Gustavo De Greiff, el fiscal que no le huyó a la controversia

Gustavo de Greiff, exfiscal general de la nación.

La noticia del fallecimiento del primer fiscal general de la nación, Gustavo de Greiff este jueves, trae a la memoria un momento crucial del país en el que su personalidad explica por qué sólo estuvo dos años al frente del organismo investigador. Por los enredos del poder y la política, en su corto paso por la Fiscalía pasó de ser el hombre del año en 1992 al villano del año en 1994. Todo por cuenta de su interpretación de una ley hecha por el Gobierno y el Congreso para el mismo asunto que hoy se discute en la justicia: el sometimiento del narcotráfico.

Nacido en Bogotá en junio de 1929, Gustavo de Greiff estudió derecho en la Universidad del Rosario y fue juez municipal, abogado de la Superintendencia Bancaria, consejero de Estado, embajador en Venezuela y catedrático en varias facultades, antes de convertirse en el primer fiscal de Colombia en 1992. Corría el mes de abril y cuando se posesionó tuvo que enfrentar de inmediato un caso crítico: el escándalo por la supuesta concesión de auxilios en Bogotá en el que fue involucrado el entonces alcalde Juan Martín Caicedo, tiempo después absuelto.

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Dos meses después de asumir la Fiscalía, el gobierno Gaviria decretó la conmoción interior y De Greiff tuvo que hacerle frente a la crisis por la salida masiva de presos ante la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal, ajustado tras la expedición de la Constitución de 1991. Además, en julio de 1992, el capo Pablo Escobar Gaviria se fugó de la cárcel de La Catedral, reanudó su actividad terrorista y desde la Fiscalía De Greiff otorgó todo su apoyo al Bloque de Búsqueda de la Policía para contener su ofensiva y enfrentar al cartel de Medellín.

Fueron días difíciles para el Estado y la sociedad, en los que la administración De Greiff multiplicó sus esfuerzos en la compleja tarea de encarar a Escobar, en momentos en los que el país vivía otros desafíos de la violencia. Los crímenes contra la Unión Patriótica, el asesinato del senador Darío Londoño en la Universidad de Medellín en noviembre de 1993 o las primeras pesquisas judiciales contra el zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, contra quien la Fiscalía estructuró procesos por enriquecimiento ilícito y narcotráfico.

El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue dado de baja en Medellín, y aunque la Policía fue exaltada como la institución victoriosa en esa batalla, la Fiscalía había sido determinante, y la prueba es que, en varios frentes sociales y medios de comunicación, Gustavo de Greiff fue exaltado como el hombre del año. Por esos mismos días, el Congreso y el Gobierno sacaron adelante la Ley 81 de 1993 de sometimiento a la justicia y, paradójicamente, la interpretación para aplicar ese articulado fue el comienzo de la abrupta salida de De Greiff de la Fiscalía.

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Hacia febrero de 1994 estalló el escándalo. Para responder a las inquietudes de los abogados de un grupo de narcotraficantes de Cali y el norte del Valle, el fiscal De Greiff otorgó unos salvoconductos o certificaciones a algunos capos, lo cual suscitó el reclamo del gobierno de Estados Unidos. De Greiff argumentó que estaba cumpliendo con los preceptos de la Ley 81, pero Estados Unidos, en cabeza de su entonces fiscal Janeth Reno, se opuso al procedimiento, encontrando apoyo en el gobierno de César Gaviria.

“La reducción de los capos de Cali no se logra mediante llamamientos a la legalización de la cocaína ni conversaciones clandestinas con líderes de la droga”, reclamó la fiscal norteamericana. Pero De Greiff no se amilanó y agregó el segundo capítulo de su pelea aparte con Estados Unidos: una carta a un juez de esa nación para advertir que el detenido sicario del cartel de Medellín, Dandenys Muñoz Mosquera, alias la Quica, nada tenía que ver con el atentado a un avión de Avianca en noviembre de 1989. La reacción norteamericana no se hizo esperar.

El gobierno y el Departamento de Justicia reclamaron. Hasta el prestante congresista John Kerry -tiempo después candidato presidencial y secretario de Estado de Estados Unidos- manifestó que las posiciones de De Greiff eran idénticas a la de los carteles de la droga. Fue la primera vez que desde el país del norte empezó a hablarse de que Colombia se transformaba en una narcodemocracia. Con un agravante, Ernesto Samper ganó las elecciones presidenciales en junio de 1994 y, en cuestión de horas, estalló el escándalo de los narcocasetes.

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Aunque Samper se apresuró a solicitarle al fiscal De Greiff una rápida investigación, ya estaba en marcha un plan mayor para acelerar un relevo en el mando de la Fiscalía. Súbitamente, el gobierno Gaviria le solicitó a la Corte Suprema que resolviera si De Greiff debía acatar una directriz de retiro forzoso a los 65 años, que el fiscal había cumplido la misma semana de la elección presidencial. En pocos días, la Corte concluyó que De Greiff debía irse. Su comentario al enterarse fue decir: “Ojalá mi sucesor sea alguien sin intereses políticos”.

En asunto de días, el presidente Gaviria -ya designado secretario general de la OEA-, envió una terna de candidatos a la Corte y, el 26 de julio de 1994, fue escogido Alfonso Valdivieso. Se posesionó el 18 de agosto, pero tres días antes del relevo en la Fiscalía, De Greiff adoptó otra de sus decisiones polémicas. Concluyó que los narcocasetes habían sido manipulados y no probaban vinculación de dineros del narcotráfico en las campañas presidenciales. Desde ese mismo día, desde varios sectores, tomó forma el reclamo para que la investigación se reabriera.

Diez meses después, en mayo de 1995, cuando ya el terremoto del Proceso 8.000 hacía estragos, el Consejo de Estado se pronunció para decir que la decisión de la Corte de sacar a De Greiff de la Fiscalía se había hecho sin aplicación de la ley. El exfiscal se limitó a decir que sabía que había primado la intención de sacarlo del cargo, y agregó que, en los últimos tiempos, “por presiones externas y complacencia interna el país había sido colocado en circunstancias que no obedecían a sus conveniencias en el tema de la lucha contra el narcotráfico, sino a los dictados de otros intereses”.

Una clara alusión al gobierno y la justicia norteamericana, que nunca tuvieron una óptima relación con De Greiff. Entonces el exfiscal, tras un breve paso por la Embajada de Colombia en México, volvió al sector privado, primero a su propia firma De Greiff y Compañía, y luego en una de las consultoras más grandes del mundo, Grant Thornton LLP, donde se desempeñó como gerente y fue persona clave para el desarrollo empresarial de la firma en América Latina. Al mismo tiempo, acentuó sus labores como consultor en derecho civil y administrativo.

Retornó a la cátedra, se volvió un respetado conferencista, sobre todo en México, donde diversas asociaciones públicas y privadas contaron con su atinado criterio jurídico, y estrechó sus vínculos familiares a través de sus hijos, la abogada y exministra de Justicia Mónica de Greiff, la exgerente del IBM Natalia de Greiff y Camilo de Greiff. Hasta el último día conservó su carácter independiente y defendió las posturas que lo hicieron polémico. Muchos de los que lo acompañaron en la Fiscalía siguen investigando en el mismo organismo.

Tras su salida de la Fiscalía en 1994, el ente investigador no se ha apartado totalmente del acontecer político. Alfonso Valdivieso duró tres años, pero decidió volverse candidato presidencial en 1997. Lo sucedieron Alfonso Gómez Méndez hasta 2001, Luis Camilo Osorio hasta 2005 y Mario Iguarán hasta 2009. Luego, durante tres años, en el marco de la disputa entre el gobierno de Álvaro Uribe y la Corte Suprema hubo tres fiscales encargados hasta 2012: Guillermo Mendoza Diago, Martha Lucía Zamora y Viviane Morales Hoyos.

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En 2012 fue electo Eduardo Montealegre y desde 2016 regenta el ente investigador el abogado Néstor Humberto Martínez. El año pasado, la Fiscalía General de la Nación cumplió su primer cuarto de siglo y, entre los actos de recordación y balance, hubo lugar para recordar a su primer fiscal Gustavo de Greiff. Este jueves, la noticia de su deceso fue lamentada por muchos que fueron sus colaboradores, otros que recibieron sus enseñanzas, y algunos más que a pesar de las críticas, elogiaron su carácter independiente y soberano para administrar justicia.