"Con el fuero militar se abren las puertas a la impunidad"

El director de Human Right Watch, dice que el proyecto que se aprobó el martes pasado y que será conciliado este jueves, tendrá altos costos internacionales para Colombia.

José Miguel Vivanco, director de Human Right Watch.
José Miguel Vivanco, director de Human Right Watch.

Una de las voces más críticas del proyecto de reforma a la justicia penal militar, aprobado el martes pasado, es José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Right Watch. El defensor de derechos humanos dice que este acto legislativo abrirá las puertas a la impunidad en casos como los falsos positivos y advirtió sobre los costos internacionales que tendrá para Colombia su aprobación.

Según Vivanco, los defensores del fuero, incluyendo al Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, “han montado toda suerte de entelequias y sofismas para promover este proyecto que va, abiertamente, en contravía de los convenios internacionales ratificados por Colombia en materia de Derechos Humanos”.

¿Usted porqué insiste en que el proyecto aprobado va a producir impunidad?

Porque amplía significativamente el alcance del fuero militar para conocer de violaciones a los derecho humanos y la justicia penal militar. La actual tiene un récord muy consistente de encubrimiento e impunidad frente a delitos atroces. Además, limita las atribuciones de la Fiscalía, que es la gran perdedora con este proyecto, aparte de las víctimas, porque le recortan sus facultades y le hacen casi imposible la defensa de su competencia. El texto aprobado habla del control exclusivo de la justicia militar de las llamadas violaciones al DIH, salvo en siete figuras delictivas, de las cuales dos aún no son delitos en Colombia.

Usted ha dicho que la tesis de la inseguridad jurídica no es válida, ¿Por qué?

El gobierno ha invocado este argumento y ha sido incapaz de sustentarlo con pruebas concretas, tanto, que ha pasado a ser sólo una muletilla. Una ficción. Como no pudieron demostrarlo sobre la base de casos concretos se dedicaron a la retórica, alegando que hay decenas de casos, pero cuando fueron a mirar no tenían alternativa. Y fue tanta la insistencia nuestra para que el gobierno demostrara con casos concretos la injusticia de la jurisdicción ordinaria contra soldados y oficiales que en el cumplimiento de su deber, y dentro del combate –y las reglas propias del DIH– actuaban militarmente contra guerrilleros y fueran objeto de sanciones.
Ese fue el argumento de la inseguridad jurídica. Pero cuando los confrontamos, finalmente mostraron tres casos de supuestas injusticias que están señalados en una carta que nos envió el ministro Pinzón, pero al investigar resultó que esos tres ejemplos son casos de claros falsos positivos, correctamente juzgados, ejemplarmente juzgados por la justicia ordinaria. El Ministro de Defensa intentó justificar la necesidad de esta reforma sobre la base de tres casos que eran claramente falsos positivos. Eso es muy revelador de lo que podría venir en el corto plazo, especialmente en relación con los falsos positivos que están siendo investigados por la Fiscalía. Si el gobierno no es capaz de distinguir entre un asesinato a sangre fría, fuera de combate, de un civil, o incluso de alguien que pudiera estar militado en algún tipo de guerrilla, pero fue asesinado fuera de combate, es supremamente grave.

¿Qué costos internacionales podría tener la reforma constitucional al fuero militar?

El principal costo es el descredito de Colombia. Esto no puede ser visto como una cuestión menor porque va afectar la imagen que se tiene del país. Ésto va a tener un impacto directo en el registro de las Fuerzas Armadas, que no es un tema académico, y en la falta de acceso de las víctimas. Al igual que en el siglo pasado, se convierte a los militares en juez y parte, y esto evidentemente para la comunidad internacional –tanto en Europa como en Estados Unidos– , que están siguiendo muy de cerca este proceso –la Corte Penal Internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, no me cabe duda que va generar tensiones y dificultades en las relaciones binacionales.

¿Habrá consecuencias con Estados Unidos?

En el caso de Estados Unidos hay una condición específica de la cooperación militar con Colombia, que dice que cuando hay violaciones a los derechos humanos éstas deben ser investigadas, sin distinción, por la justicia penal ordinaria. Esa es la condición originaria del Plan Colombia. Además, no fue una imposición sino que era una norma que iba en consistencia con la jurisprudencia constitucional colombiana. Así que no se puede decir que éstas son ideas foráneas. Son parámetros establecidos a partir de 1997, que han sido incluso ratificados por la Corte Constitucional, y han permitido a las victimas obtener los pocos triunfos que se han logrado desde el punto de vista de rendición de cuentas. Esos pocos triunfos en materia de derechos humanos han sido gracias a la Fiscalía y la justicia ordinaria. De ninguna manera gracias a la justicia penal militar, que ha servido para encubrir, dilatar y asegurar l impunidad de estos hechos. Se dice que habrá una nueva justicia penal militar pero esto no es más que otro sofisma de distracción, igual al que se inventó para confundir a la opinión pública con las ejecuciones extrajudiciales, hasta que tuvieron que reconocer a regañadientes que no están tipificadas como delito en Colombia.
En buena hora va a ser así pero hoy esa justicia no cuenta con las garantías de independencia, autonomía, credibilidad ni profesionalismo, para juzgar violaciones a los derechos humanos. Entonces no se entiende por qué exponer a las víctimas de falsos positivos y otros hechos atroces ante una justicia militar que el propio gobierno sabe que no tiene los estándares mínimos porque depende del mando. Prueba de esos es que el gobierno ha dicho que invertirá cuantiosos recursos para reformarla, pero mientras eso pasa, estamos en manos de una justicia militar que no ha cambiado un ápice de la de los años 80 y 90, y que desde ese tiempo no ha sido más que un tapón para obstruir la investigación y el castigo a responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

El ministro de Defensa ha dicho que quiere caminar hacia una justicia militar como la de los Estados Unidos…

Eso me parece muy bien, pero mientras no exista una justica que dé garantías, es irresponsable abrir las puertas a la transferencia de causas de la justicia ordinaria a esta justicia penal militar. Se han dado muchos argumentos, sofismas todos, para justificar este adefesio. Como el de la inseguridad jurídica, de la cual no tienen prueba, o el de la especialización de jueces que conocieran el conflicto armado, que nos llevaría a la tesis de que los médicos sólo pueden ser juzgados por médicos, y los ingenieros por ingenieros, y que un fraude sólo podría ser juzgado por tribunales de contadores y estadistas. Para eso los fiscales se asesoran por expertos. Ese argumento no tiene presentación. Al final, cuando ya no había argumentos, se dijo que estas eran ideas foranes y que no había que legislar para Washington, bueno legislen de acuerdo a las Constitución Colombiana y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Para qué engañar a la opinión pública invocando la soberanía nacional, el chovinismo, el nacionalismo, cuando estos principios están desarrollados por la propia constitución colombiana.

Uno de los defensores del fuero dijo que usted no criticaba el fuero de países como Estados Unidos y si el de Colombia. ¿Es cierto que las experiencias internacionales muestran sistemas de justicia penal militar mucho más amplios qué el promovido por el gobierno Colombiano?

En el sistema interamericano priman los principios de la Corte Constitucional colombiana. El 23 de septiembre de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el caso del periodista Luis Gonzalo Vélez, justamente porque la justicia ordinaria no juzgó la persecución a la que fue sometido por parte de uniformados colombianos. En Estados Unidos, por ejemplo, la justicia militar es muy distinta. Los jueces de las fiscalías militares cuentan con inamovilidad en el cargo por 15 años y no pueden ser reelegidos en estas posiciones. Son elegidos por el senado con votaciones altísimas. Normas que el ministro dice que quiere para Colombia, pero que mientras no sean una realidad son una promesa. Sin embrago, les están entregando a los abogados y responsables de falsos positivos la posibilidad de pasar sus causas a una justicia penal militar que no es la que se ha soñado Pinzón.

¿Cuál es el punto que más le preocupa del proyecto aprobado el martes pasado en el senado?

A mi juicio el tema de los falsos positivos y ahora el plazo absurdo que se ha establecido para que la Fiscalía identifique y traslade las causas por falsos positivos a la justicia militar. Pero si todos sabemos que los abogados utilizan toda clase de técnicas para dilatar los procesos. La exfiscal Vivian Morales se quejó públicamente por las 936 audiencias que los abogados de los militares acusados por falsos positivos habían logrado realizar recusando a todo el mundo para impedir el avance de la investigación. Y en este caso el fiscal Montealegre tiene apenas un año para identificar y trasladar las causa que no sean de su competencia pero, ¿cómo puede él tomar una decisión de éstas? Pues con investigación, con pruebas, evidencias. Es decir, cuando el Fiscal tenga claridad sobre el proceso, y no es un asunto de conciencia, sino que tendrá que demostrar a los acusados las pruebas que justifiquen que el caso permanezca en la justicia ordinaria. ¿Cuál es el incentivo con que cuentan los abogados de estos procesos? dilatar para llegar hasta el último día del plazo, y decirle al fiscal que no pudo demostrar con pruebas la defensa de su competencia. El Fiscal queda en una posición de extraordinaria vulnerabilidad.