El fin de las millonarias “embajadas” de la Fiscalía de Eduardo Montealegre

Durante su periodo se creó la figura de consejeros judiciales, cuatro personas a las que les pagarían un sueldo de alrededor de $22 millones más comisiones para gestionar convenios de cooperación internacional. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, les dará cristiana sepultura.

El fiscal general Néstor Humberto Martínez eliminó el cargo de consejero judicial que creó Eduardo Montealegre en 2014.

Mientras el exfiscal general, Eduardo Montealegre, presentó con bombos y platillos el logro de que la Fiscalía tuviera “consejeros judiciales” en cuatro países en el extranjero, el nuevo jefe del ente investigador, Néstor Humberto Martínez, no dudó en darle cristiana sepultura a la iniciativa. Según Martínez, los temas de cooperación judicial se realizan mejor y con mayor fluidez a través de los delegados de los ministerios o departamentos de justicia que hay en las embajadas de otros países en Colombia, porque se genera contacto directo con el encargado de tramitar las solicitudes de las autoridades colombianas y se elimina a los terceros mediadores.

Las cuatro embajadas de la Fiscalía, que fueron bautizados bajo el rótulo de consejeros judiciales, entraron en funcionamiento gracias a la reestructuración que hizo la administración Montealegre en el ente investigador. Con el decreto 018 de 2014 se le dio vía al cargo, que exigía a quienes fueran a ser delegados en la misión en el extranjero tener nueve años de experiencia, una maestría en áreas relacionadas con el cargo y dominar el idioma inglés. Asimismo, el objetivo central era generar lazos de cooperación internacional en materia de justicia.

El fiscal Néstor Humberto Martínez explicó que la figura del consejero judicial no daba fluidez a los trámites que realizaba la Fiscalía en otros países. Por ejemplo, explicó que en Estados Unidos, cuando se hace el requerimiento para tramitar unas pruebas, el consejero judicial acudía directamente al Departamento de Estado. Sin embargo, este organismo remitía la información al delegado que tenían en la embajada en Colombia para que averiguara directamente en el búnker qué era lo que se necesitaba. “En pocas palabras, es quitar la mediación de un tercero en estos procesos”, señaló Martínez.

Para conocer los resultados que dieron las cuatro consejerías judiciales en el exterior creadas por Eduardo Montealegre, El Espectador envío un derecho de petición a la Fiscalía para que explicara en qué fechas se realizaron los nombramientos, durante cuánto tiempo estuvieron en el cargo y cuáles fueron sus funciones en el extranjero. En respuesta a los requerimientos, se conoció que el 7 de marzo de 2015 se realizaron los dos primeros nombramientos.

Se trató de la designación de Mauricio Martínez Sánchez como consejero judicial en Alemania y de Viancy Delmita Ortiz Castro en Estados Unidos. El primero fue designado bajo el decreto 0615 de 2015 para que entre el 6 de abril y el 31 de diciembre de ese mismo año estuviera como delegado en el país europeo. Según lo informado por la Fiscalía, el principal logro de la gestión de Mauricio Martínez fue gestionar una conferencia magistral sobre Justicia y Posconflicto que dictó el profesor Luigi Ferrajoli, “un reconocido jurista y principal teórico del garantismo penal constitucional” y “promotor de penas alternativas de prisión para lograr la paz”.

Asimismo, dice la respuesta al derecho de petición, el consejero judicial de Alemania “procuró el acercamiento entre el Instituto de Medicina legal de Alemania (Rechts Medizin Institut) y la Fiscalía General, con el fin de desarrollar un convenio bilateral”. En pocas palabras, según lo dicho por la Fiscalía, Mauricio Martínez durante siete meses y 25 días de gestión coordinó una conferencia con un académico de gran reconocimiento internacional e intentó firmar un acuerdo de cooperación con Alemania.

Sobre el nombramiento de Viancy Delmita Ortiz como consejera judicial en Washington, la Fiscalía explicó que se hizo a través del decreto 0615, que la designaba en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, en el último día de su gestión se firmó el decreto 2577 de 2015 para prorrogar su nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2017. Sus logros, según le respondieron a El Espectador, fueron sus “esfuerzos para promover el fortalecimiento de las capacidades académicas de los servidores de la Fiscalía General de la suscripción de convenios de cooperación en materia de capacitación en el área de derechos humanos”.

De ahí surgió en octubre de 2015 el Convenio de Colaboración entre la American University y la Fiscalía, con el propósito de “contribuir en el mejoramiento de las capacidades de los funcionarios de la entidad”. Ese es el único logro que resalta la Fiscalía. Cabe agregar que en marzo de 2016 el fiscal Montealegre también suscribió otro convenio académico con una universidad de Estados Unidos y otra del Reino Unido para dictar cursos de idiomas para 20 funcionarios, por un costo de $1.009 millones.

El siguiente nombramiento que hizo el exfiscal Montealegre fue el de Ángela María de la Torre Benítez, quien el 17 de julio de 2015 fue delegada para ser la consejera judicial ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Este fue uno de los que más generaron polémica en su momento, al conocerse que la comisión le costaría a la Fiscalía un total de $276 millones, entre pago de salario, primas y subsidios.

Su período iba desde el 20 de julio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, su comisión se prorrogó hasta el 15 de marzo de este año. De la Torre se destacó por “la labor realizada tendiente a que la Fiscalía de la Corona del Reino Unido (Crown Prosecution Service) designara a un agregado judicial en la Embajada británica en Bogotá”. Es decir, que los más de $200 millones se destinaron para lograr que los británicos enviaran un fiscal a Colombia.

España fue el último país al que la administración Montealegre envió un consejero judicial. Tras firmarse el decreto 1591 del 3 de agosto de 2015, se designó a Faride Alexandra García Ramírez para que fuera la embajadora de la Fiscalía en Madrid. Para su nombramiento, que duró hasta el 3 de febrero de 2016 –en un principio era desde el 7 de agosto de 2015 hasta el 31 de diciembre de ese año–, se destinaron alrededor de $270 millones.

Su rol en España fue colaborar con “la extradición por parte de la Fiscalía del señor Víctor Benjamín Maldonado, vinculado a la presunta estafa de más de 1.200 inversionistas defraudados del Fondo Premium de la Comisionista de Bolsa Interbolsa S.A.”. Cabe recordar que en el momento en que Víctor Maldonado regresó al país, la Fiscalía puso este caso como ejemplo para justificar la necesidad de los consejeros judiciales en el exterior. Durante las gestiones de extradición ante las autoridades españolas, Alexandra García fue apoyada por una comisión de alto nivel –a la cabeza iba el entonces vicefiscal general– que fue enviada desde Colombia y que estuvo varios días en suelo europeo.

El gran lío que existe para eliminar el cargo de consejeros judiciales es que se debe hacer a través de un acto legislativo, es decir, a través del Congreso. Un largo y demorado camino que debe recorrer la administración de Martínez. Los “logros” que consiguieron los consejeros judiciales poco se acercan al objetivo planteado por el exfiscal Montealegre: generar mayores lazos y convenios de cooperación judicial para la lucha contra las grandes estructuras del crimen organizado.

El fiscal general sostuvo que hasta el momento la única consejería judicial que sigue activa es la de Washington, que funcionará hasta el 31 de diciembre de 2016. En los otros tres países no hay ningún fiscal nombrado y, según Martínez, esa situación seguirá igual, pues es la única forma de dar una solución a corto plazo y poder utilizar los recursos destinados para esos cargos –se les paga un sueldo de $22 millones mensuales más comisiones– para contratar más fiscales y más personal.