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Las repercusiones por la operación militar que terminó con la muerte del jefe guerrillero Luis Édgar Devia, alias Raúl Reyes, todavía no terminan. Diez años y un mes después de la operación Fénix, la justicia ecuatoriana dejó en firme el proceso en contra de la cúpula militar colombiana de 2008, entre la cual estaba el actual vicepresidente, el general (r) Óscar Naranjo. Los oficiales deben responder en juicio por la muerte de cuatro estudiantes mexicanos en el bombardeo del 1°de marzo de 2008 en Angostura, provincia de Sucumbíos, en Ecuador.
Para el Tribunal de Garantías de Sucumbíos no hay dudas para adoptar la decisión judicial. El general Óscar Naranjo; el entonces comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla; del Ejército, Mario Montoya; de la Armada, Guillermo Barrera, y de la Fuerza Aérea, Jorge Ballesteros, además del coronel Camilo Álvarez, deben comparecer, sin excusa alguna, a juicio. De no hacerlo, insistió el Tribunal, deberán ser localizados y capturados.
Las decisiones judiciales en Ecuador por la operación Fénix de 2008 reviven en un momento coyuntural para el general (r) Freddy Padilla, quien en enero pasado fue designado como integrante del equipo negociador del Gobierno con la guerrilla del Eln, lo que implica su presencia constante en Quito. En el caso del general (r) Naranjo, la orden de comparecencia que tenía vigente cuando se fue de la Dirección de la Policía, se confirma ahora que ejerce un cargo de alta relevancia política.
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El Espectador intentó comunicarse con el general (r) Padilla, pero no obtuvo respuesta. Desde la Vicepresidencia indicaron que el general (r) Naranjo no se pronunciará al respecto. Y Andrés Garzón, abogado del general (r) Mario Montoya, señaló que dará declaraciones públicas hasta tener conocimiento concreto de la decisión que adoptó el Tribunal de Sucumbíos desde el pasado 16 de marzo.
Este fantasma sobre las autoridades colombianas remite al proceso Nº 21241-2011-0141, por el delito de asesinato. ¿La razón? Que en el bombardeo de las Fuerzas Armadas murieron los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Verónica Natalia Velásquez Ramírez. Allí también se encontraba la estudiante Lucía Morett, quien sobrevivió.
El cuerpo de Reyes, así como de otra persona que luego fue identificada como el ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla, fueron trasladados a territorio colombiano por las tropas. La familia de Aisalla llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual lo admitió en octubre de 2010. Para el Estado ecuatoriano, su muerte fue una “ejecución extrajudicial” de la Fuerza Pública colombiana. Pero en noviembre de 2013, luego de un arreglo amistoso, Ecuador pidió el archivo del caso a la CIDH y, en febrero de 2014, el Gobierno colombiano indemnizó a la familia de Aisalla.
La operación Fénix fue preparada por las Fuerzas Militares y contó con inteligencia de la Policía. Se lanzó hacia la medianoche y en la madrugada del 1° de marzo de 2008, Reyes, segundo hombre de las Farc en el momento, estaba muerto. Nunca antes había ocurrido algo así con un integrante del Secretariado de las Farc. Con Ecuador, sin embargo, la cosa fue a otro precio por la evidente violación de su soberanía: el bombardeo originó una crisis diplomática y la ruptura temporal de relaciones entre los gobiernos de Rafael Correa y de Álvaro Uribe, que duró hasta 2012.
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Y, ahora, ¿qué puede pasar? Una posibilidad es que el Tribunal de Sucumbíos solicite a la Interpol que se emita una circular roja en contra de los seis altos oficiales. Así lo hizo un juzgado en el caso del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que fue rechazada por la Secretaría General de la Interpol en 2009. En esa ocasión se consideró que esta medida no se puede usar para temas políticos, militares y religiosos. Otra posibilidad es que la decisión se comunique por los canales diplomáticos a Colombia.
Expertos consultados por El Espectador indicaron que la situación amerita un trato político, pues desde 2010 Colombia anunció que no reconocía la jurisdicción ecuatoriana para investigar y juzgar a funcionarios nacionales. Fabio Valencia Cossio, entonces ministro del Interior, ratificó a este diario esa postura: “No se reconoció la jurisdicción porque fue una acción del Estado colombiano en legítima defensa ante las acciones que se produjeron desde territorio ecuatoriano, contra Colombia, por parte de las Farc. Fue una acción del Estado, no de una persona. Un juez ordinario no tiene competencia para estudiar un caso de esta naturaleza”, señaló el exministro.
El analista político Enrique Serrano señaló que como la responsabilidad política le corresponde al Gobierno colombiano en su conjunto, el asunto debería ser dirimido por una autoridad internacional. “Los tribunales civiles ecuatorianos no son pertinentes para juzgar este tipo de acciones, tiene que ser un proceso de arbitraje que corresponde a la lógica del derecho internacional”, estimó.