio incómodo sobre Sarmiento. Tal como contó El Espectador en diciembre, el entonces vicefiscal Perdomo había recibido otros reportes contra él.
Entre las quejas figuraba, por ejemplo, que Sarmiento trataba de interferir de manera indebida en los procesos de otros fiscales, especialmente cuando se trataba de personas detenidas de importancia para el clan Úsuga. Además, Sarmiento, sin tener autorización para ello, se reunió varias veces con abogados del clan Úsuga o de los Comba. El año pasado, antes del anónimo, un abogado de Javier Calle Serna (uno de los Comba) le había pedido a la Fiscalía unificar unos procesos de lavado de activos y de extinción de dominio que eran de todo su interés, y que se hiciera sólo con Sarmiento. Las directoras de Lavado de Activos y de Extinción de Dominio, Luz Ángela Bahamón y Andrea Malagón, respectivamente, dijeron que esa petición era improcedente. Sarmiento, en cambio, la apoyó.
Según la revista Semana, el traslado de Álvaro Sarmiento a la Dirección del Sistema Penal Acusatorio paralizó varios procesos que el funcionario adelantaba con autoridades de Estados Unidos. Lo extraño de esa afirmación es que desconoce la naturaleza misma de la Fiscalía, donde las investigaciones continúan a pesar de los cambios de los fiscales. Lo que sí es claro es que Sarmiento es un funcionario de toda la confianza de la embajada estadounidense: a finales de mayo pasado, la Fiscalía y la Embajada de Estados Unidos les entregaron medallas a más de 50 funcionarios de la Dirección contra el Crimen Organizado, incluido Sarmiento, a pesar de que ya no pertenecía a esa dependencia y aún es investigado por el supuesto soborno de José Ignacio Mira.
Algo que han tenido en común el hoy fiscal (e) Jorge Perdomo y Álvaro Sarmiento es que siempre respaldaron la propuesta del fiscal Eduardo Montealegre de que existiera la figura del “fiscal negociador” frente a las bandas criminales. En su criterio, esa figura, que hoy se discute en el Congreso, facilitaría el sometimiento de organizaciones ilegales como el clan Úsuga, los Comba o las Autodefensas Gaitanistas. Estos grupos, sin embargo, han insistido en el absurdo de obtener reconocimiento político y así se lo han manifestado a la Fiscalía. Se lo dijo, por ejemplo, Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, a Álvaro Sarmiento en una reunión que tuvieron en la cárcel Picaleña de Ibagué el 8 de agosto de 2014. En esa reunión estuvieron también presentes Nacho Londoño y José Ignacio Mira.
Días después de la muerte de Londoño, el entonces fiscal Eduardo Montealegre, en entrevista con Juan Carlos Giraldo, el mismo periodista judicial que ahora es acusado de haber querido interceptar al fiscal Perdomo con micrófonos ocultos, aseguró que el crimen de Nacho Londoño no estaba relacionado con la mafia. El anónimo contra Sarmiento aseguraba que fue el socio de Londoño, el también abogado José Ignacio Mira, quien ordenó el asesinato. ¿Cuál es la verdad? No se sabe. En la Fiscalía el caso ha andado más bien poco.
A mediados de febrero de este año, dos meses luego de que El Espectador publicara el anónimo contra Sarmiento, llegó otra carta a este diario en la que se aseguraba que un testigo clave de la muerte de Londoño, llamado Mauricio Tamayo, había muerto por orden de José Ignacio Mira. En efecto, fuentes de la Fiscalía le dijeron a este diario que hay un expediente abierto por el homicidio de Mauricio Tamayo, que se cometió el 7 de marzo de este año en Cartago (Valle) —el mismo municipio en el que Londoño siempre fue influyente y donde murió cuando aspiraba a la Alcaldía–. Un expediente hasta ahora sin sospechosos.
Este jueves habrá una nueva ronda de votaciones en la Corte Suprema para fiscal general. A medida que esa elección se acerca, el ambiente se enrarece cada vez más en la Fiscalía. Álvaro Sarmiento, por su parte, ha insistido siempre en que la corrupción y él no tienen nada que ver, y así se lo dijo a este diario en diciembre, al revelar el asunto del anónimo y todo lo demás. En esta telaraña de intereses las certezas son pocas, pero es claro que todo esto va mucho más allá del presunto complot en contra del fiscal general encargado, Jorge Perdomo, y de Álvaro Sarmiento.