El padre de Óscar Builes murió antes de volver a las tierras que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso le arrebató a él y a su familia en 1999. Con la ya conocida amenaza de “si no me vende usted, me vende la viuda”, Mancuso sacó a los Builes y a otras 23 familias de El Levante, un predio de 500 hectáreas ubicado en zona rural de Montería (Córdoba). Cada parcela de 18 hectáreas acaba de regresar a sus legítimos dueños, a los que quedan de ellos.
En una tarima sobre el que también estaban las autoridades regionales, el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, y el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Ricardo Sabogal, Óscar Builes lloró: “Todos los sentimientos se me vinieron encima. Yo llegué aquí de 15 años, la juventud la quemé acá, en El Levante”. Él, al igual que otras 56 familias, llegó a esas tierras en 1986, cuando fueron repartidas por la reforma agraria que desde los sesentas adelantaba el Incora.
En ese momento la zona estaba bajo la influencia de las guerrillas del EPL y las Farc, pero fue el arribo de Mancuso, a finales de los años 90, la que causó el desplazamiento de los propietarios. Según las declaraciones de algunos campesinos, que quedaron consignadas en el fallo del Juzgado Segundo Civil Especializado en Restitución de Tierras de Montería, Mancuso les dijo que “eso era del suegro y estaba ‘restituyendo’ esos predios”.
En ese entonces, el exjefe “para” estaba casado con Martha Helena Dereix Martínez, quien según el portal Verdad Abierta, era hija de Luis Dereix Conrad, propietario de tierras de la gran hacienda Martha Magdalena, parte de la cual fue distribuida por el Incora a familias como la de Óscar Builes. La llegada de Mancuso y sus hombres se dio cuando el poder de las autodefensas de los Castaño –a las cuales se vinculó Mancuso en 1995- ya se había consolidado en otras regiones del valle del Sinú a punta de masacres.
“A medida en que el conflicto fue entrando a la zona la gente fue saliendo, unos por temor a que reclutaran a los niños, otros por temor a que atentaran contra la vida de nosotros”, comenta Óscar Builes. Los labriegos vendieron sus tierras a precios irrisorios –se habla de precios entre los $12 y los $17 millones– y se desplazaron al casco urbano de Montería algunos, otros más lejos. Cuando llegó Justicia y Paz, las familias despojadas vieron la oportunidad del retorno. No fue así.
En 2007 la Corte Suprema de Justicia negó en segunda instancia la restitución, pues los “paras” desmovilizados, con Mancuso a la cabeza, jamás admitieron haberse hecho con las tierras de El Levante, por lo cual, según el alto tribunal no se demostró la configuración de los delitos de desplazamiento forzado y despojo. Sin embargo, un año después de que se expidiera la Ley de Víctimas en 2011, comenzaron una nueva batalla legal, esta vez acompañados por la Unidad de Restitución de Tierras.
En diciembre del año pasado se dio el fallo que les permite regresar a las tierras que abandonaron obligados por el terror impuesto por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, señaló ayer en un evento público que en esta ocasión se privilegió la verdad de las víctimas sobre la de los victimarios. En el acto señaló que adicional a sus predios, los beneficiarios recibirán un subsidio de vivienda rural y proyectos productivos, en los que ya se han invertido $13 mil millones solo en Córdoba.
El alto funcionario reconoció que “Córdoba ha sido una tierra prodigiosa que ha tenido todas las guerras, guerrilla, paramilitares”. Es evidente que la complejidad del escenario hará que la implementación de los acuerdos en un eventual posconflicto no sea una tarea fácil. Por una parte, está la amenaza, cada vez más robusta, de las bandas criminales, específicamente del clan Úsuga, que hace tan solo una semana paralizó a Montería y a otros 35 municipios del país.
Por otro lado, están los reclamos, que van en aumento, de algunos ganaderos que aseguran están siendo atropellados por los procesos de restitución. Si bien hasta el momento la Asociación Nacional de Víctimas de Despojo del Estado (Asovides) centran su accionar en Magdalena, no sería descabellado que en una región tan afectada como Córdoba ocurra algo similar. (Vea: Aumenta tensión entre ocupantes y reclamantes en Magdalena)
Actualmente hay 1.063 procesos en Córdoba. El ministro Rafael Pardo aseguró que el blindaje del Gobierno para que el retorno sea efectivo está en la construcción de una “paz territorial que tenga la continuidad que otros procesos no han tenido y que no se quede en negociación y acuerdos en La Habana”. Y con más de 500.000 mil hectáreas presentadas ante los jueces de restitución en el país, esta protección es más que una necesidad.